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jueves, 23 de mayo de 2002

Derecho a la Autodeterminación

No nos queremos ni imaginar la virulenta reacción por parte de José María Aznar al enterarse de lo que ha delineado el doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón con respecto al derecho a la autodeterminación del pueblo vasco.

Igual y el gran campeón de los derechos humanos Baltasar Garzón termina acusándolo de pertenencia a ETA.

Adelante, lean lo que nos reporta La Jornada:


Se pronuncia redactor de la Constitución española por la autodeterminación de Euskadi

"El futuro del País Vasco debe ser el que sus ciudadanos quieran": Miguel Herrero

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Uno de los responsables de la redacción de la Constitución española de 1978, el doctor en derecho Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, se mostró ayer partidario de plantear la "autodeterminación" en Euskadi, ya "que los derechos humanos dan la palabra al pueblo vasco".

"La España grande sólo puede ser fruto de la libre adhesión de los pueblos que la integran", aseveró el constitucionalista durante una sesión de la Comisión Especial de Autogobierno, en el Parlamento Vasco.

La Cámara vasca celebró ayer una sesión en la que se analizó la propuesta del presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, sobre lo que él define como "un nuevo consenso político" para Euskadi, y en el que pone énfasis en el llamado autogobierno cimentado en el hecho de que se reconozca la existencia del "pueblo vasco o Euskal Herria como sujeto político, como una realidad social y cultural con identidad propia".

Ibarretxe propone también alcanzar los instrumentos políticos de relación entre los "territorios vascos (Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y las localidades vascas del Estado francés)", así como afirmar el "derecho que, como expresión de su nacionalidad, tiene el pueblo vasco a ser consultado para poder decidir libre y democráticamente su propio futuro, respetando la voluntad de la ciudadanía de cada ámbito político y administrativo en el que éste se articula, siendo este derecho elemento fundamental de legitimación social del sistema democrático".

Plantea "renovar y actualizar nuestro actual haber competencial, adecuándolo a los nuevos escenarios económicos y sociales europeos y a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, y articular para ello los procedimientos pertinentes de pacto y de negociación con el Estado", fomentar un "pacto político con el Estado que garantice la presencia directa de Euskadi en Europa y en el mundo" y que se lleve a cabo "una consulta para la libre integración de Euskadi en España", o sea el tan socorrido referéndum de autodeterminación.

Mandatos concretos

Con base en esta propuesta, Herrero y Rodríguez de Miñón, actual presidente del Tribunal Constitucional de Andorra, consideró que "los derechos humanos dan la palabra al pueblo vasco, por tanto, el futuro de Euskadi tiene que ser el que sus propios ciudadanos quieran, no lo que se grite en las calles, sino lo que se vote, con mandatos concretos y en un proceso electoral concreto".

En respuesta a una interpelación de Arnaldo Otegi, líder de la coalición Batasuna, considerada el brazo político de ETA, el jurista añadió que "la experiencia demuestra que los pueblos, formal y directamente consultados, suelen ser más sensatos que muchos dirigentes, por tanto, raramente optan por locuras, sino que intentan mantener los lazos de estabilidad y de integración que les pueden ser beneficiosos".

Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los académicos de más prestigio en este país, apuntó que una condición sine qua non para activar un proceso de consulta al "pueblo vasco" es que desaparezca "definitivamente" la espiral de violencia que azota la región, que tiene como principal responsable a ETA, que desde la ruptura de la tregua ha asesinado a más de 30 personas y cometido unos 60 atentados con coche-bomba.

Por ello, Herrera y Rodríguez de Miñón apostó a plantear la autodeterminación para que el pueblo vasco "decida qué es lo que quiere", pero "esforzarnos" por erradicar la violencia de ETA, "por todos los medios, desde los policiales y judiciales hasta los políticos, ya que mientras exista una situación de violencia el consenso va a ser muy difícil de alcanzar, por no decir imposible".

De su lado, Otegi señaló en una entrevista que, a pesar de las intentonas por ilegalizar a Batasuna, hará "todos los esfuerzos posibles para poder presentarse en las próximas elecciones municipales, para lo que planteará una política clara y profunda".

La inminente disolución en virtud de la nueva ley de partidos políticos promovida por el Ejecutivo español, el conservador José María Aznar, lejos de provocar una claudicación de los principios ideológicos de la formación radical, más bien incentiva los llamados a la movilización.

Esto fue calificado por el líder del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, como el "victimismo" de los líderes abertzales.

Otegi añadió que "los ciudadanos vascos deben tener claro que el objetivo del Estado español es que no estemos en las elecciones, pero lo primero que hacemos es no considerarnos ilegales, porque pensamos que es el apoyo del pueblo el que nos da legitimidad para hacer política, y no las leyes españolas y francesas. Por otro lado, la izquierda abertzale tiene muy claro que hará esfuerzos y planteará de aquí a las elecciones una lucha política clara y profunda para poder asegurar su presencia política en los comicios."

Otegi apeló por último a la ciudadanía vasca para que se organice y responda a lo que él llama "una contraofensiva que está planteando el Estado español".

Mientras, tras el fracaso del último intento de negociaciones entre sindicatos y gobierno, las centrales obreras reiteraron su llamado a una huelga general el 20 de junio, en vísperas de la cumbre europea en Sevilla, la primera que enfrente Aznar.

Los sindicatos se oponen a una ley que el gobierno pretende implementar, aprovechando su mayoría parlamentaria, con la que se quiere, por ejemplo, retirar los subsidios a desempleados que no acepten trabajos en los que el salario es inferior al seguro de paro, o para los cuales tengan que transportarse durante más de hora y media.

El controversial proyecto busca racionalizar los gastos del Instituto Nacional del Desempleo y lograr pleno empleo, según argumentos del gobierno, en un país que detenta actualmente la mayor tasa de desocupación de Europa, pues afecta a 11.5 por ciento de la población económicamente activa. 




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