Entrevista a Joseba Azkarraga

Con el contexto de lo recientemente ocurrido en el caso del Sumario 13/13 y en vísperas de la manifestación anual de enero en Bilbo, les compartimos esta entrevista a Joseba Azkarraga de la plataforma Sare, misma que ha sido publicada por Naiz:

«Estos presos y presas tienen derecho a una aplicación de la ley sin excepciones»

La «luz al final del túnel» asoma aún lejos en la mirada de largo alcance de Azkarraga, implicado a tope en Sare desde su inicio tras muchos años de responsabilidades políticas e institucionales. Sigue siendo un túnel, apuntalado con trabas de Madrid y recorrido por Lakua con el freno echado.

Ramon Sola

Este 2025 no ha habido mucha información sobre el desarrollo de la vía legal. ¿En qué punto estamos?

Desde Sare nos gustaría poder decir que estamos en la recta final y que se ve la luz al final del túnel. Pero es aún una recta muy larga, donde encontraremos muchos obstaculos y que deberemos ir salvando con el apoyo de una parte importante de la sociedad vasca. Venimos de una situación muy dificil y vulneradora de muchos de los derechos que deberían asistir a los presos y presas vascos. Desde 2017 se ha trabajado desde el consenso de la mayoría política y sindical vasca y a ello se unió el cambio político en el Estado, con la llegada del PSOE al Gobierno, posibilitando avances.

Hay que tener claro, eso sí, que con carácter general los gobiernos no se mueven; hay que moverlos. En Euskal Herria la movilización social ha sido clave para transmitir que no estamos ante una reivindicación partidista, sino que es la reivindicación democrática de una gran parte de la sociedad vasca. Hablamos de derechos humanos y de su vulneración.

¿Se perciben esos avances en la calle o hay un punto de desconocimiento?

Es cierto que parece que fue hace años cuando se puso fin al alejamiento, a las celdas de castigo o a los cumplimientos de la totalidad de la condena en primer grado penitenciario. Y no, no hace mucho: 2022-2023 fueron los años más importantes para romper el nudo que nos ataba al inmovilismo. Se puso fin a la política de alejamiento tras más de 34 años de sufrimiento, se puso fin a un intento de los diferentes gobiernos de doblegar las voluntades no solo de los presos y presas, sino también de sus familiares. No lo consiguieron, aunque si de lo que se trataba era de causar dolor, lo consiguieron. Nunca hay que olvidar que en los accidentes de tráfico en el tránsito de los familiares a las cárceles hubo 16 personas muertas o que más de 30 presos han dejado su vida en cárceles alejadas de sus casas…..

¿Qué importancia tuvo la transferencia penitenciaria y cómo se está materializando? ¿Lo ve adecuado Sare?

Con la transferencia de la gestión penitenciaria a la CAV, desde 2021 se va poniendo fin a los cumplimientos de penas en primer grado penitenciario hasta el último día de la condena y se comienza a ir aplicando la legislación penitenciaria, aunque no sin muchas trabas, parones, cálculos electorales sobre si la aplicación de la legislación penitenciaria podría suponer una merma de votos al partido o partidos que gestionaban la política penitenciaria. Creo que se ha mirado mucho el que dirán la derecha y sus medios de comunicación afines y se ha tenido miedo a ser audaces en la gestión penitenciaria.

Algunos ejemplos de lo que digo. En el ámbito político a nivel del Estado no se han derogado las leyes de excepción, absolutamente obsoletas. Y en el caso de la CAV, las autoridades penitenciarias, en las oportunidades que han tenido para reinterpretar estas legislaciones de excepción, no siempre han elegido la opción que, siendo perfectamente legal, era la más adecuada y justa para los presos. Se han quedado con la interpretación más restrictiva. Y otra cosa: la construcción de las rutas de vuelta a casa de las presas y presos vascos no se está haciendo con la filosofía que el Modelo Penitenciario Vasco implica.

La juez Inés Soria, que pilota este modelo desde Lakua, alegaba en estas páginas que se trata de delitos específicos y no veía que las condiciones especiales de progresión que se ponen a estos presos perjudique el objetivo de reinserción...

El problema está en lo que he apuntado: hay leyes de excepción que, aunque no sean derogadas, permiten una interpretación más flexible, acorde al Modelo Penitenciario Vasco que apuesta por el régimen abierto. Si cree que esas leyes pueden ser compatibles con el modelo, pues eso es lo que pedimos, que se hagan compatibles. Porque no ocurre en todos los casos...

Concretando, ¿todos estos presos deberían estar pisando la calle de uno y otro modo, con la ley en la mano?

Hoy deberíamos haber podido cerrar esta situación, porque la inmensa mayoría de los presos y presas de motivación política, por el tiempo de cumplimiento efectivo de sus penas, deberían estar en régimen abierto y en tercer grado penitenciario. Y no lo están porque se les continúa aplicando una política penitenciaria de carácter excepcional. En el ámbito legislativo, con la ley 7/2003 y el cumplimiento efectivo de las penas de hasta 40 años. En el ámbito judicial, con recursos de Fiscalía que, en menor medida que hace unos meses, aún siguen contra las decisiones de los profesionales de los centros penitenciarios cuando proponen la progresión a tercer grado. Y junto todo a ello, el mantenimiento de un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que depende de un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional. 

Algunos colectivos insisten en presentar todo esto como «beneficios» o trato de favor...

A los presos y presas vascos, cuando se les progresa de grado o alcanzan la libertad condicional o la aplicación del art. 100 –que les permite salir durante el día a trabajar–, no se les está regalando nada, ni se está incumpliendo ninguna ley. No. Se les está aplicando una ley que fue aprobada en las Cortes Generales, como es la LOGP.

