El Lodazal Madrileño

Este texto ha sido publicado en La Jornada:

Luis Hernández Navarro

España: la pelea de lodo

¡Que papelón! ¡Vaya hipocresía! A tres meses de la celebración de elecciones municipales y autonómicas en España, el Partido Popular (PP) ha lanzado una ofensiva a fondo contra el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), acusándolo de otorgar beneficios penitenciarios a los terroristas. Los socialistas le contestan que los populares hicieron muchas más concesiones a ETA cuando fueron gobierno. Y el PP les recuerda que durante el gobierno de Felipe González se formaron los paramilitares del GAL y se realizaron ejecuciones extrajudiciales.

El PP, aliado en México de Felipe Calderón y del Partido Acción Nacional (PAN), ha tomado las calles llamando a "defender la nación española" contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo acusan de ceder al chantaje de ETA, por acordar medidas similares a las que ellos tomaron cuando estaban al frente de la administración pública. Sus militantes exigen la dimisión del jefe de Gobierno y se preparan para efectuar comicios anticipados.

El origen formal del actual pleito es la reciente decisión de otorgar al integrante de ETA Iñaki de Juana Chaos el cambio en su condición penitenciaria, pasando a prisión atenuada (hospital primero y luego casa por cárcel) por el año y medio de prisión que le falta cumplir por el delito de amenazas.

La razón real de la actual ofensiva popular es su decisión de crispar la arena política utilizando la cuestión vasca como arma electoral. El partido ve en la polarización social la vía para recuperar el gobierno que perdió el 14 de marzo de 2004.

Detenido en 1987, De Juana Chaos fue condenado a privación de la libertad por 3 mil 129 años, como responsable de los atentados que provocaron la muerte de 25 personas, guardias civiles y militares. La acción combinada del máximo de 30 años de estancia legal en la cárcel y la redención de penas por trabajo, lo hicieron merecedor de alcanzar la libertad. Sin embargo, cerca del cumplimiento de la sanción impuesta, se evitó que saliera libre según la ley vigente, acusándolo de los delitos de amenaza en concurso ideal y exaltación del terrorismo, por dos artículos periodísticos que publicó en el diario Gara, en diciembre de 2004.

La nueva condena -por un delito de opinión- no tenía más objetivo que impedir a De Juana Chaos alcanzar la libertad. Ironías de la política, durante la era de José María Aznar, se le redimieron al preso 350 días por su "rendimiento intelectual" y por hacer un curso de redacción. Sin embargo, ya en la oposición, el Partido Popular exige que permanezca recluido por escribir dos artículos.

Como protesta contra la medida judicial, el pasado 7 de noviembre, De Juana Chaos se declaró en huelga de hambre. Durante 115 días no probó bocado. Estuvo muy cerca de morir. Una verdadera pesadilla para el gobierno de Rodríguez Zapatero. La decisión de que el preso pase el resto de la pena, primero en un hospital y luego en su casa, basada en principios de humanidad y de respeto pleno al derecho a la vida, evitó un brote de violencia en el País Vasco. Fue una decisión legal, apoyada en informes médicos y una resolución judicial. La principal beneficiaria de un nuevo ciclo de polarización sería la derecha.

La huelga de hambre se realizó en medio de la decisión de ETA de no cancelar su tregua, y de la izquierda abertzale de impulsar el proceso de paz. Muy probablemente, la muerte de De Juana Chaos habría cancelado la posibilidad de alguna negociación. El mismo De Juana declaró al periódico inglés The Times que está "completamente de acuerdo con el proceso democrático de diálogo y negociación (...) para resolver el conflicto entre Euskal Herria y los estados español y francés (...) Después de los sucesos en Madrid (...) la resolución del conflicto es más necesaria que nunca".

La política antiterrorista del PSOE tiene muchos elementos similares a la que el PP siguió durante la administración de José María Aznar. La Ley de Partidos fue elaborada y aprobada por las dos formaciones políticas. La ilegalización de Batasuna fue apoyada por los socialistas. Durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se ha criminalizado al gobierno de Euzkadi y se ha detenido a jóvenes radicales nacionalistas vascos, acusados de pertenecer al entorno de ETA.

Por eso, resulta penoso, en cuanto es un ejercicio de doble moral, que los socialistas respondan a las acusaciones de los populares sacando a relucir el expediente de la lucha antiterrorista. El ex presidente Felipe González, tan ocupado como está en facilitar la inversión de las grandes trasnacionales españolas en América Latina, sigue sin dar la cara en torno al asunto de los GAL. Si en la era de Aznar se acercaron 306 presos de ETA a cárceles de Euskadi y se excarcelaron a otros, no fue por una concesión caprichosa y fuera de la ley. El mismo PSOE -que ahora lo denuncia- guardó silencio en su momento.

Al igual que el PAN en México, el PP quiere presentarse como un partido de centro moderno. No lo es. Es, sí, un instituto político nacionalista excluyente, católico, totalitario y de derechas, que cobija en su interior a grupos fascistas. Se ha negado a condenar el golpe de Estado que en 1936 acabó con la II República, y a pedir perdón por el daño causado.

El PP rechazó sumarse al incipiente proceso de paz en Euskadi. Por el contrario, ha hecho de su oposición a éste, el centro de su acción política. Pretende "resolver" el conflicto por la vía policiaca y militar, la misma que ha mostrado su ineficacia durante más de 30 años. Quiere ganar con el miedo, la desestabilización y los prejuicios lo que perdió en las urnas.

La existencia de esta realidad política es el precio pagado por un proceso de transición a la democracia que negó juzgar los crímenes del pasado y dio impunidad a quienes los perpetraron. La continuidad de la violencia en el País Vasco (a diferencia de Irlanda del Norte) es el costo de un acuerdo pactado al margen de una de las fuerzas políticas fundamentales. No está de más recordar esto, la próxima vez que nuestros dirigentes partidarios nos reciten que el Pacto de la Moncloa es el camino por el que debe transitar la atormentada e incierta transición mexicana.

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