Desaparción Forzada Impune en México

El caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, ha puesto la lupa de la comunidad internacional sobre esta práctica que por común no deja de ser devastadora si se toma en cuenta las cifras a las que ha llegado esta lacra en México.

Al respecto, les compartimos este reportaje distribuido por el Comité Cerezo:

Descorazonadora Ley de Desaparición Forzada

Quienes de plano expresaron su desacuerdo con la Ley General son los colectivos de familias de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Desde 2012 éstos trabajaron en la elaboración de una iniciativa ciudadana que entregaron al Senado en 2015 y a la Cámara de Diputados en 2016; se denominó Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares.

Gloria Leticia Díaz | Proceso

Al final de las discusiones de la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el gobierno de Enrique Peña Nieto arrinconó a los colectivos de familias de desa­parecidos y defensores de derechos humanos para que cedieran en sus exigencias básicas. Ante el riesgo de perder incluso los avances parciales que ya se habían acordado, las familias aceptaron la iniciativa del Ejecutivo, que “no llega al corazón de la ley”, una Comisión Nacional de Búsqueda con un objetivo disperso y limitada para investigar, además de que los militares continúan protegidos.

Entrampados en los tiempos legislativos, colectivos de familias de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos terminaron por aceptar “con reservas” un proyecto de ley elaborado por el Senado que no responde del todo a sus demandas y que se quedó atorado en la Cámara de Diputados el 28 de abril.

La llamada Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, no pasó en este periodo como esperaban las familias de las víctimas integradas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Mndmx) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que fueron sometidas a una presión inusitada para revisar las observaciones al dictamen que hizo el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, seis días antes del cierre del periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Después de más de dos años de negociaciones en el Senado, esas familias se vieron obligadas a ceder en algunas de las condiciones mínimas expresadas en el dictamen que elaboraron con apoyo de organizaciones civiles, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Participantes en esas reuniones señalan que a eso las orillaron las intervenciones a última hora del subsecretario de Gobernación Roberto Campa, del titular de la Unidad Jurídica de la misma secretaría, David Arellano, y del coordinador de asesores del procurador Raúl Cervantes, José Juan Torres.

Después de días de estira y afloja, los familiares tuvieron que ceder. “No nos quedó otra, es lo máximo a lo que llegamos, y decidimos acompañar la ley aunque sabemos que está mocha, corta y flaca en algunas partes, y que nos quedan debiendo”, reconoce en entrevista Yolanda Morán Isáis, coordinadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).

Madre de Dan Jeremeel Fernández, desa­parecido hace ocho años, puntualiza que la decisión de “acompañar con reservas” la ley que salió de las negociaciones de última hora se asumió después de consultar a familiares de 49 colectivos y 43 organizaciones civiles del Mndmx, convencidos de que tendrán que seguir el mismo camino que con la Ley General de Víctimas, ante cuya inoperancia tuvieron que promover una reforma.

Al recordar que en diciembre del año pasado el Mndmx impulsó la campaña #NiUnPeriodoMas para que el Congreso de la Unión aprobara la ley general sobre desaparición en el periodo que concluyó el 28 de abril, Morán Isáis explica:

“A nosotros nos urgía tener la ley, porque si no la sacábamos ahorita, no lo íbamos a lograr por las elecciones que vienen en los estados, luego viene la selección de candidatos para 2018 y luego las elecciones de 2018; creíamos que si no salía en este periodo nos íbamos a tardar en sacarla o de plano se iban a sentar en ella como otras leyes”.

Lamenta que los senadores y el Ejecutivo “quedaran a deber” a las familias con los temas torales. Las deficiencias de la ley se centran en las debilidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, que operaría sin policía propia; la ausencia de castigo a los superiores jerárquicos en casos de desaparición forzada y la inclusión del término “personas no localizadas”, que no es considerado dentro de los estándares internacionales porque esas ausencias no se tipifican como atribuibles a la comisión de un delito o de una violación a derechos humanos.

Morán Isáis, cuyo hijo fue desaparecido por efectivos de inteligencia militar en Torreón, lamenta que las familias y organizaciones no pudieron remontar el “pacto de impunidad” de los políticos para que se consideraran en la ley sanciones para los superiores jerárquicos. Sólo podrán ser encausados mandos de bajo rango.