Hay que decir aquí algo muy importante. Estos presos y presas en libertad no suponen ningún peligro para la sociedad. No hay ni un caso de reincidencia. Debería ser un argumento importante para que esos miedos inventados dieran paso a una gestión más ágil de una política penitenciaria humanista. A partir de ahí, no se les puede exigir a estos presos algo que no esté recogido en la legislación.

Hay otro elemento que nos parece necesario trasladar. La Administración Penitenciaria vasca debe homogeneizar el tratamiento que sus Juntas aplican a estos presos y presas. No es de recibo que haya alguna cárcel que, incumpliendo la normativa penitenciaria, no aplique salidas programadas o permisos penitenciarios hasta muy avanzado el cumplimiento de la condena. Otras sí lo hacen, como corresponde, desde el cumplimiento de la cuarta parte de la condena.

¿Cómo cree que se posiciona la sociedad en general ante todo esto? ¿Percibe el problema?

Una sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática y madura no puede dar la espalda a los derechos de aquellas personas que buscan rehacer sus vidas y hoy o están en la cárcel, en el exilio o deportadas. Tienen derecho a volver a sus casas. Tienen derecho a normalizar sus vidas y tienen derecho a una aplicación de la ley sin excepciones. Son aún 22 los presos y presas, que con más de 25 años de cumplimiento de las penas, no se les han aplicado todavía ni permisos penitenciarios, ni salidas programadas, y mucho menos progresiones de grado. Y de los 44 presos que hoy están en segundo grado, el 50%, por el tiempo cumplido, deberían estar en tercer grado y régimen abierto.

¿La posición de ciertos grupos de víctimas de ETA es el mayor obstáculo de fondo para una solución definitiva?

Desde Sare nunca entraremos en debate y confrontación con las víctimas de la violencia. Tampoco con algunas asociaciones a las que se podría responder ante el cúmulo de falsedades que trasladan. No lo haremos, porque nos merecen todas ellas un respeto. Son muchos años de una convivencia quebrada y es hora de poder construir una convivencia normalizada, basada en el respeto a los derechos humanos. Debemos ser capaces de poder construir el futuro juntos, respetando al otro y sin obligar a nadie a olvidar lo que ha vivido. El dolor de las víctimas merece nuestro respeto. Y si en algún momento han podido sentir falta de sensibilidad hacia su dolor, por nuestra parte, lo sentimos, porque nunca ha sido esa nuestra intención.

Por ello, lo que sí hemos hecho siempre en Sare es denunciar la instrumentalización política que desde algunos ámbitos se hace de su dolor. Y citar a las víctimas olvidadas injustamente, porque el reconocimiento del dolor debe abarcar a todas, no pueden quedar fuera las que sufrieron torturas, persecuciones injustas, terrorismo de Estado... No podemos permanecer impasibles ante quienes defienden diferentes categorías de víctimas, de primera o de segunda depende de quién haya sido el causante de ese sufrimiento. ¿Quién es capaz de marcar diferencias entre el dolor de una madre de una víctima de ETA o el dolor de otra madre cuyo hijo o hija ha sido víctima del GAL, de la tortura o de la dispersión?

Siguen marcándose ‘suelos éticos’ diferentes...

El ‘suelo ético’ o es una exigencia que se realiza al conjunto de las fuerzas políticas o es un brindis al tendido. Esta exigencia debe ser también para quienes desde el ámbito político permitieron la tortura o el terrorismo de Estado y para quienes desde el ámbito judicial lo ampararon. De lo contrario, no servirá de nada, más que lavarse las manos de sus propias responsabilidades. Resulta un sarcasmo, por ejemplo, cómo desde algunas instituciones se montan festejos de exaltación de la Guardia Civil, intentando ocultar que es un cuerpo represivo que torturó sistemáticamente, incluso hasta la muerte.  

Convivencia es un concepto que Sare remarca mucho, también lo hicieron en las jornadas de octubre en el Euskalduna...

La convivencia en Euskal Herria no será fruto del olvido, sino de la voluntad compartida que tengamos de avanzar, porque convivir es aprender a mirarnos sin resentimientos ni ánimo de venganza. Desde Sare defendemos una sociedad donde las presas y presos de motivación política alcancen la libertad, vuelvan a sus casas, y en paralelo una sociedad donde el respeto, ayuda y reconocimiento se transmita a las víctimas de las diferentes violencias. Sin estas dos premisas, será muy difícil que cerremos tantas décadas de confrontación y sufrimiento.

Los vientos soplan en sentido contrario. ¿Hay un riesgo de retroceso en todos los avances que ha citado si PP y Vox toman el Gobierno español?

Sinceramente creo que no. Hay un riesgo en el ámbito global de libertades y avances sociales de estos años, pero en este ámbito no. Primero, porque la competencia la tiene la Administración penitenciaria vasca. Segundo, porque los jueces y fiscales que hay en la Audiencia Nacional serán los mismos, con o sin cambio de Gobierno. Podría influir en una tercera cosa, más a futuro; dificultar más las demandas recurrentes para que estos casos pasen a los juzgados naturales vascos y dejen de estar centralizados en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Llega la manifestación anual. ¿Qué le diría a quien piense que las cosas ya van rodando y no vea imprescindible movilizarse en Bilbo?

Es posible que así ocurra, que existan esas impresiones porque ven a personas presas que están saliendo con permisos, o durante el día con el 100.2... Por eso lo que intentamos hacer ver desde Sare o desde Etxerat es que queda todavía un camino por recorrer; que el marco final tiene que ser que no haya un preso o presa de motivación política en las cárceles; y que ese marco quedará inconcluso si no logramos un tratamiento de respeto y reconocimiento al dolor de todas las víctimas, incluidas las ‘desaparecidas’.

 

 

 

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