Libertad de Expresión Franquista

El infumable Fernando Grande Marlaska se apersonó en Gasteiz para inaugurar un Memorial en el que el españolismo decide quienes son víctimas y quienes no, quedando fuera, entre muchos, precisamente quienes fueron víctimas de la tortura avalada por tan particular visitante, uno que por cierto, está buscando vías para impedir que los familiares y vecinos de los presos políticos vascos les reciban cuando regresan a casa tras largos años en los calabozos borbónico franquistas.

Pues bien en una jugada anticipada con la absolución de Isabel Medina Peralta aludiendo a esa libertad de expresión de la que no gozan los jóvenes de Ernai. Pues bien, ahora vean hasta donde se extiende ese derecho a la libertad de expresión, ya veremos si Grande Marlaska considera siquiera sanciones administrativas en contra de los apologistas del franquismo.

Por cierto, quien también hizo uso de esa libertad de expresión franquista fue nadie menos que el monarca Felipe Borbón durante su discurso oficial en el Memorial de Gasteiz.

Aquí lo que nos informa Deia:

El Poder Judicial señala que la apología del franquismo es libertad de expresión

Su informe sobre la ley de memoria democrática desafía al Gobierno de Sánchez al cuestionar el cierre de la Fundación Franco "si no se humilla a las víctimas"

Igor Santamaría

El Poder Judicial sostiene que la apología del franquismo entra dentro de la libertad de expresión de manera que cuestiona la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de disolver la Fundación Franco. Así se desprende del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, donde se indica que, aunque se trate de ideas contrarias a los valores constitucionales, "sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas", es permisible la defensa de la dictadura que rigió en el Estado durante cuatro décadas. El Pleno del CGPJ podrá aprobar el borrador el próximo lunes tras cambiar de ponentes ante las discrepancias entre los designados inicialmente. En él se avala con matices la nulidad de las condenas por motivos políticos del franquismo y se pone en entredicho que se busque sancionar a las administraciones que no impidan actos públicos de exaltación del franquismo, subrayando la necesidad de proteger el derecho de reunión.

Los informes de los órganos consultivos a los anteproyectos de ley no son vinculantes, por lo que el Ejecutivo español podrá seguir adelante con su tramitación. El del Consejo Fiscal se aprobó el pasado 30 de abril por la mínima –seis a cinco– y fue la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien desempató, evidenciando los apoyos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el rechazo de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la Carrera y de corte conservador. Los vocales de este colectivo expresaron sus reticencias a la norma por las "indefiniciones" que, a su juicio, generan una inseguridad jurídica evidente que habría que modificar.

La norma que está llamada a sustituir la Ley de Memoria Histórica que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2007 es mucho más ambiciosa, ya que pretende, entre otras cosas, hacer una auditoría de los bienes expoliados en la Guerra Civil y la dictadura, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica, prevé que el Estado incoe de oficio la apertura de fosas y acuda a la justicia con los "indicios" de delito creando una Fiscalía especial, plantea revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia, considera "causa de extinción" de una fundación la apología del franquismo e introduce la memoria en los institutos. El departamento que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha sido el encargado de redactar el anteproyecto, una de las banderas de este Gabinete desde la investidura con el fin de consolidar una política de Estado que "transmita la tradición y la cultura democrática, honrando a quienes lucharon por la libertad y aboliendo las manifestaciones de exaltación o justificación de la dictadura".

Sin embargo, el CGPJ, cuya renovación sigue en el aire y es objeto de cisma político, cree que con este anteproyecto se corre el riesgo de tutelar de forma "asimétrica" la dignidad de las diferentes víctimas de ese periodo histórico. A su juicio, la consideración de "actos contrarios a la memoria democrática" debería seguir la pauta del Parlamento Europeo, cuando en 2019 pidió "una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado (...)". El anteproyecto incorpora como novedad la definición de un concepto de "víctima de la guerra civil y la dictadura", pero los ponentes advierten de que esta definición "se mueve en un plano estrictamente administrativo de reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas" porque "el derecho a conocer la verdad histórica no es parte del proceso penal".

Como causa general para cerrar fundaciones, el Gobierno fija que éstas "no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo", un motivo que el CGPJ suprimiría por su "falta de taxatividad", ya que deja "un amplísimo margen de apreciación" a quien pida la extinción de una fundación y al juez que tenga que resolver. Por otra parte, los ponentes creen que uno de los ejes de la ley, la declaración de nulidad de los juicios represivos del franquismo, es coherente con la jurisprudencia del Supremo al aplicar la Ley de Memoria Histórica, que ya declaró ilegítimas las sentencias dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura. Con todo, recomienda retocar el texto para que la nulidad se restrinja a las resoluciones con "un contenido específico de condena o sanción".

Moncloa ya trazó una raya cuando anunció que seguiría adelante con el delito de apología del franquismo pese a despenalizar la libertad de expresión. Desde Euskadi, el PNV recordó a Sánchez que debía ir despacio ya que lo verdaderamente importante era cumplir con la Ley de Memoria Histórica.

Pide la dimisión en bloque del CGPJ

Excusas del PP. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reclamó la dimisión en bloque de los vocales del CGPJ para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de dos años pendiente, ante lo que considera "excusas" del PP para llegar a un acuerdo que lo permita. En este sentido, relató que "primero se negó la participación a Unidas Podemos, después se vetó a determinadas personas, y luego las elecciones catalanas y las madrileñas dificultaban la negociación". Además, prosiguió JJpD, "la iniciativa del Gobierno de cambiar el sistema de elección –pretensión que fue abandonada– también supuso la ruptura de las negociaciones y, finalmente, la pretensión de reforma del nombramiento de los vocales judiciales por los miembros de la judicatura y la tramitación del indulto a los condenados por el procés han sido esgrimidas como justificación para la no renovación". 

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