La «Urgencia Absoluta» Jacobina

Ayer se llegó a la marca de los 85 años de aquel levantamiento militar fascista con el que Europa aplastó a sangre y fuego -mucha sangre y mucho fuego- al fantasma que recorría el extremo oeste del continente. De todos es conocida esa tendencia que tienen los regímenes fascistas a inventarse "enemigos internos". También sabemos que en más de una ocasión los socialdemócratas han estado dispuestos a hacer lo que sea necesario para apaciguar a los fascistas.

Pues bien, todo lo anterior es el caldo de cultivo para entender lo que sucedió 50 años después de aquel golpe de estado, mismo que ha logrado perpetuarse gracias a un lavado de cara que nos ha entregado un régimen con exactamente las mismas filias y las mismas fobias de aquellos oligarcas y militares no nacionalistas que asesinaron a quien hubo que asesinar para restablecer sobre la faz de la Tierra a la España Una Bajo Dios.

Lean ustedes esto que se publica en Naiz:

35 años del procedimiento de «urgencia absoluta»

Ibai Azparren Eguillor

El 19 de julio de 1986, hace 35 años, el Gobierno francés invocó una ley aprobada tras la II Guerra Mundial para expulsar por vez primera a un refugiado vasco residente en Ipar Euskal Herria. Más de un centenar fueron entregados de Policía a Policía, y la mayoría denunció torturas.

Agustín Azkarate, Txema López Varona, Luis Mari Ruiz Sainz, Juan Ramón Nafarrete Artetxe, José Luis Artola ‘Ortzi’, Milagros Erbiti Treku, Joxe Domingo Aizpurua, Arnaldo Otegi, Josu Muguruza, entre otras persona sufrieron la expulsión y entrega de Policía a Policía.

En total 176 vascos, de los cuales 105 quedaron en libertad, en su mayoría con denuncias de torturas.

Junto con Joseba Sarrionaindia también volvió a Euskal Herria el refugiado vasco Agustín Azkarate. Su dura historia, que le llevó a soportar seis días de torturas y tener que huir por miedo a que el tormento se repitiera, invita a desempolvar un procedimiento llamado de «urgencia absoluta», un método arbitrario de entrega inaugurado por el Gobierno de Jacques Chirac y mediante el cual cientos de refugiados vascos fueron entregados, de Policía a Policía, al Estado español, en la mayoría de los casos denunciando salvajes torturas.

Instalado François Mitterrand en el Elíseo y Felipe González en Moncloa, la cooperación para acabar con ETA tomó un nuevo rumbo hasta entonces insospechado que se reflejó en los llamados Acuerdos de la Castellana: en julio de 1984 el Consejo de Estado francés retiraba el Estatuto de refugiado a los primeros huidos a Ipar Euskal Herria, comenzaban las deportaciones a lejanos países y, tras prescindir Mitterrand de los comunistas para formar un nuevo gabinete con Pierre Joxe como ministro de Interior, se llevaron a cabo las primeras extradiciones. Las palabras que su predecesor, Gaston Deferre, promulgó dos años antes quedarían enterradas en la historia: «La extradición va en contra de las tradiciones de Francia».

Fue a partir del año 1986 cuando se inició el proceso de entregas sin ningún tipo de control judicial. Las elecciones de ese mismo año trajeron a la Asamblea Nacional francesa una mayoría conservadora que llevó a Mitterrand a ofrecer el cargo de primer ministro a Jacques Chirac, primer jefe de Gobierno en la V República de tendencia opuesta a la del jefe del Estado, dando paso a la «première cohabitation».

Chirac, que durante la campaña electoral había mostrado su oposición a los términos del Tratado de Adhesión del Estado español a la CCEE, cambio de opinión nada más asumir el cargo. Tras el «viraje» proatlantista del PSOE y su victoria electoral en junio de 1986, las relaciones entre ambos iban viento en popa, hasta tal punto que el propio Chirac llegó a declarar que «lo que nos une debe ser considerado como realmente esencial, y lo que nos separa como accesorio».

Durante este periodo, se multiplicaron las cumbres francoespañolas sobre seguridad se produjeron varias expulsiones sin mandato judicial. Pero no fue hasta julio de 1986 cuando el Ejecutivo francés aplicó el procedimiento de «urgencia absoluta» en base a una ordenanza del 2 de noviembre de 1945: «En caso de urgencia absoluta... se puede pronunciar la expulsión cuando la presencia del extranjero en el territorio francés constituya para la opinión pública una amenaza que presente un carácter de particular gravedad».

La medida fue aplicada por primera vez con la entrega a la Policía española del refugiado vasco Txema López Varona, el 19 de julio de 1986, hace 35 años. Denunció torturas, y muchos vascos y vascas seguirían su destino, entregados de Policía a Policía, pese no tener ninguna inculpación y sin ningún tipo de garantía.

