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viernes, 25 de julio de 2003

Dos de los Seis

Dos de los seis represaliados políticos que se vieron privados de su libertad en México en una ignominiosa redada ordenada desde un estado de cuestionable calidad democrática son mexicanos, como es el caso de Lorenzo Llona Olalde quien también sufre las consecuencias derivadas tanto de la corrupción rampante en las instituciones del estado mexicano como por el ignorante y entreguista españolismo de personajillos de la casta politica como lo son Vicente Fox Quesada y Rafael Macedo de la Concha.

Aquí lo que da a conocer La Jornada:


Dos de los prisioneros estarían naturalizados

AMO

Dos de los seis vascos que fueron detenidos el pasado fin de semana en territorio nacional por su presunta vinculación con la organización ETA habrían sido naturalizados mexicanos entre 1989 y 1993, por lo que de comprobarse este dato, su extradición a España dependería de la decisión del presidente Vicente Fox, con base en el artículo 14 de la ley en la materia, el cual establece que ningún mexicano puede ser entregado a un país extranjero, salvo en casos excepcionales, e indica que la decisión definitiva recaerá en el jefe del Ejecutivo federal.

Según la defensa, Asier Arronategui Duahalde recibió su carta de naturalización en 1989, cuando laboraba en Monterrey como empleado de una empresa de mensajería.

El otro vasco naturalizado sería José María Urquijo Borde, quien a principios de los años 90 llegó a Cancún, donde se dedicó al comercio. Desde entonces habría solicitado su carta de naturalización. Si la defensa de los vascos detenidos logra comprobar lo anterior ante las autoridades judiciales, el presidente Fox estaría facultado para detener el juicio de extradición en ambos casos.

Sin embargo, según la abogada Bárbara Zamora, el proceso contra los seis detenidos (Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrotxategui y Ernesto Alberdi Elejalde, además de Arronategui Duahalde y Urquijo Borde) se trata de una acción arbitraria, debido a que se les acusa de haber participado en una aparente estructura financiera para beneficiar a la ETA. Sin embargo, agregó, todo se ha sustentado, hasta ahora, en una presunta investigación que realizaron el gobierno español y la Procuraduría General de la República.

 

 

 

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