Compromiso y Convivencia Democrática

Diez años se dice fácil.

Es el tiempo que ha transcurrido desde que la sociedad vasca se organizara para romper con los ciclos de violencia que el imperialismo español impuso a sangre y fuego hace ya ocho décadas.

Se reconoce que en esta complicada década ha habido algunos avances en la paz y en la reconciliación, aunque a decir verdad, también ha habido duros retrocesos y muy poco se ha hecho para cumplir con el tercer componente del proceso de DDR de ETA, columna vertebral del proceso de paz iniciado en Aiete.

Al respecto de eso y mucho más, les compartimos este texto dado a conocer en el portal de Rebelión:

Compromiso social para una convivencia democrática en el País Vasco y Navarra

José Luis Uriz y Agus Hernan | Foro Social Permanente

En octubre se cumplirán 10 años de la Conferencia Internacional por la paz de Aiete (San Sebastián), preludio de la declaración de ETA tres días después y, pese a las dificultades del proceso de construcción de paz, el País Vasco y Navarra encaran una nueva fase de esperanza.

Son numerosos los pasos que se están dando en la construcción de una convivencia democrática, tanto en lo que se refiere al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, para superar las aún existentes discriminaciones hacia las víctimas del Estado (GAL, tortura, etc), como en la aún difícil construcción de una memoria crítica compartida que, sin dejar de mirar atrás, dé pasos decididos hacia el futuro y, como tercer aspecto, en el camino hacia una nueva política penitenciaria más acorde con el contexto actual.

Sin perder nunca el norte de las tres tareas enunciadas, este artículo pretende centrarse en la tercera de estas cuestiones: las 207 personas que fueron de ETA y que cumplen condena en Francia y España.

El pasado 2 de julio, Instituciones Penitenciarias anunció el traslado de los últimos presos que aún quedaban en la cárcel gaditana de Puerto III a cárceles de la periferia del País Vasco y Navarra.

Con este anuncio, se cierra la primera fase del cambio en política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció tras su llegada a la Moncloa.

Los primeros acercamientos se produjeron en septiembre de 2018. Las inercias del pasado, la propia inestabilidad del gobierno y el posterior bucle electoral que se dio hasta enero de 2020 pueden explicar, en parte, el ritmo lento inicial y el prolongado parón posterior que caracterizaron la primera fase de acercamientos (30 acercamientos en 18 meses), con un ritmo medio de 2 por mes hasta enero de 2020.

Esta secuencia nos sitúa en el 19 de junio de 2020, fecha en la que se materializa el primero de los acercamientos anunciados en abril, mayo y junio, manteniendo desde entonces un ritmo constante durante todo el curso 2020-2021 hasta su reciente consecución.

Aunque más lento de lo que hubiéramos deseado, y a la espera del objetivo final de que todos cumplan sus condenadas en las cuatro cárceles de ambos territorios, tenemos que reconocer que el presidente del gobierno ha conseguido hacer virar el transatlántico de una política penitenciaria basada en una lógica antiterrorista muy anclada en lógicas punitivistas extendidas entre la opinión pública y mediática española.

Y lo ha conseguido pese al fuerte lobby opuesto a esta nueva política. Un lobby anclado en lógicas de vencedores y vencidos, que pretende condicionar los pasos a dar en estas cuestiones, especialmente las políticas institucionales, pero también las resoluciones judiciales o administrativas que, ajustadas a la legislación penitenciaria ordinaria, posibilitan procesos como la progresión de grado o el disfrute de permisos con el objetivo de la reintegración plena de las personas presas.

Un lobby que, movido por intereses diferentes, reúne a sectores políticos, policiales, mediáticos, sectores de víctimas de ETA organizadas y otros sectores instalados en Instituciones Penitenciarias, Fiscalía y la judicatura.

Aunque su objetivo confeso ha sido crear una alarma social en la opinión pública española, debemos constatar su cada vez menor influencia y capacidad de condicionar el cambio en la política penitenciaria.

Para finalizar este apartado, queremos mencionar dos aspectos que nos preocupan especialmente:

• Las fuertes críticas que está recibiendo la asociación de víctimas de ETA que está defendiendo la legalidad de la política de acercamientos.

• Los insultos a víctimas de ETA no organizadas por el hecho de trasladar desde su voz propia un mensaje de diálogo y empatía hacia otros sufrimientos.

