Revisar el Tratado

Ojalá no sea puro cálculo político y que efectivamente se haga algo para detener el secuestro y extradición de vascos al estado español. 

 

Pero, desafortunadamente, no se puede confiar en la clase política mexicana. Lean esto que ha publicado La Jornada: 

 

 

Necesario, revisar los tratados de extradición, plantean diputados y senadores de PRI y PRD

Se evitarían injusticias como la cometida contra Lorenzo Llona, afirman

Andrea Becerril, José Galán y Roberto Garduño

Senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron ayer dispuestos a revisar los tratados de extradición firmados por México con varias naciones, particularmente con España, a fin de evitar injusticias como la que se cometió en perjuicio del ciudadano mexicano, de origen vasco, Lorenzo Llona Olalde.

El coordinador de la fracción perredista en el Senado de la República, Jesús Ortega Martínez, dijo que satisface la determinación de la cancillería de no extraditar a Llona, ''porque de verdad fue un abuso y una violación total al marco jurídico mexicano la forma en que se llevó a cabo la detención y el proceso para enviar a España a quien desde hace más de 20 años reside en el país de manera pacífica y está inclusive naturalizado''.

Ortega consideró que el asunto Llona es una buena oportunidad para revisar el tratado de extradición con España, porque con el pretexto del combate al terrorismo lo que se ha hecho es violentar las garantías individuales de ciudadanos mexicanos de origen vasco residentes en el país.

Hizo notar que la fracción parlamentaria que integra analiza ya el tratado en su conjunto y de manera particular las modificaciones que se le hicieron durante el sexenio zedillista, ya que a partir de éstas es que de modo abusivo el gobierno mexicano permite que se violenten los derechos consagrados en la Constitución para los mexicanos, además de pasar por encima del tradicional derecho de asilo, que ha sido orgullo de nuestro país.

Sobre el tema, la senadora priísta Dulce María Sauri consideró también que debe analizarse ese tratado, pero sobre todo no permitir que sin más se acepte toda solicitud del gobierno de José María Aznar para extraditar a vascos o a mexicanos que tienen ese origen, sin que antes se lleve a cabo un proceso apegado por completo a la legalidad.

''Creo que se deben ver con mucha cautela esas solicitudes, que se han incrementado a partir de que Aznar llegó a la jefatura de gobierno en España, sobre todo cuando se refiere a hechos que se remontan a un pasado cada vez más lejano'', agregó la ex dirigente priísta.

Aclaró que el gobierno mexicano no debe alimentar la impresión de que se protege a delincuentes o terroristas, ya que ello no es cierto, pero tampoco aceptar toda solicitud de España, sobre todo cuando hay antecedentes de que elementos policiacos de ese país se introdujeron a México para presionar y amenazar a ciudadanos de origen vasco, que cuentan con las garantías que ofrece la Constitución.

Por su parte, el diputado perredista Francisco Saucedo afirmó que la situación por la que atravesó Llona Olalde ''nos pone a discutir las condiciones en que está firmado el tratado de extradición con España'', además de lo que está pasando en el Poder Judicial con un juez que no hizo caso a documentación ''tan clara y tan especifica'', que puede echar abajo hasta a la realidad misma y que está prestándose a que haya jueces por consigna. ''Eso deteriora al Poder Judicial y al estado de derecho del país'', dijo.

''Hay que ver a quién están respondiendo los jueces. Qué pasa con el Consejo de la Judicatura, que no ve situaciones irregulares. Entonces la pregunta es: Ƒquién tiene el control sobre el Poder Judicial, sobre el tratado de extradición? Sospechamos que es anticonstitucional, porque no puede estar por encima de la Carta Magna'', agregó.

De igual forma, el diputado perredista Emilio Zebadúa consideró necesario que la política que el gobierno ha seguido a través de las instancias judiciales para la extradición de miembros del grupo ETA se apegue a lo que demanda la Constitución, ''que en esta situación (el caso Llona Olalde) se violentó. Lo que es importante es que esta política se siga con estricto apego a las garantías individuales de mexicanos y extranjeros, antes de que corran el riesgo de ser violentadas si no somos pulcros y apegados a derecho''.

 

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