Hace unos días el pepero Pablo Casado, quien al más puro estilo de la mafia - lo denunció tal cual el senador por EH Bildu Jon Iñarritu - ha amenazado a Carles Puigdemont y a Roger Torrent, se desgarraba las vestiduras en contra del BDS y en favor de Israel utilizando como pretexto el aniversario de la liberación de Auschwitz por parte del Ejército Soviético, fecha que se considera como Día de Remembranza del Holocausto.
Claro, como ya lo hemos señalado oportunamente, a Pablo Casado se le olvidó convenientemente que el partido político al que pertenece es el heredero directo del régimen que se construyó sobre los miles de muertos que dejó una insurrección militar respaldada por El Vaticano, Adolph Hitler - sí, el mismo, el del Holocausto - y Benito Mussolini.
Se olvidó también que en pago, Madrid envió a la División Azul a luchar al lado de los ejércitos alemanes que penetraron en territorio soviético, donde serían aniquilados por el heroico pueblo ruso.
Así que resulta que mantener viva la herencia ideológica de los mismos fascistas que causaron la mayor conflagración bélica del siglo pasado y de sus herederos es una ofensa para todas las víctimas del nazismo, incluidos los seis millones de judíos que perdieron la vida durante la misma, pequeño detalle que obviamente la colonialista y genocida Tel Aviv parece haber olvidado, oportunamente.
Los que no lo podemos olvidar somos los descendientes de quienes vieron completamente destruidas a Otxandiano, Durango y Gernika, los que durante más de ochenta años hemos sufrido la vileza de un régimen mortíferamente retrógrada que en 1978 cambio de piel.
Dicho lo anterior y estando de moda el tema de la legaliada, ilegalidad o alegalidad de los referendums, les compartimos esta denuncia dada a conocer en las páginas de Público:
El PP de Córdoba impulsa un referéndum para salvar cinco calles franquistas
Los populares recogen firmas de los cordobeses para impedir que el Ayuntamiento cambie el nomenclátor de la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria. Denuncian que "reabrirá heridas"
Daniel Cela
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitó el domingo pasado Córdoba, donde anunció un endurecimiento de la prisión permanente revisable y volvió a aprovechar para lanzar duros ataques contra Ciudadanos. Esta vez fue una visita más pausada que la del fin de semana anterior en Sevilla. Rajoy tuvo tiempo de pasear por la ciudad, presenciar una procesión religiosa y departir con el grupo municipal del PP, que pasó de la Alcaldía a la oposición en las últimas elecciones municipales.
Así se enteró el presidente de que su partido en el Ayuntamiento de Córdoba ha llevado una propuesta al Pleno para convocar una consulta popular que pregunte a los cordobeses si apoyan el cambio de nombre de 15 calles de la capital en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Los populares rechazan la modificación de cinco de esas avenidas porque, dicen, "enfrentará a los cordobeses y reabrirá heridas".
La propuesta no salió adelante —fue tumbada por PSOE, IU y la marca afín a Podemos (C’s se abstuvo)—, pero los populares decidieron movilizarse fuera del Consistorio para frenar la iniciativa. Esta semana iniciarán una recogida de firmas —en la calle y a través de change.org— para evitar que el Ayuntamiento altere el nomenclátor de la ciudad, cambiando el nombre de 15 calles, entre ellas las de cinco militares que participaron en el golpe de Estado contra el Gobierno de la República. Se trata de las calles Cruz Conde, Conde de Vallellano, Cañero, Cronista Rey Díaz y José María Pemán. La Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y su homónima andaluza, que tiene apenas un año de vida, obligan a retirar la simbología franquista de los espacios públicos, incluyendo el callejero de municipios y ciudades.
El portavoz del PP en el Consistorio de Córdoba, José María Bellido, se ha opuesto frontalmente a este artículo de la ley, cree que es "un error histórico, que no tiene sentido jurídico ni histórico ni social", y sobre todo, "porque hay una mayoría social cordobesa muy amplia que no quiere cambiar los nombres de sus calles".
El PP ha montado unos stands en las calles avenidas de Córdoba para recoger firmas de los ciudadanos —también a través de la plataforma change.org— ambas con el lema #Nometoqueslascalles (en este momento reúnen casi mil rúbricas). Su intención es que la presión ciudadana obligue al Gobierno local a reconsiderar una opción que ya ha rechazado, a saber, someter a una consulta popular el cambio de nombre de estas calles. La alcaldesa socialista Isabel Ambrosio ya ha avanzado que no aceptará presiones de ningún tipo, que la propuesta del PP ya fue debatida y rechazada en el Pleno, y que el cumplimiento de la Ley de Memoria ni de ningún otra se somete a votación popular.
Callejero franquista no; exhumaciones sí
La modificación del nomenclátor de Córdoba aún no ha tenido lugar. La propuesta se debatirá y votará en el Pleno municipal del martes que viene, y previsiblemente será aprobada con la abstención del PP. Los populares presentarán enmiendas para "salvar" cinco de las 15 calles señaladas, todas ellas con alguna reminiscencia o vínculo con el franquismo.
La Ley andaluza de Memoria Histórica fue aprobada en el Parlamento sin ningún voto en contra: el PP se abstuvo. Los populares también han apoyado muchos puntos del dictamen de la Comisión Municipal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo el relativo a la exhumación de las fosas comunes, uno de los aspectos capitales de la ley.
En este foro, los grupos municipales se sientan con las asociaciones memorialistas, ONGs, académicos y representantes de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. El dictamen sobre Memoria se votó en la comisión de Presidencia y salió adelante por mayoría. Los populares pidieron que se votase por separado, para apoyar el capítulo de la exhumación de fosas y vetar los cambios en el callejero, pero el PSOE se negó a trocear la votación.
La avenida cordobesa Cruz Conde lleva este nombre desde 1928, ocho años antes del golpe de Estado de Franco, pero recuerda a un militar fascista y ex alcalde de Córdoba que fue arrestado por las autoridades en 1932 por su participación en el fallido golpe de Estado del general José Sanjurjo contra el Gobierno de la Segunda República. Aquel incidente se conoce como La Sanjurjada, y los historiadores sitúan a Cruz Conde en el epicentro del levantamiento militar en Córdoba.
Otra de las calles que será rebautizada es Conde de Vallellano, que recuerda a un ministro de Obras Públicas durante la dictadura de Franco: Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano. Hay avenidas con el mismo nombre en Madrid —donde la alcaldesa, Manuela Carmena, la ha mantenido— y en Burgos, Palencia, Alicante y Tarragona, donde han sido modificadas en virtud de la Ley de Memoria. En el caso de Alicante y Palencia, gobernadas por alcaldes del PP, ambos fueron obligados a cambiarles el nombre por orden judicial, después de que una sentencia obligara al Gobierno municipal a cumplir la legislación vigente.
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