jueves, 16 de octubre de 2014

Maquillar la Política Punitiva

Gara trae a nosotros este texto en el que Julen Arzuaga hace cera y pabilo del proyecto Hitzeman con el que Lakua intenta abrir una segunda Vía Nanclares contra los presos políticos vascos.

Lean ustedes:


Julen Arzuaga realiza en este artículo una acerada crítica del proyecto que bajo la denominación Hitzeman ha presentado recientemente el Secretario de Paz y Convivencia Jonan Fernández. Señala el parlamentario y abogado que Hitzeman se sustenta sobre la legalidad de excepción impuesta al colectivo de presos y presas vascas, y más concretamente «sobre la que es buque insignia de la excepción penitenciaria: la ley 7/2003 `de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas', confeccionada en la era Aznar en plena borrachera antiterrorista».

Julen Arzuaga | Parlamentario de EHbildu

Fue el jurista nazi Carl Schmitt quien definió al soberano como «quien decide sobre el estado de excepción». Este punto de vista verifica quién es el soberano (Estado español) que dispone de la capacidad de imponer la excepción y quién el subordinado (pueblo vasco) que la sufre. Esa lógica perversa establece quién se ve capacitado para imponer violencia excepcional y quién está impedido de sacudirse dicha coacción.

No es cierto que exista una política punitiva excepcional, como muchas veces denunciamos. Hay dos: hay una legislación penal, penitenciaria del enemigo y, en contraposición, una del amigo. Está la que se aplica a quienes se oponen o combaten al Estado y, por el contrario, la que beneficia a quienes lo defienden con todas las armas, incluidas las ilegales. La política excepcional del castigo, de la venganza y revancha a presos políticos vascos frente a la de la impunidad, del indulto, del ascenso, condecoración y pensión vitalicia a perpetradores de la violencia estatal. Por eso hay presos de un lado y no los hay del otro. Dos excepcionalidades que queremos revertir, resituar en parámetros de verdad, justicia y reparación. Impulsamos avanzar de una legislación especial de guerra a una legislación ordinaria, y de ahí a una que coadyuve a la paz y la normalización política.

El programa Hitzeman de Jonan Fernández, en vez de enfrentar esta dicotomía, la obvia. En vez de revertir la excepción, descansa sobre ella. El secretario para la paz y la convivencia ha soportado este programa en la actual legislación especial que se aplica a los presos políticos vascos, precisamente por ser presos, políticos y vascos. Instituye Hitzeman sobre la que es buque insignia de la excepción penitenciaria: la ley 7/2003 «de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas», confeccionada en la era Aznar en plena borrachera antiterrorista. Esa ley que impone penas cuadragenarias solo superables bajo requisitos tales como abandonar los «fines y medios» de la organización a la que pertenecieron, la delación para la «identificación y captura» de presuntos excompañeros, la «petición expresa de perdón» a sus víctimas, la «desvinculación del entorno»... Delación, arrepentimiento, humillación, banderas que hoy UPyD, PP y PSOE (en ese orden) ondean prepotentes.

Efectivamente, Hitzeman se dice un programa apoyado en la legalidad vigente. Legalidad ilegítima. He ahí su grave tacha. Una legalidad trasgresora de derechos de las personas presas. Una legalidad que conculca los derechos a su vida privada y familiar, a su derecho a la integridad física y a la atención médica, a la comunicación, al estudio, a su derecho al acceso a la libertad... Vulneraciones que se mantienen a día de hoy aun y cuando el hecho excepcional que presuntamente lo justificó (la lucha armada de ETA) es hoy inocuo. Una legalidad que enfrentamos -en lo que me toca- en el Parlamento día a día y cuya mayoría se está expresando en decisiones contra la dispersión, tortura, juicios políticos, funciones de la Audiencia Nacional... Pero Fernández todavía prefiere hacer caso omiso a este mandato parlamentario para transitar otros derroteros. Los derroteros de la asunción de la legalidad injusta, ilegítima y del fatalismo al que conduce (presuntamente) no poder (o no querer) enfrentarla y cambiarla.

Más doloroso aún. Reconoce que el programa Hitzeman no tendrá efecto en el plazo inmediato, sino que desplegaría sus supuestas virtudes en el corto, largo plazo. ¿Nos augura el señor Fernández tres, seis, diez... años más de excepción? ¿Considera que en ese plazo no habrá avance, la sociedad vasca no tendrá éxito contra la excepción, no podrá hacer caer esa muralla? No podemos entender su derrotismo sino como consecuencia de la nula determinación que demuestra su Secretaría en arrimar el hombro para superar ese estadio.

Y es que, tras una cortina de falso pragmatismo, de hipotético posibilismo, primero alega que es esta la única posibilidad viendo la cerrazón de Madrid y al mismo tiempo verifica la dificultad para llevar a la práctica su programa al depender del concurso y voluntad del Gobierno de España. Carece de la competencia de prisiones. Pero tampoco establece su estrategia para obtenerla. Aporta, por el contrario, un programa imbuido de mero voluntarismo: «no tiene garantías», asume.

El ministro Fernández Díaz le ha respondido. En su estilo. Le ha dicho, en línea con Schmitt, el jurista de cabecera del III Reich, que el soberano, quien dispone del monopolio de la decisión última sobre la excepción, es él. El Estado español impone. Porque puede. Lamentablemente. Jonan Fernández conocía que esta sería la respuesta. De hecho, sabía que este plan no agradaría a nadie, evidencia del inconfundible oportunismo de Hitzeman. Ante el vértigo de que se verifique que no hace, el Secretario de Paz y Convivencia tiene que hacer que hace. Sabía que no recibiría apoyo, pero en sintonía con su práctica habitual, lo prefiere así para dar la impresión de que todos ladran, luego él cabalga. Nuevos fuegos de artificio con los que brillar. En nombre del consenso, pero contra todos. Oportunismo que le sitúa en el centro para poder mantener la cantinela del reconocimiento de sufrimiento injusto siempre unidireccional.

Reconocimiento sobre el que interpela a los presos, sin los presos. Les impone tareas sin contrastarlas. Establece qué deben hacer sin siquiera ponerse en contacto con sus destinatarios. Vuelve a tratar a los presos como objeto, en vez de sujetos, sujetos con voz y con derechos.

Yerra Jonan Fernández en el análisis con Hitzeman al no enfrentar la excepción, sino legitimarla. No combatirla, sino reforzarla al soportar su programa sobre ella. EHBildu, por contra, trabaja para la superación de toda excepción. Lucha por traer un marco legal que no margine derechos de nadie, sino que haga efectivos los de todos y todas. Por supuesto, también los de los y las presas políticas vascas. EHBildu extiende su mano para establecer una legislación que si ha de ser excepcional lo sea por restaurar todos y cada uno de los derechos y libertades de la ciudadanía vasca y, con ellos, la paz y la normalidad política. Que esta reivindicación básica se convierta en fuerza incontenible.

Huelga decir que frente a aquella visión fascista de Schmitt del soberano como gestor de la imposición, el concepto de soberanía que defiende EHBildu es el que reposa sobre la determinación, la voluntad y la decisión libre de este pueblo.







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