Con respecto al draconiano camino elegido por Madrid para manejar el caso de Altsasu, les compartimos este artículo de Naiz:
Amaia Izko, letrada de los vecinos de Altsasu llevados a la Guardia Civil ha explicado en Info7 Irratia cómo transcurrió una jornada al término de la cual seis de los detenidos ingresaron en prisión.Izko ha explicado en el programa Kalegorria de Info7 Irratia que los jóvenes se quedaron «sorprendidos y alucinados» cuando conocieron que la juez decretaba el ingreso en prisión de seis de ellos, aunque «venía siendo una sospecha que flotaba en el aire».Preguntada por su punto de vista, Izko ha indicado que «creía que lo había visto todo en la Audiencia Nacional, y mira que he visto cosas sorprendentes, pero me faltaba por ver esta barbaridad desde el punto de vista jurídico y de los derechos de estas personas. Y por todo el recorrido que ha tenido también desde el punto de vista político».La petición fiscal se basa en el artículo 573 del nuevo Código Penal, que «convierte una bronca que ocurrió en un bar en hechos cometidos por personas integradas o que colaboran con una organización terrorista. En este caso esa referencia va hacia el movimiento Ospa y hacia la campaña Alde Hemendik, como estrategia diseñada, ya sé que suena como una cosa algo marciana, por ETA y para ayudar a los fines de ETA, y que se lleva adelante hasta hoy en día para conseguir echar a las fuerzas policiales de Euskal Herria».La letrada ha subrayado la diferencia que supone trasladar la causa desde Iruñea, donde los jóvenes se presentaron a declarar voluntariamente, hasta la Audiencia Nacional española. «Lo venimos advirtiendo desde el principio, ojo que lo que se está planteando puede tener unas consecuencias enormes para estas personas. Hemos visto cómo han sido detenidas y trasladadas a Madrid, podían haber sufrido incomunicación, podían haber sufrido restricción de sus derechos fundamentales».«Son conducidos ante un juez especial y en principio enviados a prisión, algo que hace unas semanas, en la sede de los juzgados de Iruñea, hubiese resultado imposible por el carácter de los hechos. Ahora vamos a ver cuál es el periplo que esas personas tienen que sufrir en prisión, cuáles son las dificultades para que queden en libertad y a qué penas estrambóticas tienen que enfrentarse el día que llegue el juicio. Estas son las consecuencias de convertir artificial, mediática y policialmente unos hechos ordinarios en un delito de terrorismo», ha añadido.El próximo paso de la defensa será recurrir un auto de ingreso en prisión que «contiene argumentos absolutamente peregrinos», para tratar de que los encarcelados recuperen cuanto antes la libertad. «Y en segundo lugar, la mayoría de estas personas lo que dicen es que esas identificaciones que hacen los que dicen ser víctimas de esta agresión no son correctas, que no estaban allí o que estando en el bar no participaron en la pelea. Hemos de aportar a esta causa lo que no nos han dejado hasta ahora, las pruebas en su defensa: testigos, documentos…».Amaia Izko se ha preguntado cómo se puede encarcelar bajo el argumento del «riesgo de fuga» a personas que acudieron en su día a Iruñea para «mostrar su absoluta voluntad de estar a disposición del juzgado». En este contexto, muestra su estupefacción ante la afirmación de la magistrada de que «la familia les puede ayudar a escapar», cuando el arraigo familiar suele ser un motivo para eludir la cárcel al entender que reduce la posibilidad de huida. «Todo el auto se cae por su propio peso, no tiene ningún sostén».La abogada opina que esta situación se enmarca en la lucha contra «una reivindicación que es política y absolutamente legítima, el cuestionamiento del papel de los cuerpos policiales en Euskal Herria, de su objetivo, de su trayectoria, y la exigencia de que se termine con una situación de supermilitarización. Esa reivindicación, a la que no se quiere dar respuesta en el discurso político, se le trata de dar respuesta de esta manera, criminalizándola y convirtiéndola en ‘terrorista’, para así no abordar ese debate».Y el fruto de ello es «este linchamiento mediático que desgraciadamente algunos responsables políticos e institucionales en Navarra han alimentado. Les invitaría a que reflexionaran sobre qué consecuencias ha tenido sobre estos chavales jóvenes y para sus familias».Más allá de la situación de los encausados, Izko ha recordado que anteriormente ya se han empleado este tipo de estrategias para «arrasar» con diferentes iniciativas sociales o comunicativas –se está apuntando a Ahotsa.info–, a lo que en este caso se añade el intento de «desestabilizar» al Gobierno navarro.
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