Al Acercarse la Fecha

Esta es una pieza por parte de Miguel Ángel Granados Chapa que resulta bastante interesante.

Apareció en El Siglo de Torreón, aquí lo tienen:

Vascos ante la Suprema Corte

Miguel Ángel Granados Chapa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la suerte de seis vascos, detenidos en México el 18 de julio de 2003, a quienes el Estado español reclama por delitos que no pudieron cometer en territorio ibérico, porque han vivido hace ya largo tiempo en nuestro país, ni tampoco aquí, pues al menos no han sido objeto de ninguna averiguación previa por autoridad mexicana alguna. Por añadidura, uno de los seis es ciudadano mexicano, por lo que se incurriría en una aberración jurídica al extraditar a un nacional que no está acusado en su propio país.

Desde su detención los vascos han estado sujetos a la arbitrariedad. Fueron capturados en una redada que abarcó varias ciudades del país, y cayeron en manos de agentes españoles a los que sirvieron de peones miembros de la Agencia federal de investigaciones, que no portaban órdenes de aprehensión. El Gobierno de Madrid los acusó de integrar una suerte de delegación de la ETA en México (y de incurrir por lo tanto en el delito previsto en la legislación española de pertenencia a una organización terrorista), así como de lavado de dinero. Su detención se basó en evidencias tan pobres, que se capturó entonces también a una señora, vendedora de material eléctrico, que facturó a cambio de cheque certificado un pedido de 180 temporizadores que presumiblemente sirven para armar bombas (aunque también para abrir puertas eléctricas, por ejemplo).

Se arraigó a la vendedora durante noventa días al cabo de los cuales se la dejó en libertad. Y es que la posibilidad de que esos adminículos fueran adquiridos para su envío al País Vasco escapa al sentido común ¿No sería una idea mejor, si tal fuera realmente el propósito de la imaginaria delegación etarra que sus presuntos cómplices compraran esas piezas simples en cualquier ferretería local en vez de las complicaciones de exportarlas o de hacerlas llegar clandestinamente? No trivializo, ni por asomo, los ataques de Eta, cualesquiera que sean sus blancos. Pero es ridículo pretender con esos pretextos desmontar sus probables fuentes externas de inanciamiento.

La defensa de los cinco vascos y un mexicano alega que se han violado en perjuicio de esas personas las garantías constitucionales. La autoridad española hizo una solicitud de captura y extradición en paquete, sin individualizar los cargos ni el grado de participación de cada uno de los acusados, y así le han dado curso un juez federal, la cancillería y un tribunal de amparo, que no obstante han autorizado la extradición. El propio tribunal admitió que algunos de los hechos imputados no corresponden a ningún tipo penal mexicano, lo que excluiría la aplicación del tratado de extradición que exige, conforme a los principios generales que rigen esa figura legal que el delito implicado sea punible en ambos estados.

El sentido del artículo 15 constitucional, que prohíbe firmar tratados de extradición de presos políticos quedaría igualmente vulnerado si se aprueba la remisión a España de estas personas, pues si bien se admite generalmente que el terrorismo no debe ser considerado delito político, no puede ocultarse que ETA, la organización de la que presuntamente forman parte los detenidos, persigue el objetivo eminentemente político de constituir un Estado separado del español.

Extraditados que fueran, los vascos aprehendidos hace ya dos años y medio podrían perder la garantía prevista en el artículo 22 de la Constitución mexicana, que entre otras prohibiciones incluye la de “el tormento de cualquier especie”. Se sabe que la política penitenciaria española respecto de los presos etarras consiste en dispersarlos y recluirlos en penales remotos, distantes de sus lugares de origen, lo que se entiende como una forma de presión y aun de tortura sicológica. A este respecto, la defensa de esas personas anota que “el Estado español es el país que más páginas ha ocupado en los últimos informes anuales del Relator de Naciones Unidas para la cuestión de la tortura, (y) que esa realidad de la tortura aparece en todos los informes realizados por Amnistía Internacional sobre España en los últimos treinta años”.

En los 25 años recientes, desde que España se convirtió en una monarquía constitucional, ha solicitado la extradición de innumerables vascos. Bélgica, el más asiduo cumplidor de esos pedidos, los ha obsequiado en 6 ocasiones. Y aunque en la formalidad México podría estar atrás de esa cifra, porque sólo ha extraditado a una persona, ello es así porque se ha escogido la vía más expedita de las deportaciones, que suman 27 en tres décadas, una actitud que contradice la tradición mexicana en materia de asilo a la que, por lo demás, se acogieron en su momento los vascos en trance de extradición.

Aunque la Suprema Corte no admite razonamientos más allá de la letra de la ley, no debería abstenerse de considerar el efecto de esta extradición en el actual clima político del País Vasco y de España en general, que está siendo propicio a la paz. El diario El País dijo apenas el sábado último que “los mensajes sobre la posibilidad de un paso hacia el silencio de las armas de ETA se amontonan en los últimos días” Uno de esos mensajes es la propuesta de Anoeta, por la que el antiguo partido Batasuna, declarado ilegal por su vínculo con esa organización, se comprometió a optar sólo por vías pacíficas, declaración encaminada según su líder Otegi a lograr “una paz justa, estable y duradera para el País Vasco y el Estado español”.

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