Hace ya tres años que la organización antifascista vasca ETA ha anunciado el cese definitivo de su actividad armada iniciando un complicado proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR).
Y decimos que es complicado porque ETA se ha involucrado en este proceso a sabiendas que enfrente tiene a un estado al que poco le interesan conceptos como paz, reconciliación y convivencia, un estado que prefiere optar por la continuación de la violencia a sabiendas que desde la comunidad internacional difícilmente le llegará algún tipo de crítica y mucho menos una sanción.
En ese contexto, no es de extrañar que se nos informe que incluso ya hay una iniciativa para enturbiar el relato a nivel internacional llevando al mismo el sesgo con el que Madrid acostumbra gestionar cualquier tema que tenga que ver con ETA.
Baste entender el trasfondo de lo que nos reporta Naiz en la nota que les compartimos a continuación.
Veamos, resulta que un estado que en el mejor de los casos se ha mostrado omiso a llevar a cabo un auténtico cierre de ciclo en lo relativo al Franquismo -en el peor de los casos el régimen actual es heredero directo del anterior- ahora pretende acusar a la contraparte de haber llevado a cabo "actos de genocidio" equiparables a los juzgados, léalo usted bien, durante los procesos llevados a cabo en Nürenberg. Sí, lo ha leído usted bien; un estado directamente vinculado con el nazismo alemán ahora acusa a una organización antifascista de haber cometido crímenes equiparables a los cometidos por los nazis, los fascistas italianos... y los fraquistas.
Vivir para ver.
Aquí la información:
El juez de la Audiencia Nacional española Javier Gómez Bermúdez investigará a ETA por «actos de genocidio» a partir de una querella presentada por víctimas de la organización armada en 2013. Solicitan aplicar la doctrina de los juicios de Nüremberg. El magistrado ha solicitado a las fuerzas policiales informes sobre los objetivos de ETA desde su constitución hasta la actualidad.La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha admitido en un auto la competencia de este tribunal para investigar a ETA por «actos de genocidio», según informa Europa Press citando fuentes jurídicas.Estas mismas fuentes han precisado que la Sala de lo Penal admite esta competencia en una resolución acordada el pasado 29 de enero. Precisamente, el tribunal excepcional adopta esta decisión a partir de una querella presentada el pasado mes de agosto por la familia de una víctima de ETA. Aseguran que se podría eliminar la prescripción de los atentados cometidos desde 1977.Según las mismas fuentes, en la querella se pide aplicar la doctrina de los juicios de Nüremberg contra los altos dirigentes nazis.Esta querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que dirige Javier Gómez Bermúdez que, en un auto dictado el 16 de octubre de 2013, decidió no admitirla a trámite. Los querellantes presentaron entonces un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ahora ha reconocido la competencia del juez para investigar estos hechos y por tanto devuelve las actuaciones a su Juzgado para que ordene las diligencias que estime oportunas.La querella, de más de 1.200 páginas, fue presentada bajo la dirección letrada de Miguel Ángel Rodríguez Arias, con el apoyo de la asociación Dignidad y Justicia. Los querellantes han pedido que se decrete el secreto de las actuaciones.Gómez Bermúdez solicita informes a las fuerzas policialesEl juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha requerido a la Policía española, a la Ertzaintza y a la Guardia Civil que le remita un informe pericial sobre los «fines perseguidos por la banda terrorista ETA desde su constitución hasta y y sobre los integrantes de las sucesivas cúpulas».Esta misma semana representantes de Covite, con su presidenta Consuelo Ordóñez al frente, han acudido a La Haya para solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue a los políticos abertzales Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena por «crímenes de lesa humanidad», así como a otras ocho personas a quienes relaciona con ETA.
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