Para nadie es un secreto que la clase política mexicana es abiertamente hispanista. Tienen una clara tendencia hacia la abierta admiración con respecto a sus contrapartes españoles. Los partido de derecha celebran las foto-oportunidades con miembros del PP mientras que los de izquierda no pierden oportunidad para agasajar a dirigencia y militancia del PSOE. Claro, también existen los "cross-overs" como Marcelo Ebrard del PRD quien le entregó las llaves de la Ciudad de México a Alberto Ruíz Gallardón del PP.
A eso se suma su abierto sionismo. Como herencia de su acendrado adoctrinamiento católico ven a los israelíes como los auténticos dueños de Palestina y cada vez que Israel lleva a cabo alguna de sus operaciones de exterminio el público mexicano es sometido a una gira diplomática por parte del embajador israelí a las televisoras mexicanas donde desvergonzadamente se vanagloria del "divino derecho del pueblo de Israel a defenderse".
Pues bien, a fuerza de esto, ahora la clase política mexicana, cada vez más inclinada al autoritarismo propio de los regímenes dictatoriales iberoamericanos, copia estrategias represivas del estado español mientras utiliza cínicas excusas para justificar sus crímenes. Lean ustedes:
Gabriela Hernández
Pese a que el gobierno de Rafael Moreno Valle responsabilizó a manifestantes por haber herido a un niño de 13 años durante el operativo de desalojo ocurrido el miércoles 9 en la autopista Puebla-Atlixco, la madre del menor aseguró que fueron policías estatales quienes provocaron que ahora su hijo se debata entre la vida y la muerte.
En entrevista sobre este hecho, que fue interpretado como una aplicación de la llamada “ley bala”, Moreno Valle justificó la actuación de la policía y acusó a los manifestantes de ser los responsables de que menores hayan resultado heridos durante el operativo.
“La ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.
Lo lamentable, acusó, “es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.
El gobierno, prosiguió, “tiene que responder, y sobre todo con protocolos y policías lastimados que dan cuenta, además, de que aquí hubo agresiones fuertes en contra de la autoridad pero, insisto, el punto fundamental son los ciudadanos que tiene que trasladarse a su casa, a cualquier actividad y que se ven afectados”, argumentó el mandatario.
El gobernador dijo que pese a la protesta que ha generado la medida de concentrar las oficinas del Registro Civil en las cabeceras municipales, “no hay marcha atrás” en esa medida, pues la dependencia está en un proceso de modernización; además que se busca combatir la corrupción que permitía que incluso personas de origen centroamericano obtuvieran actas de nacimiento.
En un boletín, también sostuvo que la madre del menor dijo que su hijo fue “presuntamente lesionado por los pobladores que lanzaron cohetones, piedras, palos, bombas molotov y diversos objetos para causar daño a los policías estatales que realizaban la liberación de la vía”.
Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que Elia Tamayo, madre del menor herido, acudió ante esa instancia para acusar que fueron uniformados los que provocaron una herida en la cabeza del menor, sin que se precise con qué tipo de arma se concretó la agresión.
“Los granaderos estaban aventando cosas que explotaban y, cuando yo oí eso, mi hijo cayó a un lado; yo venía como a cinco metros”, denunció ante los medios de comunicación la mujer, quien precisó que los integrantes de su familia trabajan como jornaleros.
El niño fue internado en el hospital General del Sur, donde los médicos reportan su estado de salud como delicado.
Tamayo insistió en que el ataque que provocó la herida de su hijo provino de donde se encontraban los policías que la tarde del miércoles desalojaron a un grupo de habitantes de la San Bernardino Chalchihuapan, quienes bloqueaba la autopista Puebla-Atlixco para exigir que las oficinas del Registro Civil sean retornadas a las Juntas Auxiliares.
En la comunidad de Chalchihuapan, los habitantes aseguraron que había alrededor de 100 personas heridas, algunas de ellas por balas de goma, que –denunciaron— accionaron los policías.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública estatal rechazó que se hayan utilizado ese tipo de municiones en el operativo.
Vladimir Luna Porquillo, líder del Movimiento los de Abajo, denunció que hasta esta tarde la PGJE no había informado a qué Agencia del Ministerio Público había turnado a las cinco pobladoras de Chalchihuapan que fueron detenidas durante el operativo.
Tras la batalla campal que se desató la tarde del miércoles, los habitantes de esa comunidad se apoderaron de toletes, escudos y cascos que arrebataron a los policías y se prepararon para enfrentar la posible entrada al pueblo de grupos de policías, pues retuvieron a uno de los uniformados para exigir que se liberada a los cinco detenidos.
Esta madrugada dejaron entrar una ambulancia a la comunidad para trasladar a un hospital al policía, quien se encontraba herido y sólo recibía atención del médico de la clínica local.
Luna Porquillo aseguró que la manifestación que realizaron no era para cerrar la autopista, sino para marchar hacia la ciudad de Puebla, con el objetivo de participar en una protesta conjunta con habitantes de otras Juntas Auxiliares que también reclaman que el Registro Civil continúe cercano a los pueblos para evitar mayores costos.
Además, dijo que este conflicto se generó porque el gobierno del estado y el Congreso local no consultaron a las comunidades sobre una medida que afecta directamente a sus habitantes.
Esta misma tarde los lugareños esperaban la llegada a Chalchihuapan de representantes de la CNDH para denunciar la presunta represión de la que fueron objeto por parte de los policías.
Avala CNDH la “ley bala”
En otro comunicado, el gobierno de Puebla informó que la CNDH avaló la constitucionalidad de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales, también llamada “ley bala”.
Precisó que en respuesta a la solicitud hecha por el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Puebla, el pasado 21 de mayo, la directora general de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Claudia Fernández Jiménez, concluyó que en la ley no existen temas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de derechos humanos.
“El oficio de la CNDH agrega que, en virtud de los resultados de su análisis, “no se promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar algún precepto de la ley referida.
“Todo lo anterior ratifica que este ordenamiento promueve el pleno respeto a los derechos humanos y se apega a los protocolos y convenciones internacionales, de mayor avanzada, al regular el uso gradual y proporcional de la fuerza pública”, concluye el boletín emitido por el gobierno de Puebla.
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