En la entrevista que Ramón Cotarelo ha concedido a Alberto Pradilla el primero nos advierte que hay que andarse con cuidado con respecto a Podemos en lo que respecta a las relaciones de poder entre el PP y el PSOE a favor del régimen.
Dicho lo anterior y con la intención de mostrarles el grado de descomposición ética por parte de peperos y sociatas, les compartimos este reportaje encontrado en Público:
El dardo de Teresa Rodríguez a PSOE y PP por las cunetas del franquismo pone en riesgo la Ley de Memoria
El Parlamento ultima el texto de la futura norma que todos los grupos buscan aprobar “por unanimidad”. Los conservadores andaluces se distancian de la dirección nacional al proponer a la Junta una oficina de atención a las víctimas y que la Dictadura se estudie en Primaria aunque piden que se elimine la referencia a crímenes de lesa humanidad.
Daniel Cela
Los derechos de memoria histórica en Andalucía siguen una doble corriente a veces contradictoria: por un lado el Parlamento autonómico está ultimando la redacción de un proyecto de ley sobre este asunto en el que trabajan de forma activa todos los grupos políticos, incluido el PP, que ha registrado 29 enmiendas al borrador inicial de la ley, consensuada en la legislatura pasada por el Gobierno de coalición PSOE-IU. Entre esas enmiendas destacan algunas tan llamativas como la creación de una oficina de atención a las víctimas del franquismo, o la propuesta de incluir el estudio de la Guerra Civil y la Dictadura en el currículum oficial de educación Primaria.
Sin embargo, por otro lado, la memoria histórica se ha vuelto a convertir en un violento eje de confrontación izquierda-derecha, en el que Podemos ha cargado por igual contra PP y PSOE desde que los socialistas andaluces abanderan la abstención para facilitar el Gobierno a Mariano Rajoy. La segunda vertiente forma parte de la bronca política inherente al debate parlamentario y puede poner en riesgo el trabajo que están realizando los portavoces de Cultura de todos los partidos en la Cámara para consensuar la futura ley andaluza de Memoria Democrática, que debía ser aprobada a principios de 2017.
El Debate del Estado de la Comunidad andaluza de esta semana tuvo un punto de fractura casi irresoluble en la ya de por sí maltrecha relación entre PSOE y Podemos. Fue cuando la secretaria general del partido morado, Teresa Rodríguez, exigió a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que explicara “a los socialistas de corazón que tienen a sus abuelos enterrados en las cunetas por qué apuestan por un gobierno del PP”, partido, añadió, “que está en contra de la memoria histórica y que tiene sus antecedentes políticos más cercanos en el franquismo”. La líder morada apretó aún más las tuercas a sus rivales al tachar a Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE y del grupo parlamentario socialista, de “altavoz de una junta militar”, un término acuñado para describir a gobiernos formados por altos mandos de las fuerzas armadas, normalmente tras la toma del poder por un golpe de Estado.
Al hemiciclo andaluz debió sonarle aquel grito de Rodríguez como el comentario que hizo Pablo Iglesias en el Congreso, el pasado marzo, cuando reprochó al PSOE la “cal viva” de la guerra sucia contra ETA. “El señor Felipe González tiene el pasado manchado de cal viva”, había dicho Iglesias, un comentario que disgustó incluso entre los suyos, y que fue rescatado hace unos días por el grupo de violentos que impidió a González y al presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, pronunciar una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid.
En efecto, a Susana Díaz le irritó sobremanera aquel reproche de “cunetas” que hizo la dirigente morada, y así se lo hizo notar. “Para usted el enemigo es el PSOE esté donde esté, porque Podemos es antisocialista”. Pero la presidenta no fue la única en sentirse incómoda. En la bancada socialista se sientan muchos diputados que tienen a familiares desaparecidos, víctimas represaliadas del franquismo, que se sintieron ofendidos e insultados más allá del espectro político. El resto de fuerzas -PP, Ciudadanos e IU- también afeó el comentario de Rodríguez, reprochándole que usara un armamento pesado como la Guerra Civil y el franquismo en su “pulso personal con Susana Díaz”. “Para denunciar que el PSOE andaluz es el principal valedor de la abstención a Rajoy no era necesario recurrir a Franco ni violentar la memoria de las víctimas socialistas del fascismo. Eso es juego sucio”, dice un miembro crítico de Podemos.
¿Por qué esa coincidencia entre formaciones políticas tan dispares? Probablemente porque el debate andaluz tuvo lugar unas horas después de la protesta contra Felipe González en la universidad madrileña, un acto condenado por todos los partidos en Andalucía, salvo Podemos. Pero también, porque la alusión de Rodríguez a las cunetas del franquismo desentierra un cisma entre la derecha y el resto de formaciones democráticas que los populares andaluces están intentando relativizar.
