La Excepcionalidad Contra Catalunya

Les compartimos este texto en el cual se hace un recuento de todas las artimañas antidemocráticas que Madrid ha utilizado en contra del pueblo catalán, el mismo ha sido publicado en la página de Orain:

Mirando a Cataluña

Jon Iñarritu | Senador por EH Bildu

Durante estos meses, que la actividad política y parlamentaria ha estado centrada en Cataluña, ha quedado en evidencia la imposibilidad actual de resolver por vías democráticas y bilaterales los conflictos territoriales en el Estado español. Contrariamente a lo que ocurre en otras democracias occidentales ante casos similares, la represión y la excepcionalidad han sido los instrumentos elegidos por los poderes españoles para gestionar el affaire catalán. Este comportamiento sui generis del Estado ha quedado en evidencia en algunos de los hechos acaecidos que mencionaré a continuación.

El primer hecho destacable, fue la brutalidad policial del referéndum del 1 de octubre, que produjo 1.066 heridos. Imágenes dantescas que dieron la vuelta al mundo. Ese día, el Gobierno español consiguió dos hitos históricos. Por un lado, fue la primera represión conocida en la historia de un plebiscito electoral. Nunca antes se habían reprimido unas elecciones, una consulta o un referéndum, ya fueran estas legales, ilegales o alegales. De igual modo, aquellos días el Estado consiguió el mayor número de portadas en medios extranjeros hablando de España, eso sí de manera negativa.

Se ha teorizado mucho sobre qué llevó al Gobierno a enviar a miles de guardias civiles y policías a reprimir a pacíficos votantes. Algunos creen que fue un error de cálculo, pero si tenemos en cuenta las encuestas de días anteriores, que estimaban una participación superior al 60%, lo más factible es pensar que la represión policial fuera exactamente la planificada por Madrid.

Los estándares europeos e internacionales fijan en un mínimo de participación del 50% en este tipo de iniciativas para ser reconocidas, por lo que, lo lógico, es pensar que la operación policial pretendía impedir que la participación hubiera sido superior a la cifra señalada, tanto saboteando el proceso por la vía de la sustracción de urnas, papeletas, como especialmente con las imágenes de violencia policial, a primera hora de la mañana, en varios colegios (especialmente en los que estaban los medios de comunicación) con el fin de atemorizar a miles de potenciales votantes. Se trataba de quebrar las garantías para luego decir que no habían existido. Ese día, el principal objetivo del establishment era sabotear la credibilidad del referéndum a cualquier precio, incluso dañando su imagen internacional.

En segundo lugar, en el contexto de represión posterior a la declaración de independencia del 10 de octubre, se han vivido varios hechos de una excepcionalidad inusitada tanto en el plano jurídico como en el policial o en el parlamentario. En el plano jurídico, lo más chocante fue el encarcelamiento, tanto de los dos líderes de la ANC y de OMNIUM, así como el de los miembros del Govern, que no se encontraban en Bélgica. Una medida preventiva desproporcionada e injustificada tomada por el tribunal de excepción español, que es la Audiencia Nacional.

Todo ello tipificando la actuación de estas personas dentro de los delitos de sedición y rebelión, algo que jurídicamente es más que cuestionable. Mientras el establisment repetía el mantra de que “en España no existen presos políticos sino que hay políticos presos”, pero lo que no pueden negar es que los presos catalanes cumplen varios de los criterios fijados por el Consejo de Europa, el 3 de octubre de 2012, para ser definidos como presos políticos. Ahora bien, la reflexión que cabía hacerse era aun de mayor calado: ¿Existe algún precedente en estados democráticos donde se haya encarcelado a un gobierno legítimo por hechos de naturaleza política y pacífica?

En tercer lugar, otro hecho excepcional fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Una de las preguntas que se han hecho numerosos juristas es si ese artículo habilita al Gobierno central para destituir a un gobierno autonómico y convocar elecciones autonómicas. Ya que lo primero que hizo el presidente Rajoy fue precisamente eso, llamar a las urnas el 21 de diciembre en Cataluña, lo más probable pensando que alguna fuerza soberanista no se presentaría a las mismas.

En relación a la campaña, pronto observamos que no era una contienda electoral al uso, más allá de que los principales líderes soberanistas estaban en prisión y en el exilio, se trató de campaña de Estado. En ella todos los poderes clásicos y fácticos del Estado intervinieron. Algo muy similar a lo vivido en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en el año 2001. Por ello, los resultados de la noche electoral sembraron de incredulidad y desasosiego, tanto a la corte madrileña como las redacciones de la mayor parte de medios de comunicación allí establecidos.

En esta ocasión, el Estado repitió la receta utilizada en la CAV en aquella “Operación Mayor Oreja-Redondo Terreros” y obtuvo el mismo resultado. El unionismo creyó que aplicando técnicas de manual y criminalizando al independentismo ad absurdum conseguiría derrotarlo, pero el panorama electoral sigue siendo muy similar al anterior. Algunos especialistas en teoría política apuntan al efecto Bandwagon o al efecto Underdog, para explicar el fracaso y el ridículo de Rajoy, pero personalmente me oriento más por pensar que una de las características del permanente “problema español” es que se siguen sin (re)conocer las naciones que existen en el Estado y por ello se llevan estas sorpresas ¿Y ahora qué?

Las autoridades legítimas catalanas cifran en 18 las ocasiones en las que, en los últimos años, han solicitado al Gobierno español que acordase un referéndum pactado sobre el futuro institucional de Cataluña y en todas ellas recibieron un portazo. La unilateralidad del Estado ha producido una respuesta del mismo tipo en las autoridades catalanas, que convocaron un referéndum siguiendo el mandato político que habían recibido. Frente a ello, el Estado ha puesto en marcha una maquinaria represiva y punitiva, superando todas las líneas rojas y todo ello para no resolver nada. Ahora la pregunta clave es si se extraerán lecciones de la situación vivida o seguirán con la misma receta represiva imputando a más de 100 representantes políticos, asociativos y a 700 alcaldes entre otros.

En definitiva, la realidad es que el Estado español no aborda los conflictos territoriales como lo hacen los estados occidentales más avanzados. Hemos sido testigos de referéndums pactados en Escocia, Montenegro y otro que se celebrará el próximo mes de abril en las Islas Feroe. Del mismo modo, hemos observado como varios Estados han modificado su marco constitucional para prever salidas en base al principio democrático para casos como el de Irlanda del Norte, Groenlandia o Quebec, pero como Spain is different, parece que el momento en que algo similar ocurra en el Estado está lejos.

Por ello, la prioridad de aquellas fuerzas políticas que defienden que sean los ciudadanos de las naciones sin Estado quienes decidan su futuro institucional debe ser continuar sumando mayorías tanto en sus territorios, como y dentro del Estado y en la Unión Europea. El trabajo conjunto es clave para que este principio sea reconocido y respetado sin violencia y sin represión por Estados anclados en el pasado.

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