Si hay un suceso que pone de manifiesto la virulencia de la saña represiva con la que Madrid ha operado en Hego Euskal Herria este es definitivamente la matanza de obreros llevada a cabo por las fuerzas armadas españolas en Gasteiz aquel lúgubre 3 de marzo de 1976.
Los hechos en Altsasu nos confirman que el régimen borbónico franquista no ha renunciado a esta estrategia punitiva.
Les presentamos esta nota publicada en Naiz:
Las principales instituciones alavesas presentan una querella por los sucesos del 3 de Marzo
La Diputación de Araba, las Juntas Generales del herrialde y el Ayuntamiento de Gasteiz han presentado en un juzgado de la capital una querella criminal por la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco trabajadores murieron y centenares de personas resultaron heridas después de que la Policía disolviera a tiros un asamblea que se estaba celebrando en la iglesia de San Francisco.
Las instituciones alavesas pretenden que se determinen las «responsabilidades penales y de cualquier otro tipo» que correspondan por lo ocurrido en Gasteiz aquel 3 de marzo de 1976.
La Diputación, las Juntas Generales y el Ayuntamiento de Gasteiz han denunciado, a través de un comunicado, que los sucesos de aquel día, por los que ninguna persona ha sido condenada, es un «crimen contra la humanidad».
Las Juntas Generales y la Diputación de Araba han presentado una querella conjunta, mientras que el Ayuntamiento ha registrado una querella en su propio nombre. De esta forma, las tres instituciones cumplen con los acuerdos adoptados por sus respectivos plenos y Consejo de Diputados.
El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz aprobó el 18 de marzo de 2016 un texto en el que se acordaba «iniciar acciones judiciales en los tribunales del Estado español». De esta forma, se pretendía que «se esclarezcan los hechos», por lo que se exigía que se determinen «las responsabilidades penales y de cualquier otro tipo que correspondan, derivadas de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, incluida la masacre del 3 de marzo de 1976».
Las Juntas Generales de Araba, por su parte, aprobaron un texto idéntico el 27 de abril de 2016, mientras que la Diputación ratificó la misma resolución el 7 de junio.
Estas instituciones ya habían acordado personarse en la causa judicial abierta en Argentina contra los crímenes del régimen franquista, en la que se incluye la investigación de los sucesos del 3 de marzo de 1976. No obstante, ahora han decidido presentar en un juzgado de la capital alavesa una querella criminal por aquella matanza.
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