AI, Dispersión y Apartheid

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AI exige a Madrid el fin de la dispersión y que modifique la Ley de Partidos

Amnistía Internacional mostró ayer su preocupación porque el proceso no aborda cuestiones de derechos humanos y recordó que en julio pidió a Madrid que acabara con la dispersión, con la incomunicación y modificara la Ley de Partidos. También pide a ETA que resuelva «presuntos abusos como hostigamiento o extorsión».

LONDRES

Amnistía Internacional (AI)hizo pública ayer una declaración en la que emplaza al Gobierno español a que «aborde una serie de motivos de preocupación en el ámbito de los derechos humanos cuya resolución es vital para garantizar un proceso de paz duradero y sostenible».

La declaración, difundida por AI desde su sede central en Londres, recuerda que en julio se dirigió al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que tomase una serie de medidas.

«Entre otras cosas, Amnistía Internacional pidió la derogación de la detención en régimen de incomunicación, el acceso inmediato de los detenidos a asistencia letrada efectiva, el derecho de los reclusos a cumplir sus condenascerca de sus familiares, que pasaba por la revisión e inversión de la política de dispersión de presos o detenidos por terrorismo; y la eliminación de toda ambigüedad de la Ley de Partidos Políticos que pudiera infringir los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión», destaca la declaración de AI.

Preocupación

El mismo documento añade que AI instó a ETA a «resolver presuntos abusos contra los derechos humanos que cometía, como hostigamiento, amenazas, extorsión económica y otros actos de violencia o intimidación contra la población civil» y recuerda que pidió al «grupo armado que se asegurara de que el final de los abusos contra los derechoshumanosera totale irreversible».

Esta nueva declaración, que lleva por título «España: Los derechos humanos no pueden esperar», se produce después de que AI muestre su preocupación por «la falta de mejoras concretas en el ámbito de los derechos humanos» desde la aprobación por el Congreso español en mayo de 2005 de la declaración a favor del diálogo y desde el anuncio de alto el fuego permanente por parte del «grupo armado vasco» ETA en marzo de 2006.

Junto a todo ello, AI destaca que «los derechos humanos deben formar parte esencial del programa de trabajo» y constata que «hasta la fecha, el debate público que actualmente se desarrolla sobre el proceso de paz no se ha planteado adecuadamente lo fundamental que es el respeto de los derechos humanos para cualquier paz duradera».

«Para que este nuevo intento sea eficaz debe basarse en el compromiso de todas las partes con la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos no deben utilizarse como bazas de negociación», añade la declaración de AI.

Este organismo internacional insiste en que «el respeto a los derechos humanoses un requisito previo para establecer dicho proceso, una guía para poner en marcha un proceso eficaz y el telón de fondo de cualquier garantía de que el procesoserá duradero».

«Barreras para el proceso»

«A Amnistía Internacional le preocupa que existan barreras para este proceso, como la continuación de los abusos contra los derechos humanos y el mantenimiento de ciertas disposiciones en el marco jurídico que conducen a violaciones de derechos humanos», añade.

En esta línea, AI considera también esencial que «como una de las garantías de no repetición, se establezca la verdad y se haga justicia para todos los abusos y violaciones de derechoscometidos en el pasado».

«El Gobierno español tiene la obligación de garantizar el derecho de las víctimas de todos estos abusos y violaciones a la verdad, la justicia y la reparación», añade AI.

En el documento de AI hecho público ayer desde Londres se incluye un apartado que titula «Información complementaria», en el que destaca que «hemos condenado siempre sin reservas los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA» y que ha pedido «sistemáticamente» que acabe con «su campaña de homicidios de civiles, secuestros y tomas de rehenes».

Junto a ello, este organismo internacional también recuerda que ha documentado graves violaciones de derechos humanos, como «homicidios ilegítimos, denuncias de ejecuciones extrajudiciales de personas consideradas miembros de ETA por integrantes del grupo ilegal denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y la posible connivencia del Estado, así como otras violaciones de derechos humanos, como torturas y otros malos tratos».

Silencio absoluto del Gobierno español

Ni el Gobierno español, ni el de Lakua, ni el de Nafarroa ni ninguno de los partidos que habitualmente aprovechan la más mínima circunstancia para realizar declaraciones sobre la evolución del proceso dijo ayer nada sobre la declaración que Amnistía Internacional hizo pública ayer y que para el mediodía se encontraba en las redacciones de los medios de comunicación.

Las informaciones sobre Zapatero destacaban que mañana se reunirá con el presidente de la República francesa, Jacques Chirac. Pero en su agenda no se prevé tratar la cuestión de Euskal Herria sino la de Oriente Próximo, en relación con la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones.

Ningún ministro del Gobierno español realizó ayer declaraciones en torno al proceso. Había que bajar hasta el rango de secretario de Estado para encontrar a Antonio Camacho (responsable de Seguridad) alabando la «seriedad y el rigor» del Gobierno español en el proceso.

«No hay nadie que tenga duda de ello», señaló, aunque parece que AI no las tiene todas consigo. Luego habló de la corrupción en Marbella.

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