Madrid decidió "celebrar" los cinco años de la Declaración de Aiete y del anuncio del proceso unilateral de Desarme, Desmovilización y Reinserción de ETA en su muy particular manera, volviendo a los tiempos del tá-pá-pá de Don X González.
Para ello envió a dos gamberros de la Guardia Civil a agredir a un grupo de personas que festejaban las fiestas en Altsasu. Su agresión fue respondida, por obra y gracia del grupo de choque denominado COVITE la trifulca se terminó etiquetando como "acto terrorista".
Hoy, seis personas pasan a engrosar la lista de presos políticos como consecuencia directa del actuar criminalizador de la juez Carmen Lamela, digna heredera del "todo es ETA" de Baltasar Garzón.
Aquí tienen la nota al respecto publicada en Naiz:
La juez de la Audiencia Nacional española ha ordenado el ingreso en prisión «incondicional y sin fianza» de Jokin Unamuno, Iñaki Abad, Oihan Arnanz, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob y Aratz Urrizola. Ha puesto en libertad con comparecencias periódicas a las otras dos personas arrestadas. Otros dos jóvenes se han presentado de forma voluntaria y deberán volver el miércoles.La juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha ordenado el ingreso en prisión «incondicional y sin fianza» de seis de los ocho detenidos acusados de un delito de «terrorismo» por la trifulca del pasado 15 de octubre en Altsasu, en la que se vieron implicados dos guardias civiles y sus parejas. Los seis dormirán hoy en la prisión de Soto del Real.Se trata de las seis personas que según apuntan los atestados policiales «participaron de forma directa» en la trifulca. Asimismo, ha puesto en libertad con la imposición de comparecencias periódicas a las otras dos personas detenidas. La juez justifica que con esta medida «se pretende evitar que se oculten o se destruyan pruebas».Sin embargo, como primera razón para ordenar los encarcelamientos, apunta al riesgo de huída, a pesar de que los detenidos acudieron de forma voluntaria a declarar en el Juzgado de Iruñea, pese a que no declararon por incomparecencia de la jueza Mari Paz Benito. «Esta consideración no es abstracta dado el apoyo evidente de sus familiares y del colectivo al que pertenecen».A los encarcelados les imputa un delito del artículo 573 bis 1. cuarta, considerando los hechos como «terrorismo» en base al artículo 573 del nuevo Código Penal, una definición que la ONU entiende que «es excesivamente amplia e imprecisa» y que «podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo».Otros dos de los 12 identificados en el informe de la Guardia Civil se han presentado de forma voluntaria en la Audiencia Nacional y han pedido declarar junto a los ocho detenidos. sin embargo, les ha citado para el miércoles para que acudan a una rueda de reconocimiento.En concreto, este artículo prevé penas de prisión de 10 a 15 años «si se causaran lesiones, se amenazara o coaccionara a una persona».
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