Ni siquiera la decisión de los jelkides de mandar al retiro al moderado Ibarretxe y apostar por la extrema derecha representada en Urkullu a tranquilizado a los españolazos, y siguen raca raca con el asunto de los "exiliados de la violencia de ETA". Ya en marzo les habíamos presentado al respecto un texto de José Mari Esparza, ahora les presentamos este publicado en Izaro News:
José María Chacón
El ministro de Interior español, el señor Fernández Díaz, ha anunciado que el gobierno al que pertenece está trabajando intensamente para realizar los cambios legales necesarios para que los que él denomina ‘exiliados’ vascos puedan participar en las elecciones vascas desde allá donde se encuentren, sin necesidad de estar empadronados en la CAV. Como el mismo ministro ha dicho, es un objetivo complicado, tanto desde un punto de vista jurídico como político. Las razones son muchas.
Por ejemplo, si se cambia la ley electoral desde Madrid, ¿harán esos cambios posible, por ejemplo, que un gallego que lleva viviendo 30 años en Sevilla pueda votar en las elecciones gallegas sin dejar de estar empadronado en la capital andaluza? ¿Y un andaluz que viva desde hace 25 años en Bilbao podrá votar igualmente en las elecciones andaluzas?
Me temo que iba a ser de una complejidad cuasi mística organizar unas elecciones autonómicas en estas condiciones. ¿Quiénes tendrían derecho a participar?¿Todos?¿Sólo algunos? Y en ese caso, ¿quiénes y bajo qué condiciones? Tal vez el Partido Popular no se esté planteando la cuestión en estos términos, y prevea en cambio que la novación legislativa que promueve afecte sólo a la Comunidad Autónoma Vasca. Pero en ese caso, ¿es que acaso va a haber una legislación para españoles y otra exclusiva para vascos? ¿Acaso cabe algo así en un sistema supuestamente democrático?
Otra prueba de lo disparatadamente falso que es el razonamiento con el que intentan justificar esta nueva imposición radica en la cuantificación de los supuestos ‘exiliados’. Nadie duda de que ha habido gente que, tras recibir una amenaza de ETA, prefirió en su momento abandonar la Comunidad Autónoma Vasca. O la Comunidad Foral Navarra. Pero de ahí a intentar asentar la idea de que todo el que se ha marchado de estas comunidades en los últimos 30 años lo ha hecho por la amenaza de ETA media un abismo. Por la misma razón, todos los que en esos últimos 30 años se han instalado en nuestra Comunidad provenientes de ciudades españolas… habrá que pensar que son todos masoquistas que disfrutaban con la posibilidad de ser asesinados. Gente enferma que venía a disfrutar con la amenaza etarra. Con todo, el hecho es que en estos 30 últimos años, según los datos del censo, la población vasca ha crecido, no menguado como necesita hacernos creer el Partido Popular.
Una pregunta me rondaba a mí en la cabeza desde el momento en que el Partido Popular empezó a manejar esta historia de los exiliados: si este fenómeno se lleva produciendo desde hace tal vez 40 años, y si el PP está real y genuinamente preocupado por la participación política de estas personas, ¿por qué se ha sacado de la manga esta idea precisamente ahora, cuando ETA ya es historia, y no lo hizo hace 40, 30 o 15 años, cuando estas amenazas se estaban produciendo?
La respuesta es clara: el laboratorio de ideas del PP ha pergeñado esta idea cuando la ha necesitado. Hasta ahora, y a lo largo de los últimos 35 años, el nacionalismo español no ha necesitado recurrir a barbaridades como esta porque la misma existencia de ETA suponía en sí misma la justificación que en cada momento podía necesitar para alterar las reglas del juego, siempre con la vista puesta en la imposición de su voluntad y sus objetivos políticos. La prueba la tenemos en el actual gobierno vasco, fruto de una mayoría parlamentaria que todo el mundo sabe que es irreal, pero que fue posible gracias a la ilegalización de la Izquierda Abertzale; una ilegalización chapucera y antidemocrática que encontraba justificación suficiente con sólo mentar la actividad armada de ETA.
¿Por qué se han sacado de la chistera esta idea precisamente ahora? Porque cuando los sesudos analistas del PP se han puesto a valorar la nueva situación política que se abre en el país de los vascos con la desaparición de ETA, se han percatado de dos hechos extremadamente negativos para sus intereses. Uno, que la desaparición de ETA no va a suponer un incremento del apoyo electoral de los partidos españoles -como llevaban pronosticando 35 años esos mismos partidos-, sino todo lo contrario. Todos los análisis de intención de voto pronostican para los próximos comicios autonómicos una victoria aplastante de las opciones abertzales, con un incremento especialmente relevante para la Izquierda Abertzale. Y dos, que al no existir ETA, los partidos españoles ya no tienen a su alcance la “justificación gratis” de que han disfrutado hasta ahora para pervertir la legalidad a la medida de sus necesidades políticas puntuales.
En estas condiciones, ¿qué podía hacer el nacionalismo español más radical para poder seguir imponiendo su voluntad sin que se note demasiado el liberticidio que conlleva? Es aquí donde los analistas del PP demuestran que se merecen el sueldo que les pagan, y se sacan de la manga la historia de los ‘exiliados’ para justificar una alteración eterna del censo electoral vasco a coste cero. Justo cuando más lo necesitaban. Es una idea genial, que se ampara en la victimización de los supuestos afectados para evitar -o eso creen ellos- una reacción frontal de los ciudadanos vascos, al tiempo que con un leve giro en el discurso convierten a los centenares de ciudadanos que optaron por marcharse tras recibir una amenaza directa de ETA -insuficientes para provocar un cambio de signo en el resultado de las elecciones-, en los cientos de miles que, ya sí, en el caso de que todos voten a los partidos españoles, podrían alterar realmente el resultado electoral.
Alguien ha comentado desde Euskadi que les va a resultar imposible a los del Partido Popular sacar adelante esta idea, porque atenta de forma directa contra la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía Vasco, las legislaciones electorales vasca y española y quién sabe cuántas legislaciones más. Pero yo discrepo. No es la primera vez, y dudo de que sea la última, que los jueces españoles ‘miran para otro lado’ cuando los partidos españoles españoles sacan a pasear la ‘razón de estado’. Y desde luego, una Euskadi en paz y con una aplastante mayoría democrática abertzale puede suponer muchos quebraderos de cabeza al nacionalismo español. Por tanto, no descarto que el Partido Popular, como ya ha hecho antes, pergeñe una aberración jurídica, obligue a pasar por el aro al PSOE y consiga que los jueces se vayan todos con Dívar a Marbella cuando llegue el momento oportuno.
Esto sólo significa una cosa: para parar este nuevo intento de imposición de una excepcionalidad política a los vascos, con el fin de mantenerlos presos y amordazados en la ‘España democrática’, tendrán que ser los propios vascos los que hagan evidente la mentira y el impulso antidemocrático de estas iniciativas. Se trata de dejar claro que al PP le importan muy poco las víctimas y sus necesidades. Lo único que cuenta para el partido de Rajoy son sus propias necesidades y objetivos. Y en la lucha por imponerlos han descubierto que utilizar y manipular a las víctimas de ETA -al tiempo que se ignora y se escupe sobre las víctimas de la violencia española- puede facilitarles mucho las cosas.
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