Juicios en Cuba

Desde Cubainformación traemos a ustedes esta otra perla de manipulación mediática:

¿Condenar por corrupción en Cuba a un empresario canadiense? Tan injusto como a un político español por conducción temeraria

José Manzaneda | Coordinador de Cubainformación

La condena por corrupción a 14 altos funcionarios cubanos –entre ellos un viceministro- poco ha interesado a las grandes agencias de prensa. Sin embargo, la pena impuesta –en el mismo juicio- a un rico empresario de Canadá ha generado titulares en no pocos medios, convertidos en abogados defensores de su honorabilidad.

Hace unos días, tres ejecutivos de la compañía canadiense Tokmakjian Group eran condenados por el Tribunal Provincial de La Habana. Entre ellos, su presidente, que era sentenciado a 15 años de prisión y a la confiscación de cerca de 100 millones de dólares en activos. La sentencia recoge delitos de cohecho, falsificación de documentos, actividad económica ilícita, tráfico de divisas, estafa y evasión fiscal en los sectores de la agroindustria azucarera, la minería y el turismo de Cuba.

Tras la sentencia, la empresa canadiense no tardaba en arremeter contra el sistema de Justicia de la Isla, utilizando el altavoz de agencias y medios internacionales. Calificaba el proceso de “espectáculo”, “farsa de juicio” y “parodia de justicia”, y de “absurdas” las sentencias. Más o menos en la misma línea argumental del político español Ángel Carromero, condenado en la Isla en 2012 por “homicidio imprudente”, tras provocar la muerte de dos personas en accidente de trafico. Para defender su inocencia, Carromero recorrió decenas de medios acusando al Gobierno cubano de haber “fabricado” su sentencia judicial.

La misma acusación que ahora sostiene la compañía Tokmakjian Group, con un objetivo claro: dañar la actual política de atracción de inversiones impulsada por el Gobierno cubano. “No le recomendaría a nadie que invirtiese en Cuba”, decía el portavoz de la empresa canadiense a los medios internacionales.

Varios diarios iban más allá, y aseguraban que el caso “ha perjudicado las relaciones (diplomáticas) entre Cuba y Canadá, que es uno de los principales socios comerciales de la isla caribeña”. “Diplomáticos occidentales ya han advertido de que esta decisión de La Habana alejará a los inversores extranjeros”, recogían varios diarios.

Estos medios trasladan dos mensajes contradictorios entre sí: uno, que cualquier sentencia judicial en Cuba no es “independiente”, sino decidida o condicionada por la autoridad política; y su contrario, que la Justicia cubana es demasiado “independiente”, por cuanto aplica la ley al empresariado extranjero al margen de una hipotética conveniencia de atracción de capitales.  Algo que demuestra hasta qué punto los grandes medios internacionales son altavoces de los intereses del Capital transnacional, siempre en búsqueda de autoridades, políticas fiscales, leyes y sistemas de justicia laxos y manejables.

Pero la empresa canadiense iba más allá: a través de los medios, acusaba al Gobierno cubano de “inventar” los cargos contra su presidente para incautar los 100 millones de dólares en activos de la firma recogidos en la sentencia. Incluso que habría chantajeado a la empresa para comprar, por dinero, su libertad.

Y es que, si hay algo que une a un empresario canadiense corrupto y a un político español amante de la velocidad es el respaldo de un poderoso altavoz mediático para difundir por todo el mundo inventos conspirativos con los que defender su impunidad y justificar sus delitos.

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¿Condenar por corrupción Cuba a empresario canadiense? ¿A político español por conducción temeraria?

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