domingo, 27 de diciembre de 2009

Madrid y la Cadena Perpetua

Nada apacigua a los trogloditas del régimen de Juan Carlos Borbón. Una vez más el estado español violenta no solo los derechos de la ciudadanía vasca sino que hace añicos sus compromisos en lo que respecta a los acuerdos internacionales que ha firmado acerca de la defensa de los derechos civiles, políticos, humanos y procesales que son fundamentales en cualquier estado que se considere democrático.

Esta nota acerca de la cínica facilidad con la que los esbirros de la casta divina española pueden alargar las condenas en contra de los presos políticos vascos ha sido publicada en Gara:

El TS español alarga la condena a un ex preso que cumplió 20 años

El ex preso político Patxi Gómez puede volver a ser encarcelado a pesar de haber cumplido ya una condena de 20 años en prisión. El pasado abril la Audiencia Nacional le dejó en libertad, pero ocho meses después el Tribunal Supremo ha revocado la decisión ampliando su condena en diez años más. Aunque puede ser detenido en cualquier momento, el ex prisionero resaltó ayer que no se va a «esconder».

Manex Altuna |

Arropado por decenas de vecinos de Ortuella, Patxi Gómez explicó ayer ante los medios de comunicación en Bilbo la situación que está viviendo. El ex prisionero político recuperó la libertad tras cumplir 20 años en prisión y ahora podría volver a ser encarcelado por la misma condena. El pasado martes, el Tribunal Supremo español (TS) revocó la resolución adoptada en abril por la Audiencia Nacional, que había ordenado su puesta en libertad, y decidió ampliar la pena a cumplir en diez años más. La sentencia es firme y, aunque existe la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, Gómez puede ser detenido y encarcelado de nuevo en cualquier momento.

El abogado del ex preso, Alfonso Zenón, señaló que lo ocurrido es «insólito» y vulnera derechos fundamentales. «El Estado español pretende que los presos políticos vascos no sepan cuándo van a cumplir la condena ni que tengan la seguridad de que una vez que hayan sido excarcelados todo haya terminado, ya que pueden volver a la cárcel», denunció.

Gómez acaba de cumplir 53 años y ha pasado prácticamente la mitad de su vida encarcelado. Ingresó por primera vez en prisión en 1989 condenado por «pertenencia» a ETA. Al cumplir las tres cuartas partes de su pena, fue puesto en libertad condicional en 2002. La decisión fue adoptada por la juez de vigilancia penitenciaria de Bizkaia Ruth Alonso, ya que Gómez se encontraba en la cárcel de Basauri. La Fiscalía se posicionó en contra y recurrió ante la Audiencia Nacional.

En esa época la decisión de conceder la libertad condicional dependía de los juzgados de vigilancia penitenciaria de cada provincia, pero después fue creado el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria con sede en Madrid y que es un órgano más de la Audiencia Nacional.

Tras permanecer un año y cuatro meses en la calle, el tribunal especial decretó su regresó a la cárcel con fecha de salida. Debía ser puesto en libertad en junio de 2006, pero un mes antes le aplicaron la conocida como «doctrina Parot», que aplica las redenciones a la totalidad de la condena. Tal y como recordaron ayer, «la cadena perpetua ha sido impuesta a decenas de presos políticos vascos» que han visto alargadas sus condenas en los últimos años.

La defensa de Gómez recurrió aquella resolución y pidió al tribunal especial que aplicara el nuevo Código Penal, aprobado en 1995, en vez del antiguo, con el que fue juzgado, al ser más favorable para el preso. La Audiencia Nacional dio la razón al vecino de Ortuella y le dejó en libertad al estimar que ya había cumplido toda la condena.

Pero la Fiscalía volvió a recurrir, primero ante el tribunal especial, que ratificó su decisión, y después ante el Supremo. La sentencia del alto tribunal ha sido notificada esta misma semana y dice que los jueces de la Audiencia Nacional se han equivocado.

Zenón señaló que situaciones como ésta no se dan «en ningún país del mundo y menos en Europa». «Es inhumano -añadió-. Cuando un preso sale a la calle lo hace con una sentencia firme; si no, esto es una especie de tortura ya que no sabes si de la noche a la mañana te van a aplicar una nueva doctrina o te pueden volver a encarcelar».

«Venganza y revanchismo»

Patxi Gómez también tomó la palabra durante la rueda de prensa y, tras repasar lo ocurrido, advirtió de que «en estos momentos me quieren volver a meter en prisión». Recordó que la decisión de excarcelarle fue adoptada por tres magistrados de la Audiencia Nacional y dijo que «un juez se puede equivocar», pero que para dejar en libertad a un preso político vasco «lo miran con un microscopio electrónico».

En su opinión, la situación que está padeciendo es una «tortura». «Llevo desde hace ocho años con esta historia: me excarcelan, me vuelven a encarcelar, me alargan la condena, después me excarcelan otra vez y ahora esto. A nivel personal y humanitario, esto es una aberración», manifestó.

El ex preso político insistió en que en el mundo no hay casos como el suyo y que, con esta situación, «están torturándome a mí, a mi familia y mis amigos».