Estos ataques no han hecho más que ampliarse en estos últimos meses hasta niveles que, en el contexto abierto con la desaparición de ETA, parecía inimaginable que se pudieran dar.

Todos estos movimientos no son, lamentablemente, ajenos a los impulsos de ciertos partidos políticos del estado en su estrategia de acoso y derribo al Gobierno Español.

Al mismo tiempo, nos consta que, a fecha de hoy, la inmensa mayoría de las 158 personas encarceladas en el Estado español, independientemente del grado en el que estén, han aportado motu proprio escritos desde su trayectoria vital y su vivencia personal, en los que hacen un reconocimiento expreso del daño causado, un reconocimiento del dolor de las víctimas y, muchas de ellas, muestran su empatía hacia el sufrimiento de las víctimas.

Asimismo, expresan su compromiso exclusivo por las vías pacíficas y democráticas como medios de acción política de futuro y una voluntad o compromiso de recorrer la vía penitenciaria.

Debemos recordar que, según la legislación penitenciaria, para progresar de primer a segundo grado no es condición sine qua non el reconocimiento del daño causado. Sin embargo, sí lo es para la progresión a tercer grado y para la obtención de ciertos beneficios penitenciarios.

Así las cosas, que estas personas que fueron militantes o que fueron condenadas en relación con la actividad de ETA den el paso de redactarlo supone, en opinión del Foro Social Permanente, una importante contribución a la convivencia democrática.

Corriente de opinión

Somos conscientes de las enormes incomprensiones que existen en el conjunto del Estado español hacia el nuevo escenario sin violencias que se vive, pero queremos insistir en que los pasos dados –fin del aislamiento, evolución a segundo grado y acercamientos- son simplemente políticas ajustadas a derecho aplicadas a la inmensa mayoría de la población reclusa en España, en el objetivo constitucional de facilitar su reinserción al finalizar el cumplimiento de la condena. Lo hecho hasta ahora desde Instituciones Penitenciarias no resulta ser ningún beneficio, sino la aplicación estricta de la legislación penitenciaria.

Sin embargo, debemos constatar que existe un reverso a este lobby en tres aspectos positivos:

• El Gobierno español ha mantenido su política de acercamientos y evolución de grados, pese a los intentos para obstaculizarlos.

• Existe una mayoría consolidada de un 55% del Congreso español favorable a una adecuación y normalización de la política penitenciaria.

• El apoyo a esta política desde una de las más activas de las asociaciones y de víctimas de ETA no organizadas.

El cambio de política penitenciaria no ha terminado. Es necesario que ahora el transatlántico coja velocidad de crucero en las cuestiones pendientes: el cumplimiento de sus condenas en las cárceles vascas y de navarra; que las 119 personas presas que tienen ya derecho progresen a tercer grado; que quienes han cumplido condenas en Francia puedan acumularlas en aplicación de la Decisión Marco europea que permite acumular las penas cumplidas en otros países comunitarios y, finalmente, encontrar una solución razonable e innovadora a las personas condenadas con la ley 7/2003.

Existe un consenso muy extendido en el País Vasco y Navarra de que solucionar la cuestión de las personas presas sería una aportación a la convivencia democrática.

En muchas ocasiones, se plantea esta cuestión desde la dicotomía “víctimas O presos”. Sin embargo, desde el Foro Social Permanente planteamos que no hay ninguna dicotomía. La solución pasa precisamente por “víctimas Y presos”.

En una sociedad reencontrada en torno a una convivencia democrática, ambos aspectos deben resolverse.

Desde el Foro Social venimos trabajando en Catalunya, Andalucía y Madrid, organizando encuentros, manteniendo reuniones públicas y privadas, publicando artículos de opinión como este, para coadyuvar a generar una corriente de opinión democrática en el Estado favorable a la convivencia democrática en el País Vasco y Navarra.

Somos conscientes de que son pequeñas gotas de agua en un desierto.

Es hora ya de superar tantas incomprensiones y desencuentros. Es necesario profundizar en esta tarea y hacer mucha pedagogía.

En el País Vasco y Navarra estamos dando pasos decididos hacía un compromiso social para una convivencia democrática.

Y, para ello, necesitamos que se nos acompañe desde los sectores progresistas –políticos, sindicales y sociales- del Estado Español que creen que esto es posible. Solas no lo conseguiremos.

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