Iniciativa en Defensa del Proceso de Paz

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Iniciativa jurídica por la defensa de un proceso de paz

El derecho a la paz de la comunidad social constituye una obligación ineludible de los poderes públicos que, más allá de intereses partidistas o electoralistas, debe articularse desde una clara razón de Estado. En este momento se hace imprescindible una posición clara y determinante de las instituciones en las que el ámbito jurídico no puede sustraerse, sino que debe asumir sus responsabilidades en un compromiso social por la paz.

Las personas y entidades del mundo de derecho que firman este manifiesto, a partir del cese de una situación excepcional y con el fin de lograr el avance de la consolidación de este escenario de paz, proponen:

1) La necesidad de obtener el compromiso de todos los sectores involucrados en el conflicto de aceptar las vías democráticas y el respeto de los derechos humanos como única forma de alcanzar la paz.

2) La adopción de las siguientes iniciativas jurídicas:

LEGISLATIVAS:

La derogación de la legislación y normativa excepcional en materia de terrorismo y la recuperación de la legislación ordinaria penal y administrativa en materia de derecho de asociación y participación política, libertad de expresión, protección penal de los derechos y ejecución penitenciaria.

JURISDICCIONALES:

Es necesario que las resoluciones de Jueces y Magistrados, y las actuaciones de la Fiscalía, se enmarquen en la jurisprudencia consolidada y el sentido común y no constituyan interpretaciones alambicadas dirigidas certeramente a obstaculizar el proceso de paz en general y la reinserción en particular.

PENITENCIARIAS:

El traslado de los presos a los centros penitenciarios del País Vasco, en cumplimiento de la legalidad vigente.

Articulación de los mecanismos jurídicos penitenciarios previstos en la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento penitenciario de tratamiento digno de los penados por terrorismo y de reinserción sin discriminación.

Esta iniciativa ha sido impulsada ............ ......... .

Merche Garcia Aran, Catedrática de Dº Penal y miembro del Grupo de Política Criminal, Francesca Puigpelat, Decana de la Facultad de Derecho UAB, Ester Capella, Abogada, Presidenta de ACJD, Rafael Calderón, Abogado, Presidente de ACDDH, Francesc Caminal Badia, Abogado, Gemma Calvet Barot, Abogada, miembro de AED, Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal, Roser Ràfols, Abogada (bufete Roca Junyent), Merce Claramunt, Abogada (Dones Juristes), Adhesiones:. ......... ......... ......... .

Lourdes Torres, Abogada
Rafael Senra Biedma, Abogado
Jose Folguera, Magistrado
Joan Salsas Roig, Abogado
Marta Clapés, Abogada
August Gil Matamala, Abogado
Ignasi de Gispert Català, Abogado
Antonio Baylos Grau, Catedrático Dº del Trabajo, Univ. Castilla-La Mancha
Juan Viladomat Pons, Abogado
Luis Antonio Salvadores Roure, Abogado
Julia Lopez Lopez, Catedrática de Derecho laboral y Seguridad Social UPF
Francesca Comellas Duran, Abogada
Pilar Rebaque Mas, Abogada
Sixte Garganté petit, Abogado
Mireia Montesinos, Abogada
Miguel M Panades Cortes, Abogado
Enrique Lizarbe Iranzo, Abogado
Antonio Martín Martín, Abogado
Assumpció Sallés Gonzalez, Abogada
Blas Rodríguez Vega, Abogado
Xavier Pagés Calvó, Abogado
Natividad Suils, Abogada
Montserrat Mustienes Montero, Abogada
Alejandro Rocabert, Abogado
Xavier González de Rivera, Magistrado
Jose Manuel Paredes Castañón, Catedrático de Derecho Penal, UPV
Roc Fuentes Navarro, Abogado
Javier Nuin Goñi, Abogado
Nibaldo Mena Guijuelos, Abogado
Andrea Mena Valenzuela, Abogado
Angel Gaminde, Abogado
Merce Molina Garcia, Abogada

Entidades:

Associació Catalana de Juristes Demócratas
Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans
Grupo de Estudios de Política Criminal

Es ya tan obvia la actitud contraria del gobierno de Juan Carlos Borbón representado por José Luis Rodríguez Zapatero al proceso de paz que la propia sociedad se está moviendo para evitar que el deseo de venganza que mueve a la élite política del estado español descarrile la presente oportunidad de encontrar una solución pacífica al diferendo político entre Euskal Herria y los dos estados ocupantes Francia y España.

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