Solidaridad con La Jornada

Ayer en su Editorial, el diario La Jornada denunciaba la aberrante decisión por parte de un servidor público de torcer la ley para satisfacer así las exigencias de los medios de comunicación masiva al servicio de la extrema derecha (tanto mexicana como española). Hoy en el Correo Ilustrado de este mismo rotativo publican un par de cartas de apoyo y solidaridad así como rechazo al tal servidor público, el juez de apellidos vascos Zaldivar Lelo de Larrea:

Piden a la Corte obrar con apego a la justicia

En relación con el texto calumnioso publicado en 2004 por Letras Libres contra La Jornada, en el que se le acusaba del "ser cómplice" de ETA, al tener conocimiento de que en su proyecto de resolución el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea pretende trivializar el hecho calificándolo sólo de "exageración", apelamos a una sana interpretación de la ley y del sentido de justicia por parte de la sala de la SCJN para que en asuntos tan delicados como una presunta "complicidad" en delitos tan graves como el terrorismo no se permita hacer acusaciones gratuitas y sin pruebas –pues la calumnia es un delito– y menos aún se alienten conductas que no deben quedar en la impunidad.

Por el posgrado en derechos humanos de la UACM, José Enrique González Ruiz, Eduardo Correa, Hassan Dalban, Carlos Fazio, Camilo Pérez Bustillo, Rubén García Clark y Óscar González

Demanda no cohonestar la difamación

Coincido con la crítica de su editorial al proyecto de resolución del ministro de la Corte. La libertad de expresión es un derecho que no puede desconocerse, pero sí puede la Corte impedir la violación a los derechos al honor, como acto abusivo de cualquiera. Es aberrante justificar una acusación pública no probada, con el sofisma de que su fin es causar impacto entre los lectores. Nada que sea injusto, difamatorio, puede ser necesario para el derecho. El derecho nunca puede postrarse ante la lógica del mercado, que sacrifica todo en aras del lucro. El grado de detrimento del derecho fundamental al honor es gravísimo en este caso, frente a la levedad de una supuesta inhibición del debate público por una eventual condena de la Corte –por violarse el derecho a la reputación–. El principio de ponderación exige argumentos racionales en la búsqueda del juicio justo. Debe prevalecer el derecho al honor gravemente afectado frente al abuso de un derecho que vulnera la justicia y la paz.

Mauro González Luna M.

Recordemos que todo este asunto se suscitó cuando el juez clown Baltasar Garzón demostró con total desfachatez a los mexicanos que la soberanía de esa nación iberoamericana está supeditada a los designios de la corona borbónico franquista, pues el Cid Encausador violentó los derechos constitucionales de los seis presos políticos vascos al intentar interrogarlos en el interior del Reclusorio Norte como ya había hecho un día antes con los tres mexicanos imputados en el caso, amparado por el contubernio del ahora extinto José Luis Santiago Vasconcelos.

Y una vez más, citando a Doña Rosario Ibarra de Piedra, le recordamos a Zaldívar Lelo de Larrea que según los que pululan en las cloacas de la fachongada, todo mexicano con apellido vasco es "sospechoso de pertenecer a ETA.

 

 

 

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