Treintaycinco se dice fácil.
Es el número de militantes políticos de la izquierda vasca que Madrid ha sentado en el banquillo de los acusados por el terrible crimen de hacer política.
En otros países a esto le llamarían Apartheid; si estuviese sucediendo en Cuba una que otra Dama de Blanco ya hubiese cobrado unos cuantos dólares por caminar por las calles de La Habana protestando ante tamaña barbaridad; o de estar sucediendo en Venezuela tanto Juanes como Miguel Bosé y los mexicanos de Maná ya hubiesen organizado un concierto.
Pero no, se trata de la augusta España, el país de la impoluta democracia hija de la modélica transición nacida a su vez de los angelicales Pactos de La Moncloa.
Así pues, les compartimos esta editorial de Naiz al respecto:
Ayer comenzó en la Audiencia Nacional española el juicio contra los 35 militantes independentistas encausados en el proceso 04/08. Se enfrentan a acusaciones como militar en organizaciones políticas cuando estas eran legales o llevar a cabo reuniones sobre diferentes problemáticas de este país. Acusaciones y peticiones de 10 años de prisión por su militancia política, en definitiva. Sobre ellos se materializó la amenaza del Gobierno español a la izquierda abertzale de hacer «pagar caro» el fin del entonces reciente proceso de diálogo. No era el primer proceso político contra ciudadanos vascos, con la excusa del «terrorismo», ni sería el último, pues el Estado español ha demostrado que no necesita excusa alguna para vulnerar derechos políticos y civiles, ya que cuatro años después del fin de la actividad armada de ETA sigue respondiendo con represión, policial y judicial, a lo que percibe como amenaza: al deseo de la ciudadanía, vasca o catalana, de decidir sobre sí misma.
Ha querido la casualidad, o la frecuencia de este tipo de procesos, que la primera sesión del juicio coincidiera con el comienzo de la campaña de las elecciones a las Cortes españolas, la «fiesta de la democracia»; sin embargo, esa coincidencia evidencia la escasa condición democrática del Estado cuyo Gobierno se decidirá el día 20. Las fuerzas políticas que concurren no lo hacen en las mismas condiciones, y no solo por el respaldo de grupos de poder a algunas de ellas, sino también porque no se respetan los derechos de todas. Muchos ciudadanos vascos del sector político que actualmente ostenta la mayor representación de Hego Euskal Herria en el Parlamento español no pueden ser candidatos; otros vivirán la campaña desde el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, y el líder de uno de los partidos de esa coalición, desde una celda, a causa de su trabajo político –reconocido por la gran mayoría social y política de Euskal Herria– en pos de la resolución de un conflicto a cuya persistencia se aferra desesperadamente el Estado que el día 20 celebrará esa «fiesta».
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