Euskal Memoria recoge varios testimonios de refugiados en el informe ‘Tortura en Francia’. Luis Mari Ruiz Sainz, por ejemplo, fue expulsado pese a ser residente en el Estado francés desde los seis años de edad. Juan Ramón Nafarrete Artetxe pasó una larga noche esposado en un armario del puesto fronterizo de la PAF de Dantxarinea. Durante el viaje de entrega, relató que «hubo dos paradas de una hora, donde me sacaban del coche y me golpeaban con ramas que encontraban. A un forense le indiqué que había sido maltratado. Justo después de irse el forense, un alto mando de las Brigadas operativas se me abalanzó como un loco, gritándome que qué derecho tenía yo a quejarme de unos golpecitos cuando en realidad merecía la muerte».

José Luis Artola ‘Ortzi’, refugiado de Villabona, narró en este informe cómo nada más cruzar la frontera empezaron a golpearle. «Lo peor era que te pellizcaban los testículos, una vez uno, otra vez otro, hasta quedarte casi sin sentido del dolor». Josu Muguruza también fue capturado en 1987. Se le aplicó electricidad en distintas partes del cuerpo. Arnaldo Otegi, prosigue el informe, sufrió sesiones de electrodos, golpes y quemaduras de cigarrillos en el cuerpo en un cuartel que parecía el de Intxaurrondo, si bien no podía asegurarlo porque estuvo con los ojos vendados. Milagros Erbiti Treku fue la primera mujer expulsada por este procedimiento.

Razzia, GAL y acuerdos económicos

El 3 de octubre de 1987, el Estado francés iniciaba uno de los mayores operativos realizados contra los refugiados vascos. Dos mil agentes participaron en la razzia que terminó con más de 200 personas detenidas, 60 entregadas a la Policía española, 15 deportadas y decenas encarceladas. Niños y ancianos fueron capturados en sus casas en el marco de un operativo dirigido desde París por una jefatura policial franco-española.

En los días posteriores, los escaparates de las localidades de Ipar Euskal Herria amanecieron con carteles alusivos a «razzia» y desde Hego Euskal Herria se afirmaba que la operación y las entregas no eran más que la contrapartida por terminar con el GAL. París esperaba reciprocidad y la tuvo: con Chirac como jefe de Gobierno, los GAL solo cometieron un atentado, el 24 de julio de 1987, en el que murió Juan Carlos García Goena.

Pero el Gobierno francés no solo deseaba apagar los focos desestabilizadores del orden público en el territorio. Antes de finalizar 1986, el Consejo español de Ministros decidió firmar la compra de 18 helicópteros Super-Puma franceses. La industria francesa quiso asumir la modernización ferroviaria española y el Gobierno de París aprovechó la ocasión para negociarlo con el Estado español. Felipe González siempre negó que los acuerdos contra ETA escondiesen otros en materia económica. No obstante, las sospechas aumentan con declaraciones como las de Jose Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, que en el programa ‘Protagonistas’ de la Cadena Cope subrayó que firmaría, sin dudar, la compra de los trenes de alta velocidad al Estado francés «si en el primer viaje trajeran en sus vagones a todos los miembros de ETA».

Chirac y Mitterrand gobernaron hasta que este último ganó las elecciones presidenciales de 1988, disolvió la Asamblea y convocó legislativas. Terminaba la era de la cohabitación y Pierre Joxe fue designado nuevamente ministro del Interior. El nuevo Gobierno suprimió el procedimiento de urgencia absoluta que, en los 16 meses que estuvo en vigor, propició la expulsión y entrega de Policía a Policía de 176 vascos, de los cuales 105 quedaron en libertad, en su mayoría con denuncias de torturas.

Pese a que el extraordinario procedimiento cayó en desuso, la entrega directa a las fuerzas policiales españolas con graves denuncias de torturas se repitió en la década de los 90 durante un largo periodo de tiempo, a partir del año 94. Era el caso de los presos vascos que terminaban su condena en el Estado francés y no tenían causa alguna en el español. Las autoridades francesas entregaban a los ya expresos a la Guardia Civil en la frontera y esta los conducía a dependencias policiales en busca de información o de declaraciones autoinculpatorias para llevarlas al juez. Algunos casos fueron especialmente salvajes.

El informe ‘Tortura en Francia’ recoge el caso de Joxe Domingo Aizpurua. Mediante el procedimiento denominado «reconducción a la frontera», Aizpurua fue entregado a la Guardia Civil y denunció que había recibido golpes, que le aplicaron electrodos, la bolsa y todo tipo de malos tratos.

La amenaza segura del tormento obligó a los presos vascos a iniciar huelgas de hambre semanas antes de la finalización de sus condenas en el Estado francés, de tal modo que, en el momento de la entrega, su estado físico fuese tan malo que provocara su ingreso en un centro hospitalario y evitar así el paso por manos de los torturadores.

Estas prácticas que se prolongaron durante años, que implicaron de una u otra forma a ambos estados y que contaron con el silencio de la mayoría de los partidos y medios de comunicación, componen parte un episodio realmente oscuro del relato no suficientemente narrado del conflicto vasco, que ha vuelto a aparecer otra vez durante estos días en el juicio del proceso 13/13 que se celebra en la Audiencia Nacional española. La tortura.

 

 

 

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