En un proceso de paz bien vale la pena recordar a la parte iniciadora del ciclo de violencia acerca de sus responsabilidades.
Eso ha hecho el Foro Social.
Y es que después de su farragosa exigencia aquella de "renunciar a la alegría" de ver por fin libre a tu familiar/amigo preso, había que rectificar el camino de alguna manera y recordar de que lado se está en el conflicto que Madrid se niega a abandonar.
Aquí la nota al respecto publicada por Noticias de Gipuzkoa:
El Foro Social le insta a “asumir su responsabilidad política” en las “violaciones de derechos humanos”El Foro Social Permanente, que agrupa a sindicatos y asociaciones que impulsan un proceso de paz en Euskadi, ha considerado que el Gobierno español debería “asumir su responsabilidad política en las violaciones de derechos humanos” a personas muertas, heridas y torturadas “a manos” de la Guardia Civil y la Policía Nacional.En un comunicado difundido ayer, esta plataforma opinó que dicha asunción de responsabilidades constituiría “un paso importante” para construir “una memoria crítica compartida que, sin olvidar nada de lo ocurrido, permita avanzar como sociedad hacia la construcción de una convivencia democrática”.A su juicio, el Ejecutivo en funciones tendría que hacer ese gesto “en nombre de los diferentes gobiernos que en su día fueron responsables de esas violaciones de derechos humanos”. Alega que las víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les han transmitido que “todavía hoy se sienten víctimas de segunda o tercera categoría, no reconocidas y discriminadas”.La Guardia Civil y la Policía Nacional “durante el ciclo de violencia” vivido en Euskadi “han sido responsables de un gran número de violaciones de derechos humanos”, asegura el Foro Social, que cita el informe de torturas elaborado por el Gobierno Vasco y que cifra en 4.113 los casos de torturas documentados.Tras considerar que “la sociedad vasca no puede admitir que nunca más ninguna víctima de ETA, del GAL o de los cuerpos policiales se sienta discriminada ni social ni institucionalmente”, aboga por avanzar “en políticas de reconocimiento de memoria hacia las víctimas del Estado”. Califica además de “avance” que en los últimos diez años el número de efectivos policiales desplegados en el País Vasco haya descendido un 22,6%, hasta quedar en los 5.454 actuales.
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