Ante la Agresión de Madrid a sus Víctimas

Si realmente viviéramos en la utopía de legalidad internacional que nos venden a diario en los medios de comunicación, la sola denuncia de la existencia de esa aberración jurídica denominada Instrucción I-3/2017 tendría que haber provocado una ola de repulsa en el mundo entero. Como mínimo, los embajadores españoles en cada estado-nación perteneciente a la ONU tendrían que haber sido citados ante las autoridades correspondientes para explicar este brutal ataque en contra de las garantías individuales y los derechos humanos de los presos políticos vascos gravemente enfermos. Pero no fue así, de hecho, dudamos que el escándalo haya rebasado las fronteras de la propia Euskal Herria.

Esa es la distopía en la que vivimos.

Así que cuando nos hemos enterado de esta iniciativa por parte de Jonan Fernández con respecto a la revictimización por parte de Madrid de las víctimas vascas de sus distintas instituciones represivas, no nos ha quedado más que desearle la mejor de las suertes.

Les invitamos a leer este artículo publicado por Noticias de Navarra:

El Gobierno Vasco busca apoyo internacional para la ley de abusos policiales

Fernández recuerda que la ley pretende “reconocer víctimas, no buscar culpables”

Miriam Vázquez y Juan Herrero

El Gobierno Vasco se prepara para la carrera de fondo que va a suponer defender ante la justicia e instancias internacionales su ley de reparación a las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. El recurso presentado por el Gobierno español de Mariano Rajoy supone un escollo en el reconocimiento de esas víctimas y va a demorar ese proceso, para el que el Gobierno Vasco ya está examinando las posibles soluciones, que incluso pasarían por buscar apoyo internacional en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, compareció ayer en la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián para denunciar que Madrid se haya basado en “pretextos y excusas” y no en argumentos jurídicos. Todavía no conoce la letra concreta del recurso pero, por las informaciones que le llegan, se pide congelar inmediatamente cinco artículos. La primera batalla jurídica que va a librar buscará que el Tribunal Constitucional no atienda esa petición de suspensión, aunque no es una pelea sencilla porque los jueces acostumbran a asumir las medidas cautelares que pide el Estado. Los magistrados tienen cinco meses para decidir sobre ese extremo.

En cuanto al fondo del asunto, el fallo puede demorarse dos años. En ese ínterin, y teniendo en cuenta que es muy probable la suspensión cautelar de esos artículos, todo apunta a que no podrá avanzarse demasiado en el proceso de reconocimiento. Además, si avanzase, se podría desencadenar un problema de seguridad jurídica para las víctimas, ante las que Fernández no quiso generar ayer falsas expectativas. Lo que sí va a hacer el Gobierno Vasco es constituir la Comisión de Valoración compuesta por peritos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal y representantes nombrados por las instituciones vascas.

Reconocer, no culpabilizar

El meollo del conflicto radica en que Rajoy cree que la Comisión de Valoración se entromete en las competencias de los jueces. Cree que solo los tribunales pueden conceder la condición de víctima, y que la ley vasca puede endosar un delito a personas que no han sido condenadas. “Hace decir a la ley lo que no dice, para acto seguido tacharlo de inconstitucional. La ley no sólo no atribuye a la Comisión de Valoración ninguna competencia que invada la función de jueces o tribunales, sino que excluye expresamente esta posibilidad. Sus atribuciones se sitúan en un marco administrativo y no penal. No tiene ninguna misión de establecer culpables”, recalcó.

Fernández argumentó que todos los procesos de reconocimiento, ya sean de víctimas del terrorismo o de la violencia machista, son administrativos e idénticos al que prevé la ley recurrida. Cree que, si el reconocimiento de las víctimas dependiera de los jueces, muchas de ellas no estarían reconocidas. La razón de ser de los procesos de reconocimiento sería admitir que existen esas víctimas, y no fijar culpables ni endosar delitos.

Ahora entenderán por qué incluso el tal Iñaki Larrea Arrutia se atreve a extorsionar a abogados y periodistas por la parte que ha jugado en la defensa de los derechos de la familia del asesinado Iñigo Cabacas.

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