Comentó que la última resolución adoptada por los tribunales españoles es una «venganza» que está repleta de «afán de revanchismo». «¿Qué queréis hacer con mi vida? ¿Hasta dónde queréis llegar? ¿Os parece poco veinte años de cárcel?», preguntó dirigiéndose a los estamentos políticos y judiciales del Estado español.

Gómez aseguró que, por su parte, salió de la cárcel «libre y sin odio en el cuerpo» porque es un «revolucionario». Denunció que el Estado español se está «cebando con el eslabón más débil» que son los presos que tiene «en su poder».

En este sentido, hizo alusión a que cuando sea encarcelado probablemente será enviado a cárceles que se encuentran lejos de Euskal Herria para hacer sufrir a sus familiares al igual que durante el tiempo que estuvo anteriormente en prisión.

Destacó que ha recibido un amplio apoyo entre los vecinos de Ortuella: «Gente de todas las ideologías se me ha acercado y me ha dicho que todo esto es una barbaridad». Según relató, una señora mayor le dijo hace unos días que su situación le recordaba a lo vivido por su abuelo, que tras 1936 fue encarcelado y permaneció 12 años en prisión. «Me dijo que después de salir no le dejaron vivir y que a mí me están haciendo lo mismo. Parece que seguimos con el mismo régimen que en el franquismo», enfatizó.

La sentencia del Supremo es firme y en cualquier momento puede ser detenido. Sin embargo, Gómez resaltó que no se piensa «esconder». Así concluyó su intervención: «Este es mi país, mi patria, y de aquí nadie me va a expulsar. Me podéis detener, encarcelar, llevar a donde queráis, y en el momento en el que decidáis terminar con esta tortura sabéis donde me podéis encontrar». Sus palabras fueron recibidas con aplausos por quienes le acompañaban en la rueda de prensa.

Reforzar la solidaridad

En nombre del movimiento pro amnistía, Roberto Noval resaltó que en las últimas semanas se están agravando las vulneraciones de derechos de los presos políticos. Tras analizar el caso de Gómez, la desasistencia sanitaria que ha provocado el intento de suicidio de Igor González o los cacheos a familiares y amigos, indicó que es el momento de «reforzar» la solidaridad con los presos políticos.

Por ello, pidió a la sociedad vasca que envíe cartas, acuda a las visitas y muestre su apoyo a los presos. A los agentes políticos, sociales y sindicales les reclamó que tomen «compromisos» para que se respeten los derechos de los presos. Y a los «responsables» de estas situaciones, les exigió que dejen de aplicar una política penitenciaria que busca «acabar» con los presos vascos.

Con respecto a los derechos de los presos políticos vascos también en Gara se ha publicado esta nota:

El Colectivo de Presos anuncia una iniciativa de lucha en las cárceles

El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) pondrá en marcha en los próximos días una nueva iniciativa de lucha en las cárceles de los estados español y francés. En la nota en la que anuncian su decisión, subrayan que «es necesario abrir y poner en marcha un proceso democrático fuerte en Euskal Herria» y, en la misma dirección, obligar a los dos estados a que desarrollen una política penitenciaria que esté basada en el respeto a los derechos de los presos.

GARA |

El Colectivo de Presos Políticos Vascos -Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK)- anuncia, en un breve comunicado remitido a GARA -cuyo texto íntegro en euskara se recoge en esta misma página-, que en los primeros días del nuevo año pondrán en marcha una nueva fase de lucha. La nota está dirigida, por un lado, al conjunto de la sociedad vasca y, por otro, a los gobernantes españoles y franceses, a quienes transmiten así su iniciativa.

En el texto, en el que no se concretan las medidas que adoptarán, se indica que el colectivo de presas y presos, cuya propia existencia está ligada al conflicto político y también a la solución del mismo, pone su «fuerza» para que éste se solucione siguiendo «perspectivas políticas y democráticas».

Subraya que, frente a «tanta represión», es necesario «abrir un proceso democrático fuerte en Euskal Herria». En ese sentido, señala que «este pueblo» necesita «obligar a los dos estados» a desarrollar una política penitenciaria basada sólo en principios democráticos, abandonando la política de dispersión y reconociendo el carácter político de los presos vascos. «Nuestro Estatus Político debe ser reconocido de forma oficial y positiva para ser repatriados a Euskal Herria con todos nuestros derechos respetados», puntualiza.

Asimismo, recuerda que «EPPK lleva una dinámica política permanente en todas las cárceles en los últimos años» y que, con la nueva iniciativa, «queremos dar un nuevo impulso a nuestra dinámica de lucha».

Por otro lado, el movimiento pro amnistía resaltó ayer, en la rueda de prensa realizada en Bilbo, la necesidad de movilizarse para que los derechos de los presos políticos vascos sean respetados. En este sentido, llamó a la ciudadanía vasca a participar en la manifestación convocada por Etxerat para el próximo sábado en Bilbo y que cuenta ya con el respaldo de numerosos agentes políticos, sociales y sindicales.

En este contexto, Burlata acogió ayer una manifestación a la que asistieron decenas de personas para protestar contra la dispersión y en solidaridad con los refugiados. Y en el Casco Viejo de Bilbo se denunció «la desasistencia sanitaria que sufren los presos políticos vascos y que provocó el intento de suicidio de Igor González».



Y mientras tanto, los ministros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo duermen el sueño de los inocentes.



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