Madrid busca por todos los medios violentar el panorama político de Euskal Herria y parte de esa estrategia represiva consiste en lanzar acusaciones e iniciar procesos en contra de las personas a las que ellos perciben como líderes en la defensa de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.
A menudo, esos procesos se vienen abajo pues no existen las pruebas y las evidencias necesarias para sustentar la acusación. Pero para cuando eso sucede, el daño ya está hecho.
Como muestra, esta, la enésima vez que se archiva una querella en contra de Arnaldo Otegi, vocero del asediado partido político Batasuna.
Así lo reporta La Jornada:
Archivan querella de la fiscalía española contra el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi
La decisión, "nada que ver" con la posible proscripción de ese partido, dice líder del PP
Armando G. Tejeda | CorresponsalEl Tribunal Supremo español decidió hoy archivar una querella presentada por la Fiscalía del Estado contra el vocero y líder de la coalición Batasuna, Arnaldo Otegi, por haber declarado en un mitin político en abril pasado: Gora Euskadi Ta Askatasuna, palabras que en euskera (el idioma oficial de la región) significan Viva el País Vasco en Libertad y que coincide con las siglas de la organización separatista vasca ETA.
Tanto el gobierno encabezado por el conservador José María Aznar como el gobernante Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) manifestaron, por separado, su respeto a la decisión del máximo tribunal, pero destacaron la necesidad de una pronta aprobación de la nueva Ley de Partidos Políticos, con la que se pretende declarar ilegal a Batasuna.
La máxima instancia judicial consideró que las palabras pronunciadas por Otegi ante miles de personas durante un mitin político realizado en Francia, con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria) no constituyen un delito de terrorismo, y sustentó su tesis en el artículo 578 del Código Penal.
Durante el multitudinario acto, Otegi finalizó su discurso con una serie de reivindicaciones, entre ellas la citada Gora Euskadi Ta Askatasuna, frase utilizada habitualmente por los políticos vascos pero que fue entendida como una "provocación o exaltación" del terrorismo.
El alto tribunal se refirió además a un auto firmado por el Tribunal Constitucional español en 1987, que advierte que "la manifestación pública, en términos de elogio o exaltación de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones delictivas, no puede ser confundida con tales actividades", es decir, el terrorismo.
La institución judicial advirtió que cuando se habla de apología se persigue penalmente un delito, por tanto, esto "no puede ser confundido, pues de no ser así, esto es, si la apología del terrorismo fuera también delito de terrorismo, tendría que ser tratada de igual modo como delito de apología de la apología, lo que conduciría directamente al absurdo".
Pero la querella del Estado se enfrentaba a otro obstáculo, quizá más difícil de superar, el de la transfronterización, es decir, que si Otegi pronunció esas palabras en Francia, hubiera sido prácticamente imposible abrir un proceso judicial en los tribunales españoles en virtud de la independencia y soberanía judicial, incluso a pesar de que los dos países pertenecen a la Unión Europea.
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, dijo que "es una resolución que todos debemos respetar y acatar", aunque agregó que "no tiene nada que ver con mi convicción de lo que es Otegi y la organización a la que representa, integrada en un entramado terrorista".
De su lado, el secretario general del PP, Javier Arenas, dijo que la decisión representa una cuestión "puntual" y no tiene "nada que ver" con la posible proscripción de Batasuna.
El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que respeta la decisión, pero subrayó que la misma no le provocó "entusiasmo".
Mientras tanto, el Congreso español aprobó hoy las enmiendas parciales presentadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Convergencia i Unió (CiU) a la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc por el gobierno español para disolver Batasuna.
Las citadas enmiendas suavizan la rígida ley propuesta por Aznar, si bien mantienen sin variaciones su objetivo, que es la declaración de ilegalidad de la coalición abertzale (nacionalista) que representa a 10 por ciento del electorado vasco.
La sesión parlamentaria acordó incorporar algunas modificaciones, que tienen más que ver con las formas de la citada ilegalidad, por lo que coinciden en que esta es la mejor estrategia para resolver el histórico conflicto vasco, tal como propone el presidente Aznar.
Las enmiendas fueron aprobadas por 90 por ciento del Congreso, si bien cabe destacar que la mayoría de los partidos minoritarios se manifestaron en contra de esta medida, que consideran contraproducente al devenir inmediato del conflicto vasco y de la convivencia social en la región.
El líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, preguntó: "¿por qué el mismo gobierno que dice que la solución es la proscripción de Batasuna nunca ha instado en seis años de mandato al fiscal general a su ilegalización a través del Cógido Penal vigente?".
Y respondió: "Pues porque pretende sacar provecho en términos electorales y aparecer como el único que lucha contra el terrorismo y acusar a las demás formaciones de pusilánimes".
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