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La loca cruzada contra los vascos
Humberto Musacchio
Todos los gobiernos, como se sabe, buscan por todos los medios la aprobación de las mayorías y para ganarla recurren con frecuencia a la fabricación de enemigos. Hitler inventó que los judíos estaban contra Alemania, Milósevic hizo creer a los serbios que los otros pueblos de la ex Yugoslavia eran sus enemigos y en Estados Unidos el senador Joseph McCarthy arrastró a su país a una feroz persecución de comunistas.
Algo semejante ocurre en España, donde a la muerte del viejo dictador Francisco Franco la sociedad entró en un cauce que ha dado a los ciudadanos derechos, prosperidad y éxitos en todos los órdenes. Sin embargo, hay viejas cuentas que permanecen sin saldarse, como el asunto de las autonomías, que por una parte se concedieron a quienes no las pedían y por otra se regatearon hasta el exceso a pueblos perfectamente diferenciados, como son vascos y catalanes.
En el proceso autonomista, la vieja derecha, ahora agrupada en el Partido Popular, saboteó cuanto pudo cualquier intento de negociación y rechazó todo lo que fuera opuesto a la idea fascista del Estado unitario y centralizado. Como resultado, quedaron demasiados cabos sueltos y los políticos españoles, lejos de hacerle frente al problema, prefirieron darle la espalda y hacer como si no existiera.
Pero la insatisfacción de las minorías no se borra por decreto ni desaparece por la amnesia de políticos irresponsables. En Cataluña el orgullo nacional, pese a ser marcadamente definitorio, prácticamente no ha tenido manifestaciones violentas, pues cuando hay riqueza que distribuir resulta más fácil hacerle frente a las tendencias centrífugas, aunque a últimas fechas cobra fuerza entre los catalanes la oposición a la monarquía.
Donde la insatisfacción con el nuevo orden ha tenido expresiones de violencia es en el País Vasco, pues el Pacto de la Moncloa se negó a incluir a Navarra dentro de las provincias vascongadas y éstas no han tenido la prosperidad de otras regiones de España.
Por otra parte, viejas demandas de los vascos, como la enseñanza en su propia lengua, se han visto permanentemente saboteadas por los poderes de Madrid, lo que ha propiciado las tensiones y exacerbado los antagonismos.
ETA (Patria Vasca y Libertad) no es, como la quieren presentar, el producto de mentes enfebrecidas por el ultranacionalismo. La violencia social, ya se sabe, es siempre hija de la incomprensión y la ineptitud políticas. Para los sucesivos gobiernos de España, neofranquistas o “socialistas”, ha resultado más fácil presentar la cuestión vasca como el conflicto ocasionado por un puñado de locos y no como el saldo de una historia cruel y lamentable.
De esta manera, lejos de afrontar la cuestión vasca en toda su magnitud y buscar una salida civilizada al conflicto, el Estado español ha decidido hacer de los vascos el centro de su antagonismo. En el combate contra ETA, Madrid ha puesto en juego a policías, fiscales y jueces que presuntamente ejercen sus funciones de manera legal y legítima, pero también ha echado mano de recursos reprobados por el propio marco jurídico español, como ocurrió con los GAL, cuerpos de criminales que el gobierno de Felipe González lanzó a torturar y asesinar vascos, por la mera sospecha de que fueran etarras, parientes de éstos o simples simpatizantes.
En los últimos años, a la vieja persecución de militantes de ETA el Estado español ha sumado la hostilidad contra las organizaciones de ayuda a los presos políticos vascos, formadas mayoritariamente por familiares de los encarcelados, a quienes con total desprecio por los derechos humanos se envía a prisiones que están a 500 y más kilómetros de sus lugares de origen.
Más grave ha sido la proscripción de las organizaciones de la izquierda nacionalista, destacadamente de Batasuna, a la que una y otra vez Madrid tilda de “brazo civil de ETA”, sin que hasta la fecha haya podido demostrarlo, lo que no obsta para que en una aberrante decisión los políticos antivascos hayan acordado penalizar el nacionalismo, ya no sólo de izquierda, sino también de otras corrientes, lo que raya en el delirio, pues por establecer contactos con Batasuna será sometido a juicio el mismísimo presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, lo que, es obvio decir, constituye una ofensa para el pueblo que votó por él y que desea la paz.
Pero de que la perra es brava hasta los de casa muerde. Y el Estado español ha decidido llevar a juicio incluso a políticos de otros partidos, como Patxi López, del Partido Socialista, a quien se acusa, al igual que a Ibarretxe, de haber celebrado reuniones con dirigentes de Batasuna, lo que bien puede ser cierto, pues si a Madrid le importa un comino el País Vasco, los dirigentes de éste deben hacer cuanto esté a su alcance para lograr una paz con dignidad, definitiva y respetuosa con todas las partes involucradas.
Pero eso no lo entienden los promotores del odio. Esperemos que el gobierno mexicano no se involucre en esta loca cruzada contra los vascos.
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