"Vencereís, pero no convencereís" le espetó Miguel de Unamuno a los golpistas el 12 de octubre de 1936, teniendo como escenario el paraninfo de la Universidad de Salamanca.
Pues bien, ni Aznar ni el PP ni sus aliados borbónico franquistas del PSOE están logrando convencer en su particular cruzada en contra de Batasuna.
Esto es lo que nos informa hoy La Jornada con respecto a la Ley de Partidos Políticos, anacrónica herramienta con la que se busca criminalizar e ilegalizar a Batasuna.
Adelante con la lectura:
Crece oposición a la futura ley que ilegalizará a la coalición Batasuna
Presentarán moción de censura en tribunal europeo
Armando G. Tejeda | Corresponsal
A pesar de que la ley es irreversible, dada la aplastante mayoría de los partidos Popular (PP, derecha) y Socialista Obrero Español (PSOE, oposición), diversas organizaciones políticas y sociales manifestaron hoy su oposición a la futura ley de partidos políticos con la que se pretende ilegalizar a la coalición Batasuna, considerada brazo político de ETA.
El acuerdo entre el PP y el PSOE para disolver a Batasuna, que representa a 10 por ciento del electorado vasco, despertó a unas horas de su aprobación un cúmulo de manifestaciones en contra por parte de organizaciones pacifistas, el gobierno vasco y otros partidos políticos de vocación nacionalista que ven en la nueva ley una estrategia encubierta para disolver a toda la disidencia contra el gobierno español, encabezado por el conservador José María Aznar.
El movimiento pacifista Elkarri, que culminará el próximo sábado una etapa de la conferencia de paz que ha impulsado desde junio del año pasado, la cual busca sentar las bases de un proceso de paz al histórico conflicto en el País Vasco, rechazó de forma tajante la violencia de ETA, pero repudió la iniciativa de Aznar al afirmar que "no se puede establecer a priori que hay que ilegalizar a Batasuna, ya que esto altera y modifica una ley que va a afectar a los partidos políticos que se presenten en cualquier parte del Estado, lo que significa una perversión absoluta de los procedimientos democráticos".
A juicio de la organización pacifista, la primera que ha logrado hacer coincidir en un mismo foro a la mayoría del espectro político vasco, con excepción del PP (que acusó a la agrupación de "compartir criterios y estrategias con ETA"), la aprobación de esta normativa tendrá "consecuencias negativas" en el País Vasco, por lo que pidió a los partidos que escuchen "a la ciudadanía vasca que les advierte de los riesgos de la aprobación y que la reconsideren".
Además, el gobierno vasco del presidente nacionalista moderado Juan José Ibarretxe anunció que presentará un informe jurídico en el que se desmantela la argumentación jurídica de la ley, que según él rompe con el consenso de la normativa previa, firmada en 1978 por todos los partidos políticos que participaron en la transición tras la dictadura de Francisco Franco.
El gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco, recalcó que presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una moción de censura a la ley, y aseguró que una larga controversia judicial por esta legislación "lo único que traerá será más violencia en la región".
Asimismo, el vocero de un reducido grupo de nacionalistas catalanes en el Congreso, Carles Bonet, afirmó que "existe un divorcio evidente" entre los votantes socialistas y los dirigentes que refrendarán la ley, al advertir que es "una desgracia para la democracia española" que la ley entre en vigor.
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