El PP nacional votó en contra de la Ley estatal de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con el argumento de que “sólo serviría para reabrir heridas del pasado”. Bajo el Ejecutivo de Rajoy la norma quedó derogada de facto, sin dotación económica en los sucesivos presupuestos generales. Entonces, el PP andaluz se alineó con aquella postura, porque jamás ha sido una agrupación crítica ni discrepante con Madrid, como lo pueda ser el presidente popular extremeño, José Antonio Monago, al que apodan cordialmente “el barón rojo del PP”.
Sin embargo, la actitud de los populares andaluces en el actual debate sobre la futura ley andaluza de Memoria Democrática parece llevar un recorrido distinto. El texto original, pactado en el mandato anterior entre PSOE e IU, ha recibido 98 enmiendas, entre las que destacan algunas propuestas enriquecedoras del PP. Los populares reclaman al Gobierno andaluz la creación por decreto de una “Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, donde sean escuchadas y atendidas”, una medida que las asociaciones memorialistas de Andalucía vienen demandando desde hace años, y que sin embargo el PP de Madrid sí eliminó.
Los populares también aspiran a que la ley andaluza de Memoria no se limite a incluir la Guerra Civil y la Dictadura en el currículum de Secundaria y Bachillerato, y piden que se extienda al temario de Primaria (alumnos de 6 a 13 años), “previo acuerdo con los docentes” (también a la hora de formar al profesorado universitario en la materia). Esta enmienda ha sorprendido a la Junta, toda vez que fue el PP quien promovió una dura batalla política, social y judicial contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, denunciando su “afán adoctrinador”, entre otras cosas, porque abordaba temas “polémicos” como el franquismo.
Pese a la actitud de conciliación de los populares, sus enmiendas también recogen cambios importantes del borrador actual: vacían de contenido el artículo que obliga a los ayuntamientos a retirar símbolos franquistas de espacios públicos y reducen la escala de sanciones que contempla la ley: para las faltas muy graves piden de 5.000 a 40.000 euros (en lugar de 10.000 a 150.000) y para las leves, de 100 a 600 euros (ahora es de 200 a 2.000 euros). El PP también es el único que pide retocar la exposición de motivos de la ley: borran los párrafos que argumentan que el golpe de Estado de Franco “interrumpió el progreso, la España de las autonomías y la reforma agraria, que afectó a Andalucía”. También borran las líneas que hablan del “terror franquista” como “crímenes contra la humanidad”, considerados “imprescriptibles”, así como las líneas que reconocen la labor de la Junta y el Parlamento para indemnizar a las pelonas [en 2010 la Cámara aprobó resarcir a las mujeres que sufrieron la represión franquista sobre su honor, intimidad y propia imagen con 1.800 euros; el PP no quiso votar para “cerrar heridas y evitar enfrentamientos”.
Visita a las fosas del franquismo
El pasado mes de mayo, la consejera Rosa Aguilar invitó a los miembros de la comisión de Cultura del Parlamento que trabajan sobre la futura ley de Memoria a visitar la fosa común del cementerio de Puerto Real (Cádiz), donde han sido exhumados más de 160 cadáveres, torturados y fusilados del franquismo. La de Puerto Real es la segunda fosa común más grande de las más de 600 localizadas en Andalucía, tras el cementerio de San Rafael (Málaga). Todos los cuerpos localizados allí son víctimas de la represión franquista, como las 115.000 personas que yacen en sepulturas ilegales en España. PSOE, PP, IU y Ciudadanos enviaron a sus parlamentarios, Podemos no (se excusaron en que les representaba el alcalde del municipio, Antonio Romero, de Sí Se Puede Puerto Real, que acompañó a la comitiva).
Los diputados tuvieron la oportunidad de escuchar a familiares de las víctimas, que desconocían si sus desaparecidos estaban entre los cuerpos exhumados. El portavoz del PP en la Comisión de Cultura, el veterano Antonio Garrido, aseguró entonces: “Esto me produce un gran dolor. Sacar de las cunetas a las víctimas y enterrarlas es devolverles la dignidad. Debimos hacerlo en los años 80, pero entonces el ruido de sables estaba reciente. Aquí no debe haber lecturas políticas, hacer bandera de una tragedia es una indignidad. Espero que la ley andaluza de Memoria Democrática se apruebe por unanimidad, nadie en el PP está en contra de esta ley y si mi partido hiciera bandera en contra de ella, me avergonzaría”.
Los socialistas confían en la buena sintonía con el resto de formaciones, aseguran que es bueno que la materia de Memoria Histórica haya caído en el ámbito de la Consejería de Cultura, “donde es tradición aprobar las cosas por unanimidad”. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, espera que el Parlamento andaluz sea “la primera Cámara autonómica en aprobar por unanimidad una ley de Memoria”, aunque en Podemos reina el escepticismo, y no se ven votando junto al PP en este asunto.
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