Como era de suponerse y puesto que la actual estrategia represiva en contra del pueblo vasco se está centrando en los presos políticos y sus familiares el régimen de Juan Carlos Borbón en una operación pinza desplegada por la Audiencia Nacional y el grupo de choque Justicia y Dignidad ha procedido a prohibir la manifestación nacional convocada por Etxerat. Esta nota publicada en Gara proporciona más detalles al respecto:
La Audiencia Nacional prohíbe la marcha por los presos de Bilbo
El veto impuesto por la Audiencia Nacional a la manifestación convocada por Etxerat el sábado en Bilbo suscitó rápidamente el rechazo de la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna o Aralar, que reafirmaron su apoyo a los represalia- dos vascos. En una valoración de urgencia, desde Etxerat dejan claro que no van a «abandonar» a sus familiares y amigos encarcelados y extenderán por todos los rincones de Euskal Herria una ola de solidaridad hacia los presos.
J.A.
Ayer por la tarde, a tres días de la fecha elegida por Etxerat para la manifestación a favor de los derechos de los presos políticos vascos, se filtraba la orden de prohibición desde la Audiencia Nacional española. Pero el colectivo de familiares y amigos de presos lo tiene claro: «La sociedad vasca ya ha hablado».
Y es que Etxerat ha recabado miles de adhesiones durante las últimas semanas, tanto de agentes sociales, sindicales y políticos como de ciudadanos a título individual. Explicaron en una valoración de urgencia que «les preocupan las más de 40.000 personas que reunimos a primeros de año en las calles de Bilbo». El colectivo explica que han recibido «con gran preocupación» la decisión y cree que el Estado español pretende legitimar judicialmente «unas medidas de carácter político».
A pesar de todo, afirman que han conseguido movilizar a «todos los sectores» de la sociedad vasca y dicen tener muy claro que «este pueblo no va a abandonar nunca a sus familiares y amigos encarcelados».
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Ya a principios de mes salió el tema de la «legalidad» de la manifestación a favor de los represaliados en el Parlamento de Gasteiz, aunque entonces el mismo Rodolfo Ares dijo que no había motivo alguno para vetarla. Como es habitual, el grupo Dignidad y Justicia insistía en frustrar la marcha y pidió anteayer la prohibición judicial.
Al parecer con prisas para hacer público su «logro», el propio colectivo ultra Dignidad y Justicia fue quien difundió la noticia de la prohibición. También el Departamento del Interior de Lakua se sumó a la carrera unos minutos después, y sólo en tercer lugar hubo confirmación de la Audiencia Nacional, aunque no se conoce auto alguno por el momento, de modo que tampoco han trascendido cuáles son los motivos que se esgrimen.
Por su parte, algunos de los colectivos que se habían sumado a la marcha mostraron ayer su disconformidad ante la decisión y recalcaron su compromiso. Desde la izquierda abertzale desaprobaron «la política penitenciaria criminal» del PSOE y le acusaron de tratar de impedir los avances hacia «el proceso democrático».
Eusko Alkartasuna ¯que había anunciado por la mañana su intención de estar en Bilbo¯ consideró la prohibición «un paso más en la escalada represiva» que «dificultará» el camino hacia la normalización política de Euskal Herria.
Asimismo, Aralar reivindicó el derecho de manifestación y solicitó que «se levante la prohibición decretada».
ELA tildó el veto de «barbaridad» y afirmó que se constata una vez más que la maquinaria judicial española se dedica a impedir la denuncia de vulneraciones de derechos. La manifestación contaba con el apoyo de la mayoría sindical vasca, y de decenas de organizaciones sociales de todo tipo.
También prohíben la marcha de hoy a favor de Patxi Gómez
El juez Ismael Moreno ha prohibido la manifestación prevista para hoy en Ortuella en defensa del ex preso Patxi Gómez, accediendo así a la petición de Dignidad y Justicia. En la resolución Moreno señala que la celebración de esta protesta constituiría un delito de «enaltecimiento del terrorismo». El evento se presenta judicialmente como un homenaje, cuando en realidad es una movilización de denuncia por su situación. Gómez ingresó en prisión en 1989 y tras 20 años de condena quedó libre en abril. Pero en noviembre el Tribunal Supremo dictaminó que debía cumplir otros diez años. La semana pasada el ex preso compareció en Bilbo y explicó que no tiene intención de «esconderse».
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