Dispersión, Victimización y Revictimización

En su momento, el PNV apoyó la medida draconiana con la que Madrid procedió a dar una vuelta de tuerca represiva más en contra de los presos políticos vascos expandiendo el inhumano castigo a sus familiares y amigos, infancias y adolescencias incluidas.

Nos referimos a la dispersión, también denominada alejamiento.

Ahora, desde las instituciones, el PNV acota el alcance de la reparación a las víctimas de la violencia estatal excluyendo a esos mismo familiares y amigos mediante una sucia artimaña.

De eso nos habla este artículo publicado por Naiz:

Las víctimas de la dispersión, sin reconocimiento por no poder acreditarse «actuación directa»

Las víctimas de la dispersión no serán reconocidas como víctimas de violencia estatal en la CAV (ni posiblemente en Nafarroa). La Comisión de Valoración «empatiza» con su situación pero no ve «cobertura legal» para ello al no poder acreditarse «actuación directa» o «conexión causal».

Ramón Sola

El reconocimiento oficial a las víctimas de la dispersión demandado por Etxerat (dieciséis de ellas han perdido la vida) no llegará a través del proceso de reparación abierto por el Gobierno de Lakua, ni probablemente tampoco por el navarro dado que recorren la misma senda. La Comisión de Valoración de la CAV ha rechazado este año doce solicitudes al respecto, relativas a personas heridas o fallecidas en accidentes al ir o volver de prisión.

Esta comisión entiende que no hay cobertura legal para ello. Explica que a tenor de la ley de 2016 «las vulneraciones de derechos humanos suponen una actuación directa de los sujetos activos» (por ejemplo agentes policiales). «La violación de derechos humanos, para tener encaje en la aplicación de la ley, debe tener un nexo de cierta inmediatez y conexión causal con la actividad de los poderes públicos y del Estado, de forma que el daño se pueda llegar a imputar objetivamente a dicha actividad», añade.

«Los accidentes de tráfico que se mencionan en las solicitudes referidas representan un sufrimiento y un drama con el que la Comisión no puede sino empatizar y desear que ojalá no se hubiera producido –prosigue–. La Comisión tampoco esa ajena a que la realidad del alejamiento y dispersión tenía un impacto real en la forma de articular y ejercer los derechos de visita. No obstante, el acumulado de decisiones de política penitenciaria, sin duda sometidas a una fundada controversia sobre su legitimidad, y la materialización de riesgos fatales en la conducción de vehículos nos aleja del paradigma del tipo de conducta dolosa o culposa imputable a un funcionario».

Abundando en ello, los expertos encargados de valorar las solicitudes concluyen que la ley les «priva de la posibilidad de pronunciarse sobre esta dolorosa realidad cuya cadena causal se retrotrae –y amplía– no solo al ejercicio del derecho de visita de los familiares o allegados respecto de una persona presa, sino también al añadido riesgo que la conducción de vehículos entraña en cada caso».

Etxerat ha reivindicado con insistencia que estas víctimas tengan un reconocimiento, tanto en actos celebrados en el Día de la Memoria como con un acto específico celebrado en Gernika en 2019, a través de mociones en los ayuntamientos o en una comparecencia realizada en 2023, una vez acabada la política de alejamiento. Ninguna institución ha recogido el guante por el momento, más allá de algunos consistorios.

Las peticiones trasladadas a la Comisión de Valoración se topaban con otro problema, relativo al periodo de aplicación de la ley, que va solo hasta 1999. Siete personas fallecieron a consecuencia de accidentes de tráfico por el alejamiento entre 1982 y ese año, pero las otras nueve perecieron posteriormente, por lo que no encajan en la norma.

 

 

 

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