Con su mentalidad cerrada e hipócrita el gobierno del cambio ha convertido a todas las instituciones de justicia de México en un instrumento más del que se puede valer Madrid para perseguir, reprimir y violentar los derechos de las y los vascos que trabajan por la autodeterminación de su pueblo.
Dueños tanto los represores españoles como sus contrapartes mexicanos de una perversa visión ultraderechista de sus anquilosados principios religiosos católicos era solo normal que se creara un vínculo del cual se supo aprovechar el rancio franquismo ibérico para derruir en pocos años el gran prestigio internacional del que gozaba México gracias a su gran tradición de refugio para los perseguidos políticos de los gobiernos más retrogradas del orbe.
Así pues, le fué fácil a Vicente Fox, bajo las órdenes de José María Aznar y de Baltasar Garzón, el obtener la completa sumisión a sus designios por parte de funcionarios mexicanos corruptos que estuvieron más que dispuestos a violentar las garantías individuales y los derechos humanos de los seis vascos acusados por Madrid de pertenecer al entramado financiero de ETA.
Fue pues valiosa la campaña de desinformación llevada a cabo por Televisa durante los últimos treinta años en la cual todos los medios noticiosos de la empresa se utilizaron para demonizar al pueblo vasco, para llegar inclusive a negar su existencia como tal.
Era pues que dentro de este marco fuera fácil inclusive comprar a ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no conformes con sus abultados sueldos ponen el futuro jurídico de los mexicanos en venta al mejor postor.
Hoy se concreta la entrega de seis personas acusadas de crímenes de los que no hay prueba alguna. Lo que sigue es un largo periodo de encarcelamiento lleno de privaciones y vejaciones. Algún día dentro de algunos años, cerca de que se cumpla el plazo de cinco años para llevar a juicio a alguién acusado de terrorismo, Madrid montará una farsa a la que llamará juicio durante el cual se presentarán como prueba una serie de papeluchos sin valor alguno.
Si le va bien a los seis, el juez en turno desestimará las pruebas y después de una protocolaria disculpa los mandará a sus casas. Si les va mal, el juez verá en esas pruebas endebles suficiente causa para endosarle a los seis vascos sentencias de cientos y hasta miles de años.
De eso serán cómplices los ya entonces retirados pseudo políticos mexicanos Vicente Fox y Luis Ernesto Derbez. Algunos de los ya de por sí ancianos decrépitos de la SCJN estarán o en un asilo o cristianamente sepultados, corruptos hasta el final de sus vidas, muertos de muerte natural como todos esos franquistas que nunca fueron presentados ante la ley por los crímenes cometidos durante la dictadura del Generalísimo. Los jueces y ministerios públicos que participaron en el caso seguirán pisoteando los derechos de mexicanos y extranjeros.
Y los vascos seguirán allí, dignos y congruentes con sus valores y sus principios, trabajando por su autodeterminación.
Pero por ahora, los dejo con la nota que apareció hoy en La Jornada:
Argumentan ilegalidad en el juicio de extradición
GUSTAVO CASTILLO GARCIAEste jueves, el gobierno mexicano entregará a la policía española y funcionarios judiciales de ese país, a seis ciudadanos vascos, a quienes, presuntamente, se les acusa de pertenecer a una célula de la ETA.
La entrega se realizará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al filo del mediodía, luego de que la cancillería mexicana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron su anuencia para el envío a España de Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrochategui Vázquez, José María Urquijo y Asier Arronategui Duralde, quienes han permanecido presos en el Reclusorio Norte de la capital mexicana desde 2003.
Fuentes gubernamentales revelaron que la Procuraduría General de la República (PGR) prepara, desde la tarde de ayer, el operativo para el traslado del Reclusorio Norte a la terminal área de los seis vascos, entre ellos, uno mexicano, a fin de que sean entregados a los policías españoles.
De acuerdo con las versiones obtenidas, los seis vascos no viajarán a la península ibérica en un vuelo comercial, como ha ocurrido en otros casos, sino que, esta vez, el gobierno español envió a sus agentes y funcionarios en un avión oficial para concretar la extradición.
Los funcionarios entrevistados indicaron que los agentes españoles llegaron la tarde-noche del miércoles a la ciudad de México, en donde sostuvieron reuniones con funcionarios mexicanos para luego esperar a los seis detenidos, quienes según los gobiernos de México y España operaban desde suelo mexicano.
Los seis ciudadanos vascos perdieron hace unos días su último recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar su envío a España.
Lo anterior, debido a que el máximo tribunal mexicano les negó un recurso de amparo, con lo cual quedarán a disposición del juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, para enfrentar los cargos de asociación ilícita, integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines de terrorismo y blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas.
Sin embargo, los seis ciudadanos vascos, lo mismo que su defensora, Bárbara Zamora, siempre argumentaron ilegalidad en su detención y posterior sujeción a juicio de extradición.
La PGR los detuvo en julio de 2003 en distintas ciudades del país, como Monterrey, Puerto Escondido, Oaxaca, el Distrito Federal, Cancún y Querétaro, y supuestamente tenían en su poder manuales para fabricar armas químicas y videos sobre la lucha armada, sin embargo, nunca pudo acreditar esos señalamientos, e inclusive tuvo que dejar en libertad a tres mexicanos que supuestamente estaban ligados al grupo, por no encontrar elementos de prueba para fincarles cargos.
Pilar Sosa quedó en libertad tras 51 días de arraigo, y Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo Cantú quedaron libres sin cargo en contra, después de 90 días de arraigo.
Cabe recordar que durante una diligencia realizada en el juicio de extradición, efectuada en el juzgado segundo de distrito, en noviembre de 2003, Alberdi Elejalde expuso que tuvo que abandonar su país "debido a la fuerte represión contra todo tipo de reivindicación vasca de tipo democrático. La aprehensión de un amigo me llevó a huir, pues fue detenido y torturado, igual que su familia, debido a su posición política.
"Por miedo a sufrir torturas abandoné el País Vasco, ya que la práctica de la tortura está generalizada en el Estado español, y así lo avalan los informes de Amnistía Internacional y de la ONU.
"No he cometido delito alguno (...) La petición de extradición no tiene sustento, sino origen político. En todo caso, si cometí un delito en estos 14 años, debería ser juzgado aquí, pues nunca he abandonado este país en ese tiempo."
Félix Salustiano García narró parte de sus vivencias en el País Vasco: "Mi primera detención fue el 26 de septiembre de 1976, cuando me disponía a colocar una pancarta en la que se convocaba a que se asistiera a un funeral en recuerdo de los fusilados el 27 de septiembre de 1975.
"La policía me apaleó hasta dejarme inconsciente, me formaron proceso con acusaciones falsas y querían condenarme a dos años de cárcel; sin embargo, salí libre por la ley de amnistía de 1977.
"La segunda detención ocurrió en 1979. Un grupo de policías me aprehendió e incomunicó bajo la supuesta aplicación de una ley antiterrorista. Fueron los 10 días más terribles de mi vida, pues las torturas, palizas e insultos eran continuos."
Durante su proceso de extradición, los seis ciudadanos vascos han responsabilizado de su integridad física al gobierno mexicano, pues siempre han sostenido su inocencia de los cargos que les imputan.
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