“La impunidad se queda, eso lo sabemos, porque lo negociaron entre ellos. Los legisladores aceptaron lo que les presentó Campa. El martes 25 Angélica de la Peña (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado), quien nos había ayudado muchísimo, dijo: ‘Ya se me acabaron los cartuchos, yo hasta aquí llego. Ya no se mueve nada del planteamiento irreductible del Ejecutivo’. Por eso decimos que nos quedan a deber”, apunta Morán Isáis.

La vocera del Mndmx resalta que en este proceso los familiares prefirieron “50% de algo a 100% de nada”, y que ahora su labor va a ser “estar pendientes en que nos demuestren que lo que ellos (gobierno y senadores) propusieron va a resolver la problemática, y es ahí donde vamos a exigir que cumplan.

“Vamos a estar como chinches en la oreja para vigilarlos, y si no funciona la Comisión Nacional de Búsqueda, que es lo que más nos interesa, se los vamos restregar, porque claramente les dijimos qué hacía falta.”

Protección a militares

Quienes de plano expresaron su desacuerdo con la Ley General son los colectivos de familias de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Desde 2012 éstos trabajaron en la elaboración de una iniciativa ciudadana que entregaron al Senado en 2015 y a la Cámara de Diputados en 2016; se denominó Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares.

Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecido junto con Gabriel Cruz Sánchez en 2007, sostiene que en la ley “no se ve reflejado el reconocimiento del Estado sobre la gravedad de la desaparición forzada en el país, que es una realidad que vive México desde los años sesenta”.

Dirigente del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Reyes Maldonado recuerda que en una reunión convocada el 31 de marzo en la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se comprometió a “retomar las exigencias” de los familiares de las víctimas.

“Cuando vimos que la propuesta final del Ejecutivo (entregada el viernes 21 de abril) no había retomado ninguna de las peticiones, como las sanciones al superior jerárquico o el banco de datos autónomo, vimos que era una simulación y que no había voluntad para modificar esa propuesta”, dice Reyes Maldonado.

Sostiene que la Ley General aprobada en el Senado el jueves 27 y estancada en las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia de la Cámara de Diputados a partir del día siguiente, “va a perpetuar la impunidad de mandos militares”.

Relata que en Gobernación, con los senadores y funcionarios del Ejecutivo “se sentaron militares a formar parte de las negociaciones. Cuando se tocaba el tema de la responsabilidad castrense en algunas desapariciones, o insistíamos en que la comisión debería tener facultades incluso para entrar a los cuarteles a buscar a víctimas de desaparición, era evidente la molestia y se encorchetaban los temas bajo el pretexto de que no había consenso; una vez más vimos que hay protección hacia los militares”.

Remarca además la falta de voluntad del gobierno, expresada a través de los operadores de la ley: Campa y Arellano, de Gobernación, y Torres, de la PGR, que “no querían crear ninguna nueva institución, argumentando falta de recursos”.

Convencida de que la labor de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada no ha culminado, Reyes Maldonado rescata el aprendizaje colectivo de estos años:

“Sabíamos que la ley es una herramienta. No quiere decir que el problema se va a resolver con ella, porque detrás de eso está la voluntad política para dejar de desaparecer a las personas, para investigar y castigar a los culpables, y mientras esa voluntad no exista y el Estado no reconozca su responsabilidad en las desapariciones, éstas van a continuar”.

“Nos acorralaron”

Margarita Michelle Quevedo Orozco, integrante de Enlaces Nacionales y de Familiares en Búsqueda María Herrera, también afirma que en la semana de negociaciones con Gobernación y el Senado las organizaciones representantes de las víctimas fueron presionadas:

“Nos acorralaron con la decisión. Ellos ya venían con una pared de lo que no se podía avanzar, y se peleó hasta el último momento, pero no lo logramos.”

La familia de esta joven sufrió la desa­parición de Gerson Quevedo Orozco, secuestrado en 2014, y los asesinatos de su hermano Alan y Miguel Caldelas, respectivamente el otro hermano y el novio de Michelle, caídos en un intento de rescatar a Gerson.

