Entrevista a Juan Mari Atutxa

Ya entrados en el tema del lijado y limado de las competencias de los gobiernos autonómicos por parte del proyecto recentralizador del régimen españistaní, pues que mejor que volver atrás unos cuantos años para así recuperar la memoria.

Expresado lo anterior, les compartimos esta entrevista a Juan Mari Atutxa dada a conocer por Deia:

Juan Mari Atutxa: “El Parlament, como hicimos nosotros, debe restituir su dignidad pisoteada y también reconducir la situación”

Juan Mari Atutxa (Areatza, 1941) está alejado de la política activa y es muy reacio a pronunciarse sobre asuntos de actualidad. Sin ‘paralelismos’, ve con preocupación y cercanía los acontecimientos que están teniendo lugar en Catalunya

Enrique Santarén

Siendo presidente del Parlamento Vasco, Juan Mari Atutxa recibió un requerimiento del Tribunal Supremo que le obligaba a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de las organizaciones de la izquierda abertzale, una cuestión que no estaba contemplada en el reglamento de la Cámara de Gasteiz y, en consecuencia, no se podía llevar a cabo. Junto con los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, se opuso al requerimiento, fue juzgado dos veces y absuelto, pero el Tribunal Supremo le condenó por desobediencia. Sufrió, según reconoce, un calvario de acusaciones e insultos por salvaguardar la dignidad del Parlamento Vasco. Hace ocho meses (junio de 2017), el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le dio finalmente la razón y condenó a España por no haber garantizado un juicio justo. Más de una década después, un tribunal vuelve a ordenar a un Parlamento -en este caso, el catalán- cómo debe funcionar y le impone condiciones sobre su actuación. Atutxa niega que sean situaciones paralelas, pero sí ve una clara intromisión en la independencia del legislativo.

¿Qué similitudes y diferencias hay entre lo que está sucediendo en el Parlament de Catalunya y lo que ocurrió en Euskadi con el llamado ‘caso Atutxa’?

-Yo siempre he tenido claro que cuando te integras en una formación política que te elige para un cargo público, tú te debes primero a la ciudadanía pero, al mismo tiempo, de reojo tienes que mirar al proyecto en el que estás inmerso. La militancia no te obliga a hacer todo lo que tu partido te dice, ni debes hacer nada que el partido te haya dicho que no hagas. En nuestro caso, cada Parlamento tiene su reglamento, que tiene rango de ley. Y ese reglamento contempla todo lo que debe ser el discurrir de la Cámara. Se contempla la conformación de grupos parlamentarios, qué número mínimo debe haber para conformarlos y también por qué razones un grupo puede y debe ser disuelto. Está todo tasado. Pero el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, emitió un auto ordenando la disolución de un grupo parlamentario que originariamente venía de las listas de Sozialista Abertzaleak, que había sido ilegalizado. Nosotros lo analizamos muy concienzudamente con los servicios jurídicos de la Cámara y eran contundentes: no cabe la disolución en nuestro reglamento.

En esa situación, ¿qué cabe hacer?

-Si en tu reglamento no cabe, tienes dos opciones. Una, decir a quien te ha dado la instrucción que no lo puedes hacer. Otra, modificar el reglamento. Y en el propio reglamento está tasado cómo proceder para cambiarlo. Lo mismo pasó en Nafarroa; tampoco cabía, pero se planteó la modificación puntual del reglamento y mayoritariamente se aprobó y procedió a la disolución del grupo. Perfecto. Yo llevé a la Junta de portavoces la propuesta de modificación del reglamento y la mayoría dijo que no. Le respondí a Hernando que no es que fuera desobediente, es que no lo podía hacer y que tenía que haberse leído un par de veces más nuestro reglamento para ver que si hacía lo que me pedía, yo pisoteaba mi ley.

¿Y el caso de Catalunya?

-El tema en Catalunya es distinto. Al Parlament le han dicho no haga usted esto porque no cabe ni en su propio reglamento. Y Catalunya, que yo deseo lo mejor para los catalanes, ha tirado por la calle del medio y después de los plenos del 6 y 7 de septiembre ha procedido como lo ha hecho. Sí quiero recalcar que no son situaciones parejas, no se parecen como dos gotas de agua.

Pero sí hay en común que en ambos casos una instancia judicial exige al Parlamento que actúe de determinada manera. Eso se interpreta como una interferencia del poder judicial en el legislativo.

-En eso sí se parecen, sin duda alguna. Lo que ha habido es una intromisión de la justicia en la capacidad autoorganizativa del Parlament en determinadas cuestiones. En otras, no. Lo mismo que yo decía que no lo puedo hacer, también un tribunal te puede decir: eso no lo podías hacer y lo hiciste. Nosotros no lo hicimos porque no cabía, pero según los tribunales, el Parlament sí ha hecho lo que, según su criterio, no cabía en el reglamento. Luego ha habido posicionamientos del Constitucional que se meten como elefante en cacharrería en la capacidad autoorganizativa del Parlament. Eso es evidente. Y de atropellos de la justicia sabemos mucho nosotros, pero en el caso catalán también ha habido una intromisión clarísima en capacidades que le son propias al Parlament.

¿El hecho de que algo no esté previsto en el reglamento significa que no se puede hacer?

