lunes, 4 de febrero de 2013

Contra el Fracking

Frecuentemente les hemos compartido boletines de prensa e invitaciones a manifestarse en contra del fracking por parte de los compañeros del colectivo ecologista Eguzki. Pues bien, a este respecto, hoy en Gara han publicado esto:


La oposición a la fracturación hidráulica como método para extraer gas del subsuelo está ganando adeptos entre las formaciones políticas. Hasta hace poco, solo los partidos que conforman EH Bildu, así como Ezker Batua, arropaban a los grupos organizados, especialmente en Araba, para impedir que el fracking se ponga en marcha en Euskal Herria. Ahora, el PNV y el PP también se han sumado a esta posición y, además, en Bizkaia lo hacen de forma conjunta.
La Junta de Portavoces de las Juntas Generales de Bizkaia tiene previsto fijar hoy la fecha del pleno extraordinario en el que se procederá a aprobar definitivamente los presupuestos de la Diputación para 2013. En esa sesión, que probablemente se llevará a cabo el jueves en Gernika, PNV y PP plasmarán en votos el acuerdo al que han llegado para aprobar el proyecto presentado por José Luis Bilbao, después de que ambos partidos hicieran lo propio en el Ayuntamiento de Gasteiz y a espera de que, hoy mismo, lo repitan en las Juntas Generales de Araba.
Es por este contexto que resulta más llamativo que PNV y PP también hayan consensuado en Bizkaia una moción sobre el polémico asunto del fracking y que, además, en ese texto planteen a la Cámara foral que se posicione en contra de esta técnica al considerar que es «nefasta para el medio ambiente».
Tal como señalaba ayer la agencia Efe, la de PNV-PP no será la única propuesta que llegue al próximo pleno ordinario, previsto para el día 13. Bildu también ha planteado que el Parlamento vizcaino se exprese en ese sentido, así como que la Diputación actúe para que el fracking no se emplee en Bizkaia.
El grupo juntero del PSE ha registrado una tercera proposición no de norma sobre este asunto y, en consonancia con lo que defendía el Gobierno de Lakua mientras lo dirigió Patxi López, en su caso se inclina a favor de la extracción del gas no convencional, puntualizando que se deberían aplicar medidas correctoras para que los trabajos no supongan «riesgo de impactos ambientales críticos».
Como destaca la citada agencia, la iniciativa de PNV-PP y la de Bildu difieren en el alcance de la medida, ya que los primeros se decantan a favor de efectuar prospecciones para conocer los recursos naturales del territorio, lo que no asume la coalición soberanista.
Prospección y extracción
En Araba, donde se activó antes el movimiento social contra el fracking, tanto el PSE como PNV y PP también justificaron en principio su apoyo a las prospecciones señalando que estas no conllevan necesariamente la puesta en marcha de la fracturación hidráulica, sino que son meramente orientativas para conocer los recursos energéticos del territorio.
También se diferencian las propuestas de PNV-PP y de Bildu en cuanto a la actuación que debe llevar en este asunto el Gobierno de Lakua: el texto conjunto plantea la creación de una comisión científica que analice la polémica tecnología, en tanto que la coalición desea que el Ejecutivo prohíba el fracking.
En sus proposiciones no de norma, los grupos junteros recuerdan que el anterior Gobierno de Lakua concedió a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, por un periodo de seis años, un permiso de investigación en casi 50.000 hectáreas, incluyendo zonas del territorio vizcaino.
Oregi habla de «incógnitas» sobre cuándo entrará en servicio el TAV
El Gobierno de Iñigo Urkullu ha dejado claro que, mientras descarta ciertas obras «faraónicas» -término utilizado por la consejera Ana Oregi para referirse, entre otros, al proyecto de puerto exterior de Pasaia-, apuesta por concluir la «Y vasca». A este respecto, la titular de Medio Ambiente y Política ha comentado que es «difícil calcular» cuándo entrará en servicio el TAV y que hay «muchas incógnitas» como para asegurar que lo hará en 2018. Entrevistada por «El Correo», Oregi aludió a «los retrasos» en tramos gestionados por el Gobierno español.


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