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sábado, 14 de julio de 2018

De la Desvergüenza a la Burla

El victimismo al que están recurriendo los integrantes de las fuerzas represivas españolas acantonadas en Euskal Herria va entre lo desvergonzado y lo burlesco.

Resulta que ahora que ETA ya ha culminado su desarme y desmovilización los agentes policíacos han llegado a la conclusión de que nunca podrán integrarse armónicamente en la sociedad vasca que de hecho, rechaza su presencia.

O sea, encima de todo, se burlan. Recordemos que los chavales de Altsasu están hoy en la cárcel pues se les acusó de haber actuado en contra de los dos guardias civiles por estar adheridos al movimiento Ospa Eguna y que dicho movimiento es parte de la estrategia de ETA... que ya no existe... por cierto.

Así pues, al observar el nuevo panorama, los matarifes llegan a una conclusión sui generis: El sentirse rechazados les crea una sensación de desasosiego que puede ser mitigada... ¡con un aumento salarial! ¡Sí que sí!

¿No nos creen?

Lean esto que nos trae Público:


“Ya no tenemos el terrorismo de ETA, pero sigue la exclusión. No nos podemos integrar en la sociedad vasca”, asegura el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El gobierno afirma en una respuesta enviada al senador Inarritu (EH Bildu) que habrá una “profunda revisión”, pero no concreta más detalles.

Danilo Albin

El final de ETA ha abierto nuevos escenarios. Se trata de situaciones prácticamente inéditas que necesitan, cuanto antes, respuestas oficiales. Entre todas ellas, hay una que afecta directamente a los bolsillos de los guardias civiles y policías nacionales destinados en el País Vasco y Navarra: el complemento de “territorialidad” que cobran sus agentes desde los años de plomo. Un “plus” salarial que podría seguir activo, entre otras razones, por el “rechazo social” y la situación de “exclusión” que allí sufren aunque ya no exista el terrorismo. Así lo ha afirmado a Público el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cossío, quien ha asegurado que el ministerio de Interior, de momento, está de acuerdo en mantener esas partidas.

Se trata de un asunto cargado de polémica. Esta misma semana, el gobierno de Pedro Sánchez se veía obligado a abordarlo públicamente por primera vez, y lo hacía a través de una respuesta a una pregunta escrita que había formulado dos meses atrás el senador de EH Bildu Jon Inarritu. En el escrito inicial, el representante de la coalición abertzale preguntaba al Ejecutivo –entonces en manos de Mariano Rajoy- si “tras la desaparición de ETA van a continuar los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Euskal Herria (Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral Navarra) cobrando pluses mensuales en conceptos de peligrosidad o penosidad” y si tales complementos “se van a eliminar, reducir o modificar”.

En la respuesta enviada esta misma semana, el gobierno –ahora del PSOE- asegura que “en la actualidad representantes del Ministerio del Interior, sindicatos y asociaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, están abordando una profunda revisión respecto de las retribuciones de ambos Cuerpos policiales”. Ni una palabra más. “Esta respuesta es una evasiva: el Gobierno no ha querido responder sobre cuáles son sus intenciones”, afirmó Inarritu a Público.
“Sigue la exclusión social”

¿Significa eso que se mantendrán los pluses por “peligrosidad”? “En primer lugar, lo que hay que aclarar es que no se llaman así. Se trata de complementos de territorialidad que se cobran en todo el Estado y que varían según la situación de cada sitio, atendiendo a distintas variables”, explicó a este periódico el portavoz del SUP. “Afortunadamente ya no tenemos el terrorismo de ETA, pero sigue el rechazo y la exclusión social. A día de hoy no nos podemos integrar en la sociedad vasca”, sostiene Cossío, quien considera que esa “falta de normalidad” es una de las razones por las que deben mantenerse los complementos.

En tal sentido, el portavoz del sindicato policial reconoce que en el caso vasco, el fenómeno terrorista fue un “factor determinante” a la hora de fijar ese plus, que se cobra desde 1986 y que, según datos proporcionados el año pasado al senador Inarritu por parte del ministerio de Interior, supone una media de 653 euros al mes. Estos pluses, que también contemplan la carestía de vida del lugar donde residen los agentes, también son asignados –con variaciones en el cálculo- a funcionarios de Prisiones y de otras ramas de la administración central.

“Es un sinsentido el gasto desproporcionado tanto en agentes como en complementos que, en total, superan los 246 millones de euros. Lo curioso es que desde 2011, en lugar de desaparecer, han aumentado”, criticó el senador independentista, quien reclamó además “la salida de todos los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra”.

“No habrá cambios”

A pesar de la “profunda revisión” anunciada por el gobierno a Inarritu, el representante del SUP reveló a este periódico que, de acuerdo a las señales dadas desde el ministerio de Interior –tanto por parte del gobierno anterior como del actual- “no va a haber ningún cambio” en las retribuciones que perciben los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la CAV y Navarra. Según datos proporcionados por el anterior gobierno a la diputada de EH Bildu Marian Beitilarrangoitia, actualmente hay 1.929 policías nacionales y 3.865 guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra.

Fuentes de Interior consultadas por Público evitaron dar detalles al respecto y señalaron que “aún es pronto para saber al detalle lo que va a pasar con los pluses”. Este asunto, señalaron, se abordará en el marco del proceso emprendido por el anterior gobierno de cara a la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado con los Mossos y la Ertzaintza. “Estamos en una fase muy preliminar”, comentaron.

De hecho, en los próximos días habrá reuniones entre el ministro Fernando Grande-Marlaska, sindicatos y asociaciones representativas de Policía Nacional y Guardia Civil de cara a fijar las “líneas maestras” de esa equiparación. Sólo hay una cosa clara: si se planteasen cambios en torno a los complementos de peligrosidad, la situación con los sindicatos podría complicarse. “Si el gobierno cambia de opinión, nos tendrá enfrente”, avanzó Cossío.






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