-No, porque todo no puede estar contemplado. Tiene que haber un margen de interpretación del propio Parlamento. Pero también se da la siguiente circunstancia. En nuestro caso, los servicios jurídicos de la Cámara decían por unanimidad que debíamos hacer lo que hicimos. Y todos éramos conscientes del riesgo. En Catalunya, los servicios jurídicos han dicho en varias ocasiones lo contrario de lo que el Parlament hizo con posterioridad. No es que no se pueda hacer lo que no está expresamente contemplado en el reglamento.

El último choque ha sido el veto a la candidatura de Carles Puigdemont. ¿Es posible que un tribunal de justicia ‘ilegalice’ de facto a un candidato que aún no está condenado ni, por tanto, inhabilitado?

-Aun cuando el señor Puigdemont se encuentra en situación verdaderamente excepcional, en Bruselas, no está privado de sus derechos. En este caso concreto, Puigdemont está en posesión de todos los derechos, solo que todos somos conscientes de que en el momento en que ponga un pie en suelo peninsular lo van a detener. Que se diga que no puede ser elegido me parece otra pasada. Ahora bien, pensar que se puede hacer la investidura por plasma, eso ya no me gusta, porque si algo hay que hacer es respetar la dignidad de nuestras propias instituciones.

Usted ha sido representante máximo de una institución. ¿Qué supone para un órgano que representa la soberanía popular que un tribunal le diga lo que puede o no puede hacer?

-En determinadas cuestiones es un atropello. Yo me sentí atropellado, pero satisfecho con mi propia conciencia porque no me dejé pisotear. Me pisaron, es cierto. Pero al final salimos airosos con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Se siente uno verdaderamente ofendido. Yo he dicho más de una vez que el Parlamento Vasco es un parlamento pequeño. El Congreso de los Diputados, el Senado son grandes. Pero, como las personas, que unas miden más y otras menos, merecen el mismo respeto. Tienen la misma dignidad. Y con nosotros se pretendió vulnerar nuestra dignidad. Al final les volvió el golpe, como un efecto bumerán.

¿Y cómo se consigue?

-Nosotros solo buscábamos restituir la dignidad. Y eso es lo que debe hacerse también desde el Parlament catalán en aquellos aspectos en que ha sido pisoteado. Nunca debe permitirse que se pisotee algo que estás representando como presidente, pero tampoco adentrarte en hacer cosas que tus propios servicios jurídicos te están diciendo que no se pueden hacer.

¿Qué salidas tiene entonces el presidente del Parlament, Roger Torrent?

-Solamente actuar con firmeza, con lealtad, manteniendo la dignidad del Parlament. De seres humanos es también cometer errores, y hay que reconducir la situación. Tiene que ser reconducida. Es verdaderamente penoso ver cómo se encuentra la institución parlamentaria, el propio Govern de Catalunya. Algo que hace un par de años ni nos hubiésemos imaginado siquiera.

Usted también fue consejero de Interior, máximo responsable de la Policía vasca. ¿Qué significaría que en aplicación del artículo 155 esa Policía, esa Consejería, todo el Gobierno estuviera, como en Catalunya ahora, dirigido desde Madrid?

-Madrid, que dirija sus propios cuerpos policiales. Yo siempre diré que si a mí se me hubiese dado como consejero de Interior la circunstancia de que me viene caído “del cielo” un mando de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a hacerse cargo de la dirección de nuestra Policía, que ha sido parida desde la voluntad de este pueblo, yo me habría echado a llorar. No hubiese cabido eso dentro de mí. Sin ningún ánimo de desprecio a nadie. No se puede tirar por la borda todo eso. A mí me da pena.

Eso es lo que está pasando en Catalunya.

-Eso es lo que está pasando en Catalunya, es así de claro. Las directrices de aquella Policía no las están dando los mandos naturales, ni siquiera un conseller, sino otros responsables políticos y profesionales.

Usted fue inhabilitado. Los representantes catalanes se exponen también a penas de inhabilitación. ¿Qué supone eso?

-Yo fui inhabilitado, pero antes había renunciado incluso como parlamentario. A mí no me ha movido en ningún momento ni el más mínimo temor a ser inhabilitado. Yo tenía claro que nos habíamos adentrado en un carril en el que había cocodrilos que te mordían por todo el cuerpo. Y éramos conscientes de que todas esas tropelías se estaban cometiendo y seguirían cometiéndose, pero estábamos esperanzados de que habría al final un tribunal que nos diese la razón. La inhabilitación nunca me preocupó, entre otras razones porque siempre he tenido claro que cuando uno se adentra en la política tiene que tener garantizado el retorno. Cuando nos condenaron le dije a mi mujer: tienes un marido condenado. Y me contestó: siendo por esta razón, me siento orgullosa. Me quedo con esto, la inhabilitación me importa un pimiento.

Pero en este caso también se exponen a penas de cárcel.

-Fíjese hasta qué punto estaba yo convencido de mi inocencia que formulé una pregunta para la que ya sabía la respuesta. Cuando me impusieron 18.000 euros de multa, pregunté al abogado si había algún resquicio para no pagar la multa y aceptar los tres meses de prisión que figuraban como alternativa en la sentencia. Pero para eso tienes que ser insolvente y, si no, te embargan. Le pedí que buscara algún resquicio, porque estaba tan convencido, tan tranquilo de que no había cometido delito alguno, que estaba dispuesto a no pagar aunque tuviera que ir a la cárcel.

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