Una Lección de Honor y Dignidad

Publicado en El Diario:

Carlos Cano, condenado por participar en un piquete, entra en prisión voluntariamente

Ángeles Huertas

Carlos Cano se ha entregado en prisión por voluntad propia este lunes en Granada, tras la providencia que emitió el pasado viernes el Juzgado de lo Penal nº1 apremiando la ejecución de su sentencia, por su participación en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Así lo ha hecho saber a través de una nota de prensa durante esta madrugada.

La condena impuesta a Carlos Cano (Castro del Río, 1989) y a Carmen Bajo (León 1958) es de tres años y un día de prisión, más una multa de 3.655 € a cada uno. Además se le impuso a Carlos una indemnización de 767 euros, que ya ha pagado a los propietarios del local en el que fueron identificados.

Carlos ha ordenado sus asuntos personales y se ha despedido de sus seres queridos más cercanos. Sus padres y algunos amigos lo han acompañado junto con su abogado hasta la misma puerta del centro penitenciario.

“Mis padres, mis hermanos, toda mi familia y amigos han estado a mi lado en todo momento. Veo que hay un enorme apoyo social, que la gente entiende que esta medida es injusta. Siento que no estoy solo, me da fuerza ver personas de todo color político apoyándome. Es ese apoyo lo que me salva de lo que significa la cárcel. En quien confío es en la gente y lo que espero es que se haga justicia”, dice Carlos.

En el comunicado, su familia agradece todo el apoyo recibido para evitar el ingreso de Carlos en prisión. “Incluso con todo el aliento que nos da saber que está tan entero y que hay tanto apoyo ciudadano, se trata de un trance agotador, en muchos sentidos”, dice su hermano Pedro.

Judicialmente, tanto por parte de Carlos como de Carmen, hasta ahora se ha recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial, que la ratificó el día 20 de mayo. Además, se presentaron sendas apelaciones de incidente de nulidad de actuaciones que fueron inadmitidos a trámite. Carlos y Carmen aún están a la espera de la aceptación a trámite del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que reclamaban medidas cautelares de suspensión a la ejecución de su condena hasta finalizar el tramite. Y, si agotan todas esas vías judiciales posibles, recurrirían a la petición del indulto.

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