Vicente Fox ha encargado al viajero procurador general Rafael Macedo de la Concha la labor de enrarecer la atmósfera con respecto a la ilegítima detención de seis refugiados vascos afincados en México.
Les compartimos este artículo al respecto publicado en La Jornada:
Gustavo Castillo García y Rosa E. Vargas
La Operación Donosti, mediante la cual se detuvo, el pasado fin de semana, a seis vascos y tres mexicanos presuntamente ligados a ETA, sigue abierta. La Procuraduría General de la República (PGR) busca a más nacionales ligados con la organización vasca.
En Ciudad Juárez, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, dijo que a la dependencia que dirige le preocupan los manuales para fabricar armas que fueron encontrados en poder de los presuntos etarras, "porque la seguridad del Estado es fundamental". Señaló que se analizará minuciosamente el caso para conocer el alcance de esos materiales y la actividad que tenía esta organización en territorio mexicano.
En entrevista con La Jornada, José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), reconoció lo anterior. Aseguró que los seis vascos detenidos llegaron a México para no estar en la mira de la policía española, y mientras disminuía la atención sobre ellos se capacitaban a distancia; se vinculaban con mexicanos para poder recibir dinero proveniente de la organización vasca.
Los tres mexicanos involucrados con los presuntos etarras quedaron sujetos a arraigo domiciliario por orden del juzgado cuarto de distrito en materia penal hasta que concluyan las investigaciones de la PGR y se determine si cometieron algún delito.
Ayer se ventiló el caso de María del Pilar Sosa Espino, quien el 14 de febrero de 2002 vendió aparatos eléctricos por 110 mil pesos. El pago se hizo por medio de un cheque. Dieciséis meses después ese documento bancario provocó que se encuentre detenida y sujeta a investigación como presunta "colaboradora" de supuestos integrantes de la ETA. Por lo menos pasará 30 días detenida.
-Cuál era la peligrosidad de los presos? -se le preguntó al titular de la UEDO.
-Formaban una célula que tenía que garantizar el refugio seguro, tranquilo y sin carencias económicas de miembros de ETA. Es decir, tenía la encomienda de que aquellos elementos que estaban "sobrecalentados", tuvieran un lugar donde estar guardados para después reactivarse, en caso necesario. Pero al mismo tiempo debían estar actualizados; de ahí el manual de armas químicas que se les encontró.
-¿Sí era un manual de armas químicas?
-Sí.
-¿Era para producirlas aquí?
-No. Era una actualización, una capacitación a distancia. La estancia en México de estas personas no era para que vinieran de vacaciones, sino para que mantuvieran su seguridad.
-¿De qué armas químicas hablamos?
-De la generación de gases tóxicos.
-¿Todo estaba en el correo electrónico que encontraron?
-Era una sola fórmula.
-Es muy curioso, cada vez que viene el presidente José María Aznar o el juez Baltasar Garzón hay detenciones de españoles presuntamente ligados con ETA. Parece una persecución sistemática. ¿Cómo están trabajando con las autoridades españolas en esto?
-No es una persecución contra la comunidad vasca, es de las comunidades más aceptadas, y no se puede decir que son los vascos los que están financiando o interviniendo a integrantes de la ETA.
"Primero, hay investigaciones. México suscribió la resolución 1373 de la ONU de combate al financiamiento al terrorismo, y la organización ETA es terrorista. México tiene que cumplir con ese compromiso internacional. Segundo, México no puede permitir que su territorio sea un campo de impunidad en donde esta gente florezca. Es mentira que se diga que aquí no hacen nada y que no tenemos por qué hacerles nada". El titular de la UEDO aseguró que la detención del mexicano Pedro Ulises Castro Vargas se debió a que su nombre, los números telefónicos de casa y trabajo, fueron encontrados en agendas de etarras detenidos tanto en México como en España.
En el caso de Noé Camarillo Cantú, se le detuvo por haber ayudado a José Angel Ochoantezana Badiola (presunto etarra) a abrir una cuenta bancaria y otros documentos con una identidad falsa.
-En el caso de María del Pilar Sosa Espino se habla de que ella solamente hizo una transacción de 110 mil pesos por la compra de aparatos eléctricos...
-Ella está relacionada con la empresa PF Control y Calor, que es parte de las empresas fachada (de la ETA supuestamente) para lavar dinero.
-¿Esa empresa no existe?
-Puede ser una fachada (que exista, pero sólo para lavar dinero). Ella recibe dinero en febrero de 2002: 110 mil pesos de Juan Angel Ochoantezana.
-¿Por eso se le sujetó a investigación?
-Por eso.
-¿Necesariamente está vinculada?
-No, es parte de la investigación.
En tanto, el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, dijo en Ciudad Juárez, Chihuahua, que "México no debe ser un Estado donde gocen de impunidad los delincuentes, y en el caso de los españoles detenidos existía una petición de formal detención y había que atenderla con base en los compromisos internacionales".
Macedo aseguró que los seis vascos detenidos (Asier Arronategui, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano García, Juan Artola, María Asunción Gorroxategui y José María Urquijo) han sido puestos a disposición de jueces federales, que serán los que decidan, con base en las pruebas que aporten las autoridades españolas y los presuntos etarras, si son extraditados o no.
Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores aguardará entre 45 y 60 días para que España formalice la solicitud de extradición de los seis vascos detenidos el pasado fin de semana. Con relación a los tres mexicanos aprehendidos en el mismo operativo, serán sujetos a lo que les resulte de acuerdo con la ley.
Fuentes de la cancillería mexicana confirmaron que la solicitud provisional de extradición presentada por España constituyó el elemento a partir del cual se realizó la detención de los seis vascos. También se informó que de los seis presuntos etarras dos son naturalizados mexicanos. Se indicó que cada caso de extradición se tratará de manera individual, en juicios que pueden demorar hasta dos años.
Formalmente todavía no está integrado el expediente de solicitud de extradición, por lo que en estos momentos opera lo que se conoce como solicitud provisional.
Una vez que la cancillería reciba toda la documentación que respalde el pedido, deberá estudiarla para determinar si es procedente remitirlos ante la justicia española.
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