La Vigencia de los Derechos de lxs Presxs

En este artículo publicado en Gara nos hablan de doscientas adhesiones muy particulares a la convocatoria lanzada por Sare en favor del colectivo de presxs políticxs vascxs:

Juristas abogan por que Estrasburgo empuje para el fin de la dispersión

Más de 200 profesionales del Derecho se adhirieron ayer a la manifestación convocada por Sare para el 14 de enero en Bilbo. En esa comparecencia, abogaron por que el Tribunal de Estrasburgo empuje también para lograr el final de la dispersión. Su presidente acaba de afirmar en Euskal Herria que el asunto le parece relevante para su institución.

Agustín Goikoetxea

Juristas y profesores universitarios «de muy distinta condición e ideología» expresaron ayer en una comparecencia en Bilbo la necesidad de «conjugar los derechos a la manifestación y a la palabra» para acabar con la actual política penitenciaria que castiga a los presos y a sus familiares. Entre la nómina de personas que se han sumado al manifiesto se encuentran letrados o docentes como Periko Ibarra, Félix Cañada, German Kortabarria, Amaia Izko, Iñaki Goioaga...

Su adhesión a la marcha convocada por Sare para el 14 de enero en las calles de Bilbo, apuntó Nazario Oleaga, exdecano del Colegio de Abogados de Bizkaia, parte de su propia condición de profesionales del Derecho, que no les permite sentirse ajenos a una iniciativa que «reivindica algo tan básico e irrenunciable en las sociedades actuales como es la vigencia de los derechos fundamantales».

«Es perentorio decir que el nuevo tiempo en el que vivimos, tras décadas de violencia, de muchas violencias y sufrimientos, requiere una nueva forma de mirar el futuro. Este tiempo, este tiempo nuevo en el que nos encontramos –incidió la letrada Begoña Atxa–, exige que prevalezcan la equidad y la justicia sobre el odio y el rencor». Por ello, abogaron por la «urgente necesidad» de poner fin «a las injustas situaciones» que siguen viviendo cientos de presos y familiares. Y ello a pesar de que algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que subrayan el derecho de los prisioneros a cumplir sus condenas en cárceles próximas a sus domicilios habituales.

A este respecto, ayer precisamente, el presidente del TEDH, Guido Raimondi, señalaba en una entrevista concedida a ‘‘El Correo’’ con motivo de su visita a Euskal Herria que la dispersión es una cuestión «relevante» que se les puede plantear «en la medida en que entra en el marco del artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida familiar». Aclara que se haría analizando «caso a caso», sin entrar en términos generales. Es lo que ocurrió ya con la «doctrina Parot», anulada en 2013 a partir del recurso concreto de una presa vasca, Inés del Río.

En la misma entrevista, Raimondi rechaza pronunciarse sobre la petición de presos vascos de que se les descuenten los tiempos de condena cumplidos en otros estados en cumplimiento de la directiva europea de 2008. Aduce que es un asunto «candente» y que no puede referirse a los casos particulares «porque están pendientes de un pronunciamiento» por parte del tribunal que él preside.

Al ser interpelado sobre estas declaraciones, Nazario Oleaga aseguró que tiene constancia de la «preocupación» del presidente del TEDH «por este y otros asuntos», en referencia a la política de dispersión y el cómputo de penas cumplidas en otros estados, y destacó la «prudencia» con la que se manifiesta en público Guido Raimondi.

Desde Sare, Joseba Azkarraga destacó que hay distintas sentencias a nivel europeo que rechazan el alejamiento y añadió que es «lógico» que esa sucesión de casos individuales generen una jurisprudencia válida también para Euskal Herria.

En el manifiesto en el que los más de 200 profesionales del Derecho se suman a la movilización de enero, inciden precisamente en la «situación decepcionante y preocupante» ante la no aplicación por los tribunales españoles de las directrices europeas. Tampoco obvían los casos de los prisioneros con enfermedades graves e incurables, preguntándose por qué «se ignora la legalidad a sabiendas». «Nos preguntamos –reiteraron– la razón por la que deciden imponer la ‘autoridad’, sin escuchar a quienes están cumpliendo las penas, bajo un rigor inusitado que violenta la frágil salud de estos presos».

Los juristas cita la Ley 7/2003 como el sustento legal bajo el que se producen la mayor parte de vulneraciones. Apuestan por su derogación «urgente». «Estamos hablando de una ley que permite cadenas perpetuas encubiertas, en contra de los criterios recogidos en la propia Constitución española. Hablamos de una legislación hecha ‘a medida’ para cercenar derechos ya reconocidos; hablamos de nuevas tipificaciones incluidas en el Código Penal al margen de cualquier recomendación democrática; hablamos de puertas falsas para lograr que la venganza sustituya al Derecho».

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