Un día después de que 30 mil personas se manifestaran en las calles de Bilbo para poner en claro su rechazo a la Ley de Partidos Políticos con la que José María Aznar busca volver a los tiempos de Francisco Franco criminalizando e ilegalizando un partido político.
Será por eso, por estar por completo distanciado de su propio pueblo que los resultados de Mayor Oreja en las urnas tras el proceso electoral del año pasado fuesen tan pobres.
Eso sí, de los reportes de tortura institucional por parte de Amnistía Internacional y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el muy demócrata Mayor Oreja no se ha pronunciado en lo absoluto.
Adelante con la información que nos provee La Jornada:
Ley para ilegalizar a Batasuna, "medida eficaz para debilitar a los terroristas": Mayor Oreja
Legisladores denuncian presión del gobierno para votar en favor de la iniciativa
Armando G. Tejeda | Corresponsal
Jaime Mayor Oreja, uno de los líderes del Partido Popular (PP, de derecha, en el gobierno) en el País Vasco y uno de los tres delfines del jefe del gobierno español, José María Aznar, defendió hoy las iniciativas llevadas a cabo por la administración para ilegalizar a la coalición de la izquierda separatista radical vasca, Batasuna, considerada brazo político de ETA. El ex ministro del Interior español consideró que el partido político vasco es una "prolongación del miedo y la amenaza" de las actividades violentas de ETA.
Un día después de que más de 30 mil personas se manifestaron en las calles de Bilbao, en protesta por la eventual proscripción de Batasuna mediante la nueva ley de partidos políticos, diseñada por el Ejecutivo español, Mayor Oreja sostuvo que la detención de dirigentes y militantes de Batasuna es "un elemento determinante en el debilitamiento de esa estructura terrorista y una medida eficaz" para su desaparición.
El ex ministro del Interior y ex candidato a presidente del gobierno vasco en los comicios del año pasado afirmó que si un tribunal de justicia aprueba la ilegalización de Batasuna, la ley de reforma de partidos políticos "será una medida eficaz en la finalización de una organización terrorista como ETA".
Para Mayor Oreja, la iniciativa "es justa, democrática y absolutamente respetuosa del espíritu y contenido de la Constitución", a pesar de las reiteradas críticas a la norma, formuladas por las demás organizaciones políticas y asociaciones de fiscales y jueces, que ven en la nueva ley de partidos una vuelta atrás a la ilegalización de las "ideas", premisa difícil de encajar en los preceptos "constitucionales".
Mientras tanto, los nacionalistas catalanes denunciaron presiones por parte del gobierno central y de sus socios parlamentarios para votar en favor de la polémica ley, que podría aprobarse este mismo mes en el Congreso español.
Aznar, "con clara tendencia a emplear métodos impositivos": Arzalluz
A su vez, el dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional, nacionalistas moderados), Xabier Arzalluz, consideró que el Ejecutivo español tiene "una clara tendencia a los métodos impositivos y a las soluciones de fuerza, con negación del diálogo, mentira sistemática y uso del libelo. No son índices de salud política y económica, ya que por ese camino veremos inexorablemente cómo lo que parecía sólido se resquebraja".
En otro asunto, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dejó hoy en libertad, tras pagar una fianza de 10 mil dólares, a Mikel Novoa, un joven de 18 años detenido el pasado viernes en Rentería por su presunta implicación en un acto de sabotaje. Novoa fue detenido junto con otros tres menores de edad.
En París trascendió que el presunto etarra Xabier Abaunza Matínez fue detenido en la occidental localidad francesa de Niort.
Asimismo, la organización pacifista Gesto por la Paz reclamó la puesta en marcha de un sistema de control y garantía, que evite "situaciones de impunidad" en los reiterados casos denunciados por torturas y maltratos físicos en las comisarías españolas.
La asociación pidió a "los implicados en la lucha antiterrorista que manifiesten, sin dejar lugar a dudas, su repudio y condena a toda práctica que vulnere los derechos de las personas detenidas", al tiempo que reclamó a los órganos judiciales que actúen con la "diligencia necesaria ante el aumento de las denuncias de este tipo de delitos que se han producido recientemente", como los registrados por la Comisión contra la Tortura de la ONU y la prestigiosa organización no gubernamental Amnistía Internacional.
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