Margarita Michelle reprocha que Osorio Chong no haya cumplido su palabra: “Él se comprometió a crear una Comisión Nacional de Búsqueda robusta, y lo que tenemos no corresponde a lo que nosotros llamamos el corazón de la ley: queríamos una comisión con amplias facultades, de búsqueda inmediata, con policía propia, pero no fue así”.

Sin embargo, reconoce avances en temas forenses que pueden contribuir a la lucha de los colectivos, que también se dedican a buscar fosas clandestinas y restos humanos.

“Vamos a seguir con las búsquedas. Nada nos impide que sigamos haciéndolo. Creemos que es una forma de saber si la ley va a funcionar o no. Por lo pronto estamos conscientes de que no se atendió el corazón de la ley y que la Comisión Nacional de Búsqueda empieza con una gran cifra: 30 mil desaparecidos por lo menos, y que no se va a dar abasto”, puntualiza.

La saturación de casos podría ser mayor si se toma en cuenta que en la minuta de ley se incluyó como objetivos de la Comisión Nacional de Búsqueda encontrar a las “personas no localizadas”.

Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, confirma que en la última intervención de Gobernación el tema de los “no localizados” se convirtió en irreductible, pese a que esa inclusión no está prevista en la reforma constitucional al artículo 73 que da atribuciones al Senado para legislar en materia de desaparición forzada y la cometida por particulares.

“El término responde al contexto de minimizar el tema de los desaparecidos, pero además tiene complicaciones operativas”, explica Chamberlin.

De acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, apunta, cada año se localizan 40 mil personas y 30 mil permanecen desaparecidas, por lo que “estamos hablando de 70 mil casos al año que debería atender la Comisión Nacional de Búsqueda, que va a terminar ahogándose en buscar a los no localizados, que son esos que se pierden en el súper y que la policía actualmente ha podido localizar”.

Humberto Guerrero, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, apunta que en las discusiones “se convirtió en posición de Estado evitar las sanciones al superior jerárquico y (evitar) incluir en la ley la descripción de crimen de lesa humanidad para la desaparición forzada. Hubo una resistencia muy fuerte de la PGR, que participó en esta última etapa, para ceder a la Comisión Nacional de Búsqueda la investigación, la supervisión de operativos de exhumación y la atracción de competencias”.

Chamberlin y Guerrero reprueban el regateo que se dio en torno a la solicitud de las familias de que la Comisión Nacional de Búsqueda tuviera personal propio, así como el hecho de que al final esa instancia dependa de la disposición de agentes federales y estatales.

Ambos defensores, que acompañaron a las familias en el proceso de negociación de la Ley General, señalan que si bien no se consiguió la ley que pedían, hay avances respecto de la primera propuesta de Enrique Peña Nieto, expuesta en diciembre de 2015, e incluso en comparación con las observaciones del Ejecutivo presentadas en la última etapa.

Para Guerrero, las tensas negociaciones de los últimos días indican que “el Estado mexicano quiere esconder algo, quiere proteger a ciertas personas, por eso algunas de las resistencias que encontramos, pero la ley también logra poner herramientas para las víctimas que hoy no existen, para seguir exigiendo. Y no fueron concesiones. Si nos hubiéramos atenido a lo que el Ejecutivo proponía, sería lo mismo que tenemos ahora: nada”.

Chamberlin acepta que el cansancio de las familias también influyó en las negociaciones: “Ya habían pasado tres periodos de sesiones y la ley no salía, y se valoró que si no era en éste, la ley no iba a salir en el resto del sexenio”.

Para el defensor, el panorama resultante no es favorable para las víctimas de violaciones a derechos humanos:

“No veo condiciones políticas para que esto se mejore ni voluntad política para hacer una cosa diferente. Era lo que nos ofrecían o quedarnos como estamos. El avance va a depender de la presión que sigamos haciendo, una vez que la ley se apruebe, y vigilar que funcione lo que ellos propusieron”, puntualiza Chamberlin.

Este reportaje se publicó en la edición 2114 de la revista Proceso del 7 de mayo de 2017.

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