No se puede esperar mucho de la Corte Europea, tan preocupada de cuidar los intereses de los "hermanos mayores", esos estados-nación poderosos militar y económicamente que dictan el derrotero de este experimento político denominado Unión Europea. Pero habrá que hacer la lucha en favor de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.
Este artículo de La Jornada arroja información al respecto:
Demandará el gobierno vasco al Estado español ante corte europea
Lo acusa de violar el convenio de derechos humanos
El gobierno autónomo del País Vasco anunció hoy que demandará al Estado español ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo por considerar que la Ley de Partidos dictada para proscribir a la coalición vasca Batasuna "vulnera" el convenio europeo de derechos humanos.
Además, el Parlamento vasco decidió hoy que el bloque de diputados de la ex Batasuna, elegidos antes de que la coalición fuera proscrita, tienen derecho a recibir subvenciones, como los otros diputados.
La Ley de Partidos Políticos, adoptada por los diputados españoles en junio de 2002, incluye la prohibición de una formación política que apoye tácita o activamente al terrorismo. Con base en esa norma, el gobierno de José María Aznar lanzó su ofensiva contra Batasuna, acusada de ser brazo político del grupo armado vasco ETA, y la coalición fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo español en marzo pasado.
Antes de recurrir a la corte europea, el Ejecutivo vasco había interpuesto una demanda ante el Tribunal Constitucional español, que en su sentencia afirmó que la Ley de Partidos es conforme a la Constitución.
Al anunciar la decisión del gobierno vasco, dominado por el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), su portavoz, Josu Jon Imaz, declaró que la Ley de Partidos y la sentencia del Tribunal Constitucional "vulneran preceptos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y contravienen el derecho al juez imparcial y un proceso equitativo".
Imaz dijo también que vulneran "el principio de legalidad penal y el derecho a la libertad de asociación, reconocidos todos ellos" en los artículos 6, 7 y 11 del citado convenio.
No obstante, Batasuna restó credibilidad al recurso que será presentado ante el tribunal con sede en Francia, al considerar que "no va a suponer un mínimo giro en la política de apartheid" del jefe del gobierno regional, Juan José Ibarretxe.
"Prohíben y vapulean manifestaciones, rechazan los resultados de las urnas del 25 de mayo usurpando alcaldías y cientos de concejales a las plataformas presentadas y colaboran en la gestión del estado de excepción, por intereses partidistas y de hegemonía política", dijo en un comunicado la ilegalizada formación, en alusión a los gobernantes vascos.
Por su lado, el Parlamento vasco aprobó este martes una resolución en la que afirma que el actual bloque legislativo regional Sozialista Abertzaleak (SA, ex Batasuna) tiene derecho a recibir subvenciones como establece el reglamento de la cámara, indicaron fuentes parlamentarias.
La resolución de la mesa del Parlamento vasco, órgano ejecutivo de la cámara, fue aprobada con los votos de la coalición gobernante en el País Vasco, integrada por el PNV, Eusko Alkartasuna (EA, nacionalistas moderados) e Izquierda Unida (IU). El oficialista en el poder central, el Partido Popular (derecha) y el Partido Socialista de Euskadi la rechazaron, al considerar que es un "nuevo paso en la desobediencia de las resoluciones del Tribunal Supremo".
La suspensión del pago de las subvenciones a la formación heredera de Batasuna fue adoptada a mediados de ese mes, luego de que el Tribunal Supremo español ordenara el embargo de fondos públicos o privados del bloque de los siete diputados elegidos en los comicios regionales de 2001.
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