Grande Marlaska, aún detentando el cargo de Ministro del Interior, continúa siendo el juez macarra y bravucón continuador de la peor escuela Baltazar Garzón.
Así, ahora busca la forma de afectar negativamente a quienes participen en un ongi etorri que no sean considerados delictivos por parte de los jueces, criminalizando el cariño y la solidaridad de familiares, vecinos y amigos de quienes por fin vuelven a casa después de haber pasado por la trituradora de derechos que es el aparato de justicia borbónico franquista. O sea, lawfare en toda forma por parte de un individuo que hoy estuvo en un Centro Memorial de Víctimas en el que no todas las víctimas son bienvenidas, incluidas la de tan insigne visitante.
Aquí la información:
El Gobierno español sancionará por la vía administrativa los recibimientos a expresos
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que el Gobierno español tiene avanzada la normativa para sancionar por la vía administrativa a las personas que participen en recibimientos a expresos cuando los jueces consideren que no constituyen «enaltecimiento del terrorismo»El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado en una entrevista en RNE que su Ejecutivo tiene ya un «borrador avanzado» de la normativa que regulará sanciones a los participantes en actos de bienvenida o recibimiento a expresos vascos en los casos en los que los tribunales consideren que dichos actos no constituyen delitos de «enaltecimiento del terrorismo».
Para Grande-Marlaska, «hay actos públicos que denotan ausencia de sensibilidad, una ausencia de valores democráticos», y «si dentro de los márgenes del Estado de Derecho, del Derecho Penal, esas conductas se entiende que no son susceptibles de constituir un delito de enaltecimiento, nosotros estamos trabajando, y ya tenemos un borrador avanzado, para que se constituya en una infracción de carácter administrativo con la sanción correspondiente», ha explicado.
De esta manera, el Ejecutivo español impulsará un régimen sancionador mediante una reforma de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, una reforma que quiere tramitar lo antes posible y «con las propias asociaciones de víctimas», al ser «uno de los objetivos prioritarios» de su Ministerio.
El ministro ha dicho también que no contempla una modificación del Estatuto de la Víctima para que estas puedan intervenir en la ejecución de penas, los terceros grado o los permisos de salida de los presos. «Tenemos ya el Estatuto de víctimas del terrorismo del año 2015, donde prevé la posibilidad de intervención de las víctimas recurriendo concretas resoluciones en materia de ejecución», ha indicado en alusión a la libertad condicional.
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