Sin Vínculos

Se abre un espacio de esperanza para los nueve detenidos en México como parte de lo que el represor español Baltasar Garzón dio en bautizar como Operación Donosti.

Incapaces de probar sus vínculos con la organización antifascista vasca ETA las corruptas autoridades mexicanas han terminado por liberar a Pilar Sosa, mexicana privada de su libertad en aquella fatídica fecha.

Esto es lo que nos informa La Jornada:

Liberan a Pilar Sosa, mexicana vinculada sin pruebas con ETA

Otros dos connacionales continúan arraigados

Gustavo Castillo García

La Procuraduría General de la República (PGR) liberó a María del Pilar Sosa Espino, una de los tres mexicanos detenidos por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) por supuestos vínculos con integrantes de la organización vasca ETA, al no encontrar elementos de prueba en su contra.

Sosa Espino, detenida el 18 de julio pasado junto con los nacionales Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo Cantú, permaneció 51 días bajo arraigo para ser investigada por supuestos nexos con los españoles Ernesto Alberdi, Félix Salustiano, Juan Artola, María Asunción Gorroxapegi y José María Urquijo, a quienes la PGR detuvo a petición de autoridades españolas en una acción que se denominó Operación Donosti.

Inicialmente la PGR había dicho que Sosa Espino participó en una operación con recursos de procedencia ilícita y que había vendido a los españoles equipo electrónico para elaborar artefactos explosivos. Sin embargo, ayer la mexicana fue puesta en libertad al no hallarse prueba alguna de sus responsabilidad en el delito que se le involucraba; según las autoridades, ella recibió dinero, a través de un cheque, que procedía de cuentas españolas manejadas por supuestos integrantes de ETA.

La operación a la que se refirió la autoridad tenía que ver con una venta de aparatos eléctricos por 110 mil pesos, que Sosa Espino realizó como representante de la negociación denominada PS Control y Calor.

En tanto, Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo aún están arraigados en casas de seguridad de la PGR, y la privación de su libertad podría prolongarse otros 39 días, o bien ser puestos a disposición de un juez en caso de que la parte investigadora demuestre que son responsables de los delitos que les imputa, es decir, falsificación de documentos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

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