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jueves, 18 de mayo de 2017

Desaparecidos Hasta Hoy

El listado de crímenes de estado cometidos por Madrid en contra del pueblo vasco está bastante nutrido, no hace falta nada: seguimientos callejeros, pinchazos a lineas telefónicas fijas, ciberespionaje, escuchas, hostigamientos, allanamientos de madrugada, detenciones aparatosas, malos tratos, abuso verbal, abuso físico, abuso psicológico, torturas, incomunicación, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, juicios farsa, prisión "preventiva", aislamiento, medidas de excepción, dispersión, etc.

Por supuesto, la desaparición forzada no podía ser la excepción y de esta nos habla esta editorial de Naiz:


La Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU publicó ayer un informe sobre el «caso Pertur». El estudio no deja de ser una recopilación de lo que ya se conocía sobre la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe el 23 de julio de 1976, pero rescata de un olvido inducido varias verdades. La primera de ellas es que, cuatro décadas después, el de Pertur sigue siendo un caso de desaparición forzada. No por obvia conviene dejar de subrayar una de las conclusiones del informe: La desaparición es actual; evidentemente, no ha prescrito.

El estudio opta por no tomar partido por ninguna de las dos hipótesis existentes sobre la autoría de la desaparición (los aparatos del Estado o los grupos Bereziak de ETA p-m.), pero sí quiere dejar muy claro que «el devenir de la investigación fue muy deficiente desde un principio y a lo largo de los años sucesivos». Un desinterés oficial por aclarar lo ocurrido que el informe relaciona con su responsabilidad y sus implicaciones políticas, lo que ya de por sí resulta muy significativo, al igual que esta pregunta lanzada al aire en las conclusiones: «¿La autoría condiciona que se abra o cierre la puerta a la verdad?»

Aunque es la más sonada, la de Pertur no es la única desaparición no aclarada. Los allegados de José Miguel Etxeberria Naparra (desaparecido en 1980) y Jean-Luis Popo Larre (1983) esperan también aún a saber qué pasó. El de Naparra resulta paradigmático, ya que tras las últimas revelaciones sobre la posible localización de su cadáver las autoridades francesas ventilaron en un día una infructuosa y superficial búsqueda. También resulta más que significativo que, en el Congreso, PP y PSOE lleven seis meses retrasando la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales de 1968, que podría servir para desclasificar archivos que ayuden a esclarecer casos. Los años pasan y encontrar testigos es cada vez más difícil, por lo que urge romper pactos de silencio y obligar a las instituciones con capacidad de actuación a impulsar el esclarecimiento de estas violaciones de derechos humanos que se prolongan hasta hoy.






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