En la Europa de las luces, dominada por el fascismo progre, Madrid se puede dar el lujo de recurrir a sus draconiana legislación para reprimir violentamente los derechos civiles y políticos de los catalanes -y de vascos, galegos, andaluces y canarios-.
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La presidenta del Parlament catalán ha sido imputada por «desobediencia y prevaricación» después de que el TSJC haya aceptado instruir la querella por haber permitido que se votará sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente pese a la prohibición del Tribunal Constitucional español.
Fue el propio Constitucional el que pidió a la Fiscalía que actuase, emitiendo la querella. En un auto, la sala de admisión de la querella, integrada por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, la expresidenta de la institución María Eugenia Alegret y el magistrado Carlos Ramos resuelven admitirla a trámite.
Forcadell tiene ahora tres días para presentar un recurso y a partir de ahí el TSJC deberá fijar un calendario de la fase de instrucción que decidirá si finalmente juzga a la presidenta del Parlament.
La magistrada instructora Maria Eugènia Alegret será la encargada ahora de seguir con la instrucción de la querella, después de considerar el TSJC en un auto que en este estadio «la valoración debe limitarse a un juicio de verosimilitud sobre la calificación delictiva de los hechos denunciados y su presunta atribución al querellado o denunciado». No obstante, matizan que en este momento procesal no pueden ni deben «ofrecerse mayores explicaciones ni probanzas, en tanto la resolución de admisión es precisamente la que abre la investigación judicial».
Según el fiscal superior de Catalunya, Jose María Romero de Tejada,, Forcadell actuó con «una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución» y de los pronunciamientos del Constitucional. «Forcadell impulsó un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia y extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de las que estaban investidos», sostiene la querella.
Todo deriva de la aprobación el 9 de noviembre de 2015 de una resolución sobre el inicio de un proceso de creación del Estado catalán independiente, que el Gobierno español impugnó y finalmente el TC la declaró «inconstitucional y nula en su totalidad».
«Defenderé donde sea que en el Parlament se puede hablar de todo»
Forcadell ha afirmado que comparecerá ante la justicia para defender que en la Cámara «se puede hablar de todo» lo que afecta a los ciudadanos. «Defenderé donde sea que en el Parlament se tiene que poder hablar de todo aquello que afecta a los ciudadanos y ciudadanas. ¡Continuamos trabajando!», ha explicado en un apunte en Twitter.
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