Desde este blog consideramos que las propuestas por parte del Ministerio de Igualdad del estado español son avances en positivo en lo que respecta al desmantelamiento de la cultura patriarcal.
Aquí lo que nos informa Naiz:
El Ministerio de Igualdad español pretende eliminar los tres días de reflexión antes de abortar
El Ministerio de Igualdad del Gobierno español ha anunciado su intención de eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes abortar. «Es importante que lancemos el mensaje de que las decisiones de las mujeres no necesitan tutela», ha dicho la ministra Irene Montero.La ministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, ha avanzado este jueves su intención de eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de proceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y promocionar los métodos anticonceptivos masculinos en la futura reforma de la ley del aborto.
Lo ha anunciado durante la inauguración de los conversatorios sobre salud sexual y reproductiva organizados por el Instituto de las Mujeres, en la que ha asegurado que «España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto», por lo que el Ministerio de Igualdad se «va a volcar» en los próximos meses en impulsar la reforma de la Ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva.
La ministra ha reconocido el «avance significativo» que supuso la aprobación de la ley en 2010, pero cree que en la actualidad existen «barreras» que impiden el acceso efectivo a este derecho, además del «retroceso» de la reforma de 2015 impulsada por el PP y que obliga a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus progenitores para poder llevar a cabo la interrupción del embarazo.
«La ley del aborto necesita ser reformada», ha aseverado Montero, que ha anunciado que en esa modificación se eliminarán los tres días de reflexión que ahora son obligatorios antes de interrumpir un embarazo. «Es importante que lancemos el mensaje de que las decisiones de las mujeres no necesitan tutela», ha dicho.
Penalización del acoso y objeción de conciencia
Además, se garantizará que las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y sus entornos sean lugares seguros para las mujeres y los sanitarios que trabajan en ellas, por lo que se penalizará el acoso, que se da también en Euskal Herria, «uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres» que necesitan o desean interrumpir su embarazo.
La ministra ha puesto el ejemplo del Estado francés, y ha subrayado que como el Gobierno parisino, las instituciones deben garantizar que las clínicas y sus entornos son lugares seguros. «Penalizaremos el acoso, que principalmente procede de grupos de extrema derecha, en estas clínicas».
La futura ley garantizará que cualquier mujer pueda ejercer su derecho a la IVE en un hospital público, cercano a su domicilio y elegir el método para llevar a cabo la interrupción y, para garantizar que esto sea así, Montero cree «imprescindible» regular la objeción de conciencia de los sanitarios porque «ese derecho no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propio cuerpo».
La ministra ha subrayado la importancia de garantizar el derecho a la anticoncepción y que su acceso no solo sea efectivo para las mujeres, sino también para los hombres, por lo que ha indicado que la reforma promocionará la anticoncepción masculina y potenciará el acceso a los métodos anticonceptivos masculinos.
Hacia la cultura del consentimiento
La reforma de la ley del aborto, que Montero confía en tener concluida en esta legislatura, quiere promover la educación afectivo-sexual, «puesta en tela de juicio por parte de la extrema derecha».
La titular de Igualdad apuesta por «blindar» la educación afectivo-sexual porque es un derecho de los niños y niñas y constituye una herramienta para acabar con las violencias contra las mujeres y transformar «la cultura de la violación en la cultura del consentimiento».
La ley dará respuesta, asimismo, a determinadas violencias que se ejercen contra las mujeres en el ámbito reproductivo, como la violencia obstétrica y la explotación reproductiva (la gestación subrogada). «Son fundamentales si queremos consolidar los derechos feministas», ha indicado.
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