En la misiva solidaria con los seis represaliados políticos vascos entregada a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se menciona que de ser entregados a la corona española serán expuestos a la tortura, estrategia de terrorismo de estado utilizada en contra del independentismo vasco de forma rutinaria, como ya han señalado tanto Amnistía Internacional como el Comité para la Prevención de la Tortura de la UE y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
De esa lacra, la tortura, nos habla este texto publicado en la sección Opinión de La Jornada:
La tortura en Euskal Herria
Gilberto López y Rivas
Las denuncias sobre tortura de las fuerzas de ocupación estadunidense y británica en Irak han reabierto el debate en torno a una de las prácticas más aberrantes de las que puede ser capaz la especie humana. Las fotografías de prisioneros torturados por sonrientes verdugos son evidencia de la impunidad en la institución castrense imperialista, que inclusive permitió la documentación fotográfica en el sobre entendido que no habría consecuencias disciplinarias ni cargos judiciales que enfrentar.
Estas denuncias confirman el carácter sistémico de la tortura en países que pasan por democráticos y en los que impera el estado de derecho. En este contexto, el libro Tortura en Euskal Herria, publicado en marzo pasado, fundamenta una imputación que el nuevo gobierno español debiera asumir, especialmente después que los acontecimientos del 11 de marzo en la capital española demostraron cómo el terrorismo y la seguridad nacional pueden manipularse con afanes partidistas o de facción.
La obra incluye un texto hecho público en la manifestación en contra de la tortura que se celebró en Donostia el 14 de febrero de este año, una introducción del escritor Joxe Azurmendi, un informe que cubre 2003 y que incorpora 78 pruebas documentales, un video, las denuncias presentadas y su estado procesal, los métodos de tortura, el papel de la Audiencia Nacional y los médicos forenses, el protocolo para la asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación, un manual atribuido a ETA, resoluciones internacionales sobre los casos de tortura en 2003 y, por último, un pliego que reúne 50 mil firmas por la erradicación de la tortura.
La tesis central de este informe, preparado por la organización TAT -Torturanen Aukako Taldea (Grupo Contra la Tortura en el País Vasco)-, es la siguiente: "La tortura es, sin duda alguna, una práctica sistemática en el Estado español, aplicada con mayor o menor intensidad y en más o menos ocasiones en función de las necesidades, pero que conforma parte del núcleo duro de los instrumentos represivos de este Estado. El repaso de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años no deja lugar a dudas".
Azurmendi sostiene que oficialmente no existe tortura en España, pese a que Amnistía Internacional presenta denuncias anuales, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lamenta que los casos de tortura en ese país no son infrecuentes, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa hace recomendaciones, y se cuenta con testimonios, denuncias e inclusive fotografías, como la de Unai Romano (publicada en La Jornada) con la cara desfigurada por los golpes.
"Si alguien osa hacer referencia alguna a la tortura en público -afirma el escritor- al instante le cae encima un chaparrón mediático, ya que los periodistas supuestamente bien informados vienen a asegurar rotundamente que en España no hay tortura, que todo es mentira, que no es más que una consigna que ETA da a sus seguidores. Pregunta a quienes han denunciado torturas, y te dirán que a ellos ningún periodista español les ha llamado, les ha consultado, les ha pedido jamás información de ningún tipo. ¿Cómo pueden estar, entonces, tan seguros?, te preguntas. Pero sabes que sobre este tema uno puede hacerse mil preguntas retóricas, es inútil, no merece la pena desperdiciar preguntas."
El informe señala que no obstante que la Constitución prohíbe la tortura, los estados de excepción, las leyes antiterroristas, las competencias de la Audiencia Nacional, la prórroga en la detención e incomunicación de prisioneros dan lugar a la suspensión de derechos y libertades, la conculcación de garantías procesales, la institucionalización de la emergencia y el establecimiento de una legislación ad hoc que condiciona la práctica de la tortura y garantiza la impunidad de los victimarios más frecuentes: guardia civil, policía nacional y policía autonómica, por orden de saña en su aplicación.
Los archivos de TAT constan de un total de 289 imputaciones judiciales interpuestas de 2000 a 2003 y, a partir de la definición de tortura de la ONU como "todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves... y sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas", se calcula que más de 10 mil ciudadanos vascos han sufrido tortura a lo largo de los últimos 25 años, incluyendo casos de homicidios en el curso de ella. Sin embargo, no llega ni a uno por ciento el número de denuncias interpuestas que han finalizado en sentencia condenatoria.
Los testimonios dan cuenta de golpes, descargas eléctricas, asfixia, agotamiento físico, impedimento de la visión, restricción del alivio de las necesidades básicas, amenazas, humillaciones, tortura sexual, sentimientos de culpabilidad, gritos, agresiones sonoras y de luz, cambios bruscos de temperatura, utilización de drogas, métodos que se combinan y se perfeccionan científicamente, como se ha podido comprobar en Israel, Irak y en acuciosas investigaciones como el libro Las torturas mentales de la CIA, de Gordon Thomas.
Nota precautoria para la derecha ilustrada y los defensores de oficio del Estado español: Tortura en Euskal Herria no es un alegato en favor del terrorismo de ETA, el cual condeno sin ambages: constituye más bien una acusación fundada para que la tortura deje de ser una herramienta del terrorismo de Estado, el que por su concentración de poder, tecnología y recursos se torna omnipotente y profundamente destructivo.
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