Al leer el artículo del exprocurador Samuel del Villar no nos olvidemos de un hecho contundente; Lorenzo Llona Olalde no es el único mexicano atrapado en el infierno de un proceso de extradición exigido por Madrid, hay otros cuatro, dos mexicanos por nacimiento y dos mexicanos por naturalización.
Nos referimos por supuesto a las víctimas del operativo represivo ordenado por Baltasar Garzón, mismo que bautizó Operación Donosti.
La Jornada nos comparte las irregularidades en el caso de uno de ellos, Pedro Castro.
Lean ustedes:
Abogada denuncia tortuguismo en el proceso de Pedro Ulises Castro, acusado de ligas con ETA
Alfredo Méndez Ortíz
El juzgado quinto B de amparo en materia penal difirió hasta el próximo 2 de octubre la audiencia constitucional para analizar si procede o no el recurso que solicitó el mexicano Pedro Ulises Castro contra la orden de arraigo domiciliario por 90 días que enfrenta desde el pasado 22 de julio, debido a que el Ministerio Público Federal lo investiga por presuntos vínculos con la organización armada vasca ETA. La audiencia estaba programada para principios de septiembre.
En una de las listas de acuerdos de esta semana del juzgado que encabeza Rafael Zamudio Arias, aparece un acuerdo firmado por un secretario de actas, mediante el cual se notificó a las partes que sería diferida dicha audiencia. El argumento fue que el juzgador no se encontraba en el Distrito Federal a principios de este mes y es el único facultado para efectuar audiencias.
Por su parte, Bárbara Zamora, abogada del mexicano, presentó el pasado viernes una queja contra la decisión del juzgado, la cual deberá revisar en los próximos días un tribunal colegiado.
Según la litigante, en el acuerdo "no se dio alguna razón jurídica para diferir la audiencia (...) La decisión de ese juzgado es una maniobra que pretende alargar más el arraigo que enfrenta Ulises Castro, y permite que la Procuraduría General de la República (PGR) tenga más tiempo para fincarle supuestas responsabilidades penales".
Castro fue arrestado el pasado 18 de julio en la llamada Operación Donosti que llevó a cabo la PGR, en la cual fueron capturados seis ciudadanos de origen vasco -presos en el Reclusorio Norte con fines de extradición a España- y dos mexicanos.
El pasado 22 de julio, Ulises Castro quedó bajo arraigo domiciliario con base en una autorización del juzgado cuarto de distrito en materia penal, y días después su abogada solicitó un juicio para obtener un amparo de la justicia federal contra la medida cautelar.
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