¿Justicia o Venganza?

Si el artículo que esta usted a punto de leer no le termina de convencer que España no es un estado democrático entonces lo suyo no tiene remedio. El mismo ha sido publicado en Gara y nos habla de la sucia artimaña a la que están recurriendo los españoles para mantener tras las rejas a una presa política vasca que padece cárcel a pesar de que las propias leyes españolas consideran la excarcelación en casos como este, aquí está:

Instituciones Penitenciarias retiene, por no arrepentirse, a una presa que sufre cáncer

El viernes se supo que Gotzone López de Luzuriaga continuará en prisión pese a sufrir cáncer de mama. Pero la gravedad del caso aumenta tras conocer el contenido del auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Su titular, José Luis Castro, admite la gravedad de la enfermedad pero alega que la prisión no le perjudica, contra el criterio de los médicos. Y, sobre todo, esgrime que la presa se negó a firmar una «declaración expresa de repudio de su actividad».

Ramón SOLA |

Los dos diagnósticos médicos en manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria -uno aportado por la doctora Mati Iturralde y otro por el subdirector mé- dico de la cárcel de Jaén- son coherentes. Ambos establecen que Gotzone López de Luzuriaga debe ser excarcelada para poder recibir un tratamiento adecuado al cáncer de mama que se le diagnosticó en junio. Sin embargo, el Juzgado -encuadrado en la Audiencia Nacional española- se lo ha denegado.

La noticia se conoció el viernes. Pero los detalles facilitados ayer en rueda de prensa por su abogado, su médica y Askatasuna revelan todo un escándalo. De entrada, por una cuestión de procedimiento: la Junta de Tratamiento de Jaén cambió en dos días su criterio inicial favorable a la liberación, lo que alimenta todas las sospechas. Pero, sobre todo, por el fondo de la argumentación del Juzgado que sitúa la necesidad de arrepentimiento por encima de la salud de esta presa de Agurain que lleva 18 años en prisión (tiene 49).

El Juzgado ya había anticipado su intención al reclamar a la cárcel informes sobre «si existen signos inequívocos en el comportamiento de la interna que indiquen que ha abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista». Ahora, en su auto, el juez José Luis Castro expone que «la penada fue requerida expresamente a realizar la manifestación que determina el precepto penal», en alusión al artículo 90.1 del Código Penal que exige «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y del abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito». Explica que «se negó a firmar el requerimiento». Y concluye que «la ausencia de manifestación positiva implica la imposibilidad de garantizar mínimamente un pronóstico siquiera dudoso sobre 'su dificultad para delinquir y escasa peligrosidad del sujeto' (artículo 92.2 del CP)».

El Juzgado deja pues en segundo plano la cuestión central de su estado de salud. La Fiscalía, incluso, había tratado de minimizarlo para impedir la liberación: argumentó en un escrito el 3 de octubre que la aplicación del artículo 92 «debe entenderse con la exigencia de constatar no sólo el padecimiento de una enfermedad con un pronóstico fatal inevitable con los conocimientos actuales de la ciencia, sino que pueda considerarse relativamente próximo este desenlace». Los términos no pueden ser más crudos. Frente a ello, el juez matiza que «no es preciso que exista un inminente peligro de muerte», pero argumenta que no consta que la estancia en la cárcel incida negativamente en su evolución.

«Dilación injustificada»

Ayer en Gasteiz, el abogado de la prisionera, Iker Urbina, añadió más motivos de denuncia. «Primero y de manera primordial: el juez ha dilatado de manera injustificada la tramitación de un procedimiento que por la gravedad de las circunstancias concretas del caso debería haberse caracterizado por su urgencia y celeridad». El expediente se abrió a principios de agosto y no se ha resuelto hasta cuatro meses después.

El Juzgado, en paralelo, ha mostrado una «absoluta falta de control sobre aquellas diligencias cuya práctica él mismo ha solicitado». Urbina refirió un ejemplo sonrojante: el médico forense nunca ha visitado a López de Luzuriaga, pese a que durante un mes largo se estuvo a la espera de este trámite. Se limitó a copiar párrafos del informe del médico de la prisión.

Todo ello se suma a las constantes trabas a la atención médica prescrita, que han sido denunciadas públicamente.

Asier Virumbrales, de Askatasuna, remarcó el sorprendente cambio de opinión de la Junta de Tratamiento y ubicó todo este caso como «el reflejo de la apuesta del Gobierno del PSOE en el frente carcelario: está acometiendo una involución y lanzando a los presos el mensaje de que se van a pudrir en la cárcel».

En Zigotia, el domingo 15 personas se concentraron en apoyo a López de Luzuriaga, cuya liberación será exigida en una manifestación el viernes en Gasteiz (a las 20.30, en la plaza Correos).

Ayer, por los presos, se movilizaron 41 personas en Laudio, 15 en Abadiño, 24 en Otxarkoaga, 17 en Zaldibia y Berango, 11 en Euba, 15 en Astigarraga, 20 en Ataun, Bermeo y Altza, 25 en Sopela y 16 en Añorga.

España, estado fascista y criminal, y todos los que estén en desacuerdo con lo anterior son apologistas del terrorismo